La Iglesia frente al capitalismo

La palabra capitalismo designa, en sentido económico, un sistema caracterizado por la propiedad privada de una parte significativa de los medios de producción, la inversión de capital, la coordinación mediante el mercado, la contratación laboral y la búsqueda de beneficio. El término también puede utilizarse en sentido político y cultural para describir una sociedad que concede una importancia central a la acumulación de riqueza, la competencia y el crecimiento económico.

Esta pluralidad de significados resulta decisiva para comprender la posición católica. La Iglesia no juzga únicamente una estructura jurídica -por ejemplo, la existencia de propiedad privada o de mercados-, sino también:

• la concepción del ser humano que inspira el sistema;
• la finalidad atribuida a la actividad económica;
• la distribución de los bienes y de las oportunidades;
• la protección de los trabajadores;
• la relación entre libertad económica y responsabilidad moral;
• el grado de subordinación de la economía al bien común.

Juan Pablo II distinguió expresamente entre un sistema económico que reconoce la empresa, el mercado, la propiedad privada y la creatividad humana, y una forma ideológica de capitalismo que deja la libertad económica sin un marco jurídico y moral orientado al bien integral de la persona. A la primera realidad prefirió denominarla, en determinados contextos, economía de empresa, economía de mercado o economía libre.¹

La persona como sujeto de la economía

La doctrina social católica considera a la persona humana el sujeto, fundamento y fin de la vida económica. La economía existe para las personas y no las personas para la economía. Por ello, las decisiones empresariales, financieras y políticas deben respetar la libertad, la responsabilidad, la dimensión social y la vocación trascendente de cada ser humano.

La crítica católica al capitalismo no deriva simplemente de la existencia de desigualdades materiales. También alcanza a la antropología económica que reduce a la persona a productora, consumidora, inversora o titular de preferencias. Esa reducción transforma una dimensión real de la vida humana -su actividad económica- en una definición total de la persona.

La antropología cristiana entiende al ser humano como criatura hecha a imagen de Dios, dotada de inteligencia y libertad, herida por el pecado y llamada a la comunión con Dios y con los demás. La correcta formulación de la justicia social y de los derechos humanos depende de esta comprensión de la persona.²

La persona posee una dignidad propia, pero también una vocación relacional. La tradición tomista vincula la imagen de Dios no sólo con la excelencia de la naturaleza racional individual, sino también con la capacidad de hacer el bien a otros. De esta doble dimensión nace la dignidad del individuo y del orden social.³

Crítica a la antropología capitalista

La Iglesia no sostiene que todo empresario, inversor o consumidor actúe por egoísmo, ni afirma que toda búsqueda de beneficio constituya una falta moral. La crítica se dirige a la antropología economicista: la visión que interpreta al ser humano como un individuo aislado, guiado principalmente por el interés propio y orientado a maximizar riqueza o satisfacción.

Esta antropología puede manifestarse en varias formas:

• identificación de la libertad con la capacidad de comprar, vender o contratar sin límites;
• subordinación de la dignidad laboral a la rentabilidad;
• consideración de los pobres como obstáculos para el crecimiento;
• valoración de las personas según su productividad o poder adquisitivo;
• reducción del bien común a la suma de intereses privados;
• transformación del consumo en medida del éxito personal;
• confianza absoluta en mecanismos económicos desvinculados de la moral.

Benedicto XVI explicó que el desarrollo auténtico exige una visión trascendente de la persona. Sin Dios, el progreso corre el riesgo de convertirse en un proyecto de autosalvación humana y de producir formas deshumanizadas de desarrollo.⁴

La Iglesia reconoce la legitimidad de la propiedad privada. La propiedad puede favorecer la libertad, la responsabilidad, la estabilidad familiar, la iniciativa económica y la participación social. También protege a la persona frente a una dependencia absoluta de la autoridad política o de una estructura colectiva.

Juan Pablo II afirmó que la posibilidad de poseer algo como propio y de ganarse la vida mediante la iniciativa personal ayuda a reconocer la dignidad y la responsabilidad de la persona. La doctrina social católica, además, valora la autonomía de los grupos intermedios -la familia, las asociaciones económicas, sociales, políticas y culturales- frente a la absorción de toda la vida social por el Estado.⁵

Sin embargo, la propiedad privada no constituye un derecho absoluto desligado del bien común. La tradición cristiana enseña el destino universal de los bienes: Dios destinó la tierra y sus recursos a todos los seres humanos. La propiedad concede facultades legítimas de administración y uso, pero no autoriza a excluir arbitrariamente a los demás de los bienes necesarios para vivir.

Esta doctrina establece una tensión fecunda:

• la propiedad privada protege la libertad y la responsabilidad;
• el destino universal de los bienes recuerda que toda propiedad posee una función social;
• la justicia exige que nadie utilice sus bienes de manera contraria a las necesidades fundamentales de otros;
• la autoridad pública puede establecer normas para impedir abusos y garantizar el bien común.

La Iglesia, por tanto, rechaza tanto la abolición indiscriminada de la propiedad privada como su absolutización. Juan Pablo II vinculó la propiedad con la responsabilidad sobre los medios de producción y rechazó el capitalismo que confía ciegamente la solución de los problemas sociales al libre desarrollo de las fuerzas del mercado.¹

Valor positivo del mercado

El mercado puede coordinar conocimientos dispersos, facilitar el intercambio, estimular la innovación y permitir que las personas ejerzan su iniciativa. La libertad económica forma parte de la libertad humana, siempre que respete la verdad sobre la persona y permanezca integrada en el orden moral y jurídico.

La Iglesia no exige que toda actividad económica quede directamente dirigida por el Estado. La iniciativa privada, la empresa y la competencia pueden producir bienes y servicios útiles, crear empleo y contribuir al desarrollo de las comunidades.

La actividad empresarial posee una dimensión moral porque organiza el trabajo de personas, utiliza recursos naturales, afecta a consumidores y participa en la configuración de la sociedad. El empresario no responde sólo ante los propietarios del capital, sino también ante los trabajadores, sus familias, los consumidores, las comunidades y las generaciones futuras.

Límites del mercado

El mercado no puede resolver por sí solo todas las necesidades humanas. Hay bienes que no deben quedar sometidos exclusivamente a la capacidad de pago: la vida, la dignidad, determinados servicios sanitarios, la educación básica, la justicia, la seguridad y la protección de quienes carecen de recursos.

La doctrina social rechaza la idea de que cualquier resultado producido por el mercado sea justo por el mero hecho de proceder de intercambios formalmente libres. Una relación contractual puede cumplir las normas civiles y resultar, al mismo tiempo, profundamente injusta si una parte acepta condiciones abusivas por encontrarse en una situación de necesidad extrema.

La economía necesita:

• un marco jurídico que proteja los derechos;
• instituciones capaces de limitar los monopolios y la corrupción;
• políticas que garanticen la inclusión social;
• condiciones laborales dignas;
• sistemas fiscales orientados al bien común;
• responsabilidad ética de empresas y consumidores;
• solidaridad con quienes quedan fuera de los circuitos económicos.

Juan Pablo II advirtió que el capitalismo ideológico puede negar la existencia de la marginación, la explotación y la alienación, confiando de forma ciega en las fuerzas del mercado. El fracaso del comunismo no elimina las injusticias producidas por otras estructuras económicas.¹

Primacía del trabajo sobre el capital

La doctrina social católica concede una prioridad antropológica al trabajo sobre el capital. El capital constituye un conjunto de recursos, bienes, instrumentos y conocimientos acumulados. El trabajo, en cambio, procede de una persona que actúa conscientemente, desarrolla sus capacidades y contribuye al bien de otros.

Esta prioridad no significa que el capital carezca de valor ni que el trabajador pueda ignorar la necesidad de inversión, organización o productividad. Significa que los instrumentos económicos deben permanecer subordinados a la persona que trabaja. El trabajador nunca puede convertirse en una simple pieza reemplazable dentro de una maquinaria productiva.

La justicia laboral comprende:

• salario suficiente para una vida digna;
• descanso y protección frente a jornadas abusivas;
• seguridad y salud en el trabajo;
• libertad de asociación;
• participación responsable;
• protección frente a la discriminación;
• conciliación entre trabajo y vida familiar;
• atención a quienes carecen de empleo.

El desempleo no constituye únicamente una dificultad económica. También puede privar a la persona de participación social, reconocimiento, estabilidad familiar y desarrollo de sus capacidades.

Beneficio y responsabilidad

La Iglesia no condena el beneficio empresarial. El beneficio puede indicar que una empresa ha utilizado eficazmente sus recursos y ha respondido a necesidades reales. Pero el beneficio no representa el único criterio de éxito.

Una empresa fracasa moralmente cuando obtiene rentabilidad mediante:

• salarios injustos;
• explotación de menores o personas vulnerables;
• corrupción;
• evasión de responsabilidades legales;
• destrucción irresponsable del medio ambiente;
• manipulación del consumidor;
• especulación perjudicial;
• endeudamiento abusivo;
• traslado de costes sociales a la comunidad.

La rentabilidad legítima debe integrarse en una concepción más amplia de la empresa como comunidad de personas y como institución al servicio de la sociedad.

El bien común no equivale a la suma de beneficios privados ni a la utilidad de la mayoría. Consiste en el conjunto de condiciones sociales que permiten a las personas y a los grupos alcanzar su perfección de manera más plena.

Las sociedades poseen una unidad propia, distinta de una simple suma de individuos. Sus miembros participan en un bien común que pertenece a todos sin convertirse por ello en propiedad privada de cada uno. La justicia social exige ordenar las acciones personales y las instituciones hacia ese bien compartido.⁶

Aplicado a la economía, el bien común exige valorar:

• la creación de riqueza;
• su distribución justa;
• la estabilidad de las familias;
• el acceso a la vivienda;
• la calidad del empleo;
• la atención a los pobres;
• la cohesión social;
• la paz;
• la protección de la naturaleza;
• la libertad religiosa y cultural.

Una economía puede crecer y, sin embargo, perjudicar el bien común si concentra excesivamente la riqueza, excluye a sectores enteros de la población o deteriora las relaciones humanas.

Solidaridad

La solidaridad expresa la responsabilidad mutua entre personas, familias, empresas, comunidades y pueblos. No se reduce a la compasión privada ni a la asistencia ocasional. También reclama transformar estructuras que producen exclusión y crear instituciones capaces de proteger los derechos.

En el ámbito económico, la solidaridad pide:

• priorizar las necesidades de los pobres;
• compartir cargas en tiempos de crisis;
• evitar que los costes recaigan siempre sobre los más débiles;
• favorecer la cooperación entre trabajadores y empresarios;
• promover relaciones económicas justas entre países;
• sostener servicios sociales esenciales.

La solidaridad no elimina la responsabilidad personal. Una sociedad justa necesita tanto iniciativas libres como mecanismos de cooperación. El desarrollo integral exige que todos asuman libremente responsabilidades en solidaridad, porque ninguna institución puede producir por sí sola la maduración humana.⁴

Subsidiariedad

La subsidiariedad protege la autonomía de las personas y de las comunidades menores. Las instancias superiores -el Estado, las organizaciones internacionales o las grandes empresas- no deben absorber las funciones que pueden realizar las familias, las asociaciones locales, las cooperativas o las comunidades profesionales.

Al mismo tiempo, la subsidiariedad no significa abandono de los débiles. Una autoridad superior debe intervenir cuando una comunidad inferior carece de capacidad para cumplir una función necesaria. Esa intervención debe ayudar, coordinar y fortalecer, no sustituir innecesariamente.

La doctrina social contempla una sociedad plural formada por numerosos grupos intermedios. La familia, las asociaciones económicas, las organizaciones culturales y las instituciones políticas poseen una autonomía propia orientada al bien común.⁵

De la prosperidad material al desarrollo humano

Durante la segunda mitad del siglo XX, el pensamiento social católico amplió progresivamente el concepto de desarrollo. La prosperidad material dejó de considerarse una medida suficiente del progreso. La Iglesia empezó a insistir con mayor claridad en que el desarrollo debía abarcar a toda la persona y a todas las personas.

La encíclica Populorum progressio, publicada por Pablo VI en 1967, articuló esta perspectiva en torno al desarrollo integral. La idea central sostiene que el auténtico progreso no consiste sólo en aumentar la producción o la renta, sino en promover el bien de cada persona y de toda la persona.

Benedicto XVI resumió esta doctrina mediante una fórmula de Pablo VI: el desarrollo auténtico debe ser «integral, es decir, promover el bien de todo hombre y de todo el hombre».⁷

La dimensión internacional

El desarrollo integral incorporó también una dimensión internacional. La pobreza de unos pueblos no podía analizarse al margen de las decisiones políticas, comerciales, financieras y culturales de otros. La interdependencia mundial exigía una responsabilidad común.

Juan Pablo II, especialmente en Sollicitudo rei socialis y en Centesimus annus, relacionó el subdesarrollo con estructuras políticas e ideológicas que bloqueaban la libertad y desviaban recursos de la economía y la cultura. Tras la caída de los regímenes comunistas de Europa oriental y el final de la división entre bloques, la Iglesia pidió una revisión global de las políticas de desarrollo, no sólo en los países que habían abandonado el comunismo, sino también en las sociedades occidentales y en los países que todavía buscaban su propio camino económico.⁸

Desarrollo, libertad y trascendencia

El desarrollo integral no puede reducirse a un programa estatal ni a una estrategia de crecimiento. Incluye libertad, responsabilidad, cultura, educación, vida familiar, participación política, apertura a la verdad y relación con Dios.

Benedicto XVI presentó el desarrollo como una vocación. La persona no alcanza su plenitud únicamente acumulando bienes ni recibe automáticamente la perfección mediante instituciones. El desarrollo exige libertad y responsabilidad solidaria, además de una visión trascendente del ser humano.⁴

El desarrollo integral comprende, por tanto:

• la dimensión económica;
• la dimensión laboral;
• la dimensión política;
• la dimensión cultural;
• la dimensión familiar;
• la dimensión moral;
• la dimensión espiritual;
• la apertura a la vida eterna.

Una sociedad rica puede padecer un subdesarrollo moral, cultural o espiritual. Del mismo modo, una comunidad materialmente pobre puede conservar formas de solidaridad, vida familiar y participación que las sociedades opulentas han debilitado.

La Iglesia critica tanto el individualismo económico radical como el colectivismo que absorbe la persona en el Estado o en el sistema productivo.

Juan Pablo II consideró que el error fundamental del socialismo era de naturaleza antropológica: reducía a la persona a un elemento del organismo social, subordinaba completamente su bien al mecanismo socioeconómico y debilitaba su libertad y responsabilidad. La negación de la propiedad y de la iniciativa personal podía generar dependencia respecto de la maquinaria estatal y de quienes la controlaban.⁵

Esta crítica al socialismo no convierte automáticamente al capitalismo en la solución definitiva. El pontífice rechazó la conclusión según la cual la derrota del marxismo transformaría al capitalismo en el modelo universal que todos los países deberían adoptar. La respuesta dependía del significado atribuido al término. La economía de mercado podía resultar aceptable bajo condiciones éticas y jurídicas; una ideología capitalista desligada de la libertad integral y del bien común merecía una valoración negativa.¹

La doctrina social no ofrece una tercera vía entendida como un modelo técnico único y cerrado. Ofrece principios morales para juzgar las instituciones y orientar las decisiones. Estos principios permiten evaluar diversos sistemas concretos sin identificar el cristianismo con una fórmula económica determinada.

La avaricia como desorden moral

La tradición moral católica considera la avaricia un vicio que desordena la relación con los bienes materiales. El problema no reside en poseer recursos, sino en convertirlos en fin último, acumularlos sin límite o preferirlos a Dios, al prójimo y a la justicia.

La búsqueda ilimitada de riqueza puede alimentar:

• desprecio hacia quienes poseen menos;
• indiferencia ante la pobreza;
• corrupción;
• explotación;
• fraude;
• consumismo;
• insolidaridad;
• concentración excesiva del poder.

La reflexión tomista sobre los vicios capitales interpreta el orgullo como una raíz profunda de numerosos desórdenes morales: el deseo excesivo de superioridad puede llevar a rechazar la norma de Dios y a situar el propio interés por encima del orden justo.⁹

Eficiencia y dignidad

La eficiencia tiene valor cuando permite producir bienes útiles con menos desperdicio y mejorar las condiciones de vida. Sin embargo, pierde su legitimidad cuando desplaza toda consideración de justicia, verdad o dignidad.

Juan Pablo II describió como problemática una forma de capitalismo sin freno que coloca el poder, el beneficio y una eficiencia carente de alma por encima de cualquier otra consideración. También rechazó la ilusión de una solución materialista y atea a los problemas sociales.¹⁰

La Iglesia no reduce la moral económica a la buena intención de individuos aislados. Las estructuras, leyes y organizaciones también poseen consecuencias morales. Una legislación puede favorecer la dignidad o facilitar la explotación; un sistema fiscal puede sostener la cohesión social o consolidar privilegios; una empresa puede promover la participación o imponer una relación puramente instrumental.

Las instituciones resultan necesarias, pero no bastan por sí solas. El desarrollo integral requiere responsabilidad personal, solidaridad y una visión del ser humano que no confíe exclusivamente en mecanismos automáticos.⁴

La ética económica católica reclama una cooperación entre:

• ciudadanos;
• empresarios;
• trabajadores;
• sindicatos;
• consumidores;
• asociaciones profesionales;
• autoridades públicas;
• instituciones internacionales;
• comunidades religiosas y civiles.

Ningún actor puede atribuirse por sí solo la tarea de construir una economía justa.

La globalización económica ha intensificado la interdependencia entre pueblos y mercados. Las decisiones financieras y empresariales pueden afectar simultáneamente a trabajadores, consumidores y comunidades situadas en continentes distintos.

Esta interdependencia exige una solidaridad de alcance mundial. Las relaciones económicas internacionales deben respetar la dignidad de los pueblos pobres y evitar formas nuevas de dependencia, explotación laboral o subordinación cultural.

El crecimiento económico desigual puede reproducir antiguas injusticias mediante nuevas técnicas. La superación de la pobreza no depende sólo de aumentar la producción, sino también de corregir desequilibrios, proteger la libertad y asegurar que los frutos del desarrollo alcancen a toda la sociedad.⁸

La Iglesia entiende que la libertad de actuar públicamente forma parte de su misión social. Su tarea no consiste únicamente en prestar ayuda asistencial, sino también en defender una visión integral del ser humano y contribuir al debate sobre la justicia, la fraternidad y el destino de la sociedad.⁴

Dentro del pensamiento católico existen distintas valoraciones prudenciales sobre la economía de mercado. Algunos autores conceden mayor importancia a la iniciativa privada, la creatividad empresarial y la libertad económica. Otros advierten que el capitalismo liberal contiene una antropología propia y no constituye una estructura neutral respecto de la religión y la moral.

Una corriente considera que la democracia económica y la libertad empresarial pueden crear un espacio institucional compatible con la fe cristiana, siempre que la sociedad posea virtudes cívicas y una cultura moral sólida. Otra corriente sostiene que las instituciones económicas nunca funcionan como mecanismos neutrales, porque transmiten una determinada concepción de la persona, de la libertad y de la finalidad de la vida.¹¹

Estas diferencias no afectan a los principios fundamentales de la doctrina social. El desacuerdo suele referirse a la valoración prudencial de políticas concretas, al grado de intervención pública necesario o a la capacidad de determinadas instituciones para proteger la libertad y la justicia.

Una economía de mercado puede aproximarse a las exigencias de la doctrina social cuando:

• reconoce la dignidad inviolable de cada persona;
• protege la libertad religiosa, política y asociativa;
• respeta la propiedad privada sin olvidar su función social;
• garantiza condiciones laborales dignas;
• limita los abusos de poder económico;
• favorece la competencia leal;
• protege a los consumidores;
• sostiene a las familias;
• atiende a los pobres y excluidos;
• integra la actividad económica en el bien común;
• protege la creación;
• promueve un desarrollo humano integral.

Por el contrario, una forma de capitalismo resulta incompatible con la visión católica cuando:

• trata al trabajador como mercancía;
• identifica el valor humano con la rentabilidad;
• considera absoluto el derecho de propiedad;
• abandona a los pobres a su suerte;
• confía ciegamente en el mercado;
• subordina la política al poder financiero;
• convierte el consumo en finalidad de la existencia;
• destruye vínculos familiares y comunitarios;
• legitima la explotación en nombre del crecimiento;
• niega la dimensión moral y trascendente de la persona.

La Iglesia católica no propone una condena indiscriminada del mercado ni una aprobación incondicional del capitalismo. Reconoce el valor de la empresa, la propiedad privada, la iniciativa y la libertad económica, pero exige que todas estas realidades permanezcan subordinadas a la dignidad humana y al bien común.

La cuestión decisiva no consiste únicamente en preguntar cuánto produce una economía, sino para quién produce, a quién excluye, qué relaciones sociales genera y qué imagen del ser humano promueve. El capitalismo sólo puede recibir una valoración positiva cuando sirve a la libertad integral, al trabajo digno, a la solidaridad y al desarrollo de todas las personas. Una economía que convierte el beneficio en fin supremo contradice la visión cristiana, porque transforma un instrumento legítimo en un ídolo.