Los orígenes del reconocimiento de la santidad en la Iglesia se remontan a los primeros siglos, cuando los mártires y, más tarde, los confesores (aquellos que vivieron una vida de virtud heroica pero no murieron por la fe), eran venerados por el pueblo de Dios. Inicialmente, este reconocimiento era de carácter local y espontáneo, impulsado por la fama de santidad y los milagros atribuidos a estas personas1. Los obispos diocesanos tenían la autoridad para permitir el culto público y la traslación de las reliquias.
Con el tiempo, la Iglesia buscó regular este proceso para asegurar la autenticidad de los casos y evitar abusos. El primer paso significativo hacia la centralización del proceso ocurrió en el siglo XII, cuando el Papa Alejandro III (1159-1181) decretó que la aprobación para la veneración pública y el culto a los santos debía ser reservada a la Sede Apostólica, aunque todavía permitió que los obispos investigaran y propusieran casos1. Este fue un momento crucial que sentó las bases para el proceso formal de beatificación y canonización tal como lo conocemos hoy.
Durante el pontificado de Urbano VIII (1623-1644), se establecieron distinciones claras entre los siervos de Dios, los beatos y los santos. Se promulgó una serie de decretos que regulaban estrictamente el proceso de canonización y prohibían el culto público sin la aprobación papal. Estos decretos fueron fundamentales para formalizar la beatificación como un paso previo y distinto de la canonización, requiriendo un proceso judicial formal.
En el siglo XX, el Papa Juan Pablo II realizó importantes reformas en el proceso de beatificación y canonización con la Constitución Apostólica Divinus Perfectionis Magister (1983). Estas reformas tenían como objetivo simplificar los procedimientos, hacerlos más ágiles y descentralizar algunas etapas, permitiendo que las diócesis tuvieran un papel más activo en la fase inicial de la investigación1. Sin embargo, la decisión final sobre la beatificación y canonización sigue siendo prerrogativa exclusiva del Papa.

