El abuso de autoridad en los movimientos se entiende como el ejercicio ilegítimo o excesivo del poder por parte de responsables espirituales o líderes de grupos, que priorizan el control personal sobre el bien común de la comunidad. En el marco católico, este abuso no solo implica violaciones éticas, sino también desviaciones doctrinales que socavan la unidad de la Iglesia. Según las orientaciones eclesiales, tales prácticas surgen cuando se confunde la autoridad legítima —derivada de Cristo y delegada por la jerarquía— con un dominio autoritario que ignora la colegialidad y el discernimiento comunitario.1
Históricamente, este problema ha acompañado la vida de la Iglesia desde sus inicios, pero se ha intensificado en la era moderna con el auge de los nuevos movimientos religiosos y sectas. En el siglo XX, el Concilio Vaticano II alertó sobre las innovaciones imprudentes que podrían comprometer la pureza del culto divino, estableciendo mecanismos de control para prevenir abusos.2 En contextos contemporáneos, como el de América Latina o Europa, el abuso se manifiesta en grupos que explotan la espiritualidad popular, mezclándola con elementos sincretistas o proselitistas agresivos, lo que genera confusión doctrinal y vulnerabilidad entre los fieles, especialmente los más débiles social o psicológicamente.3,4
La globalización y la migración han exacerbado este fenómeno, facilitando la difusión de movimientos que operan al margen de la supervisión diocesana. La Iglesia reconoce que, aunque muchos movimientos aportan vitalidad espiritual, el riesgo de abuso radica en su potencial para crear estructuras cerradas, donde el líder se erige en figura infalible, alejada de la accountability eclesial.
