Bulas alejandrinas y esclavistas

La expresión bulas alejandrinas designa documentos pontificios del papa Alejandro VI relacionados con la expansión ultramarina de las monarquías ibéricas. Entre ellos figura Inter caetera, de 1493, que algunos estudiosos han relacionado con los antecedentes de la llamada doctrina del descubrimiento. Esta última no surgió como una fórmula única y cerrada en una sola bula: el concepto jurídico de «descubrimiento» fue objeto de debate entre potencias coloniales desde el siglo XVI y adquirió una expresión particular en la jurisprudencia de varios países durante el XIX.¹

La denominación bulas esclavistas, por su parte, no describe una serie homogénea de documentos ni constituye una categoría doctrinal oficial. Suele aplicarse a textos pontificios que, en circunstancias políticas concretas, autorizaron o legitimaron formas de sometimiento, incluidas, en ciertos casos, la esclavización de personas no cristianas. La Iglesia reconoce que la Santa Sede intervino en varias ocasiones para regular y legitimar esas prácticas; también reconoce que las necesidades políticas y económicas llegaron a prevalecer sobre las exigencias evangélicas.²

Por ello, las expresiones alejandrinas y esclavistas no son intercambiables. Inter caetera se encuadra en las controversias sobre la expansión y las pretensiones coloniales; Dum Diversas y Romanus Pontifex, promulgadas por Nicolás V en 1452 y 1455, aparecen entre los documentos pontificios relacionados con la legitimación de formas de subyugación y, en determinados casos, de esclavitud.^2,1

El término doctrina del descubrimiento alude a una construcción jurídica colonial que concedía a quienes afirmaban haber «descubierto» territorios un derecho exclusivo a extinguir, mediante compra o conquista, la posesión o los títulos de los pueblos indígenas. Aunque algunos estudiosos han buscado sus antecedentes en documentos pontificios como Dum Diversas, Romanus Pontifex e Inter caetera, la elaboración jurídica de esa doctrina tuvo una historia posterior y compleja.¹

La Santa Sede precisó en 2023 que la doctrina del descubrimiento no forma parte de la enseñanza católica. Al mismo tiempo, reconoció que las bulas relacionadas con esta controversia no expresaron adecuadamente la igual dignidad y los derechos de los pueblos indígenas, y que las potencias coloniales manipularon su contenido para justificar actos inmorales, a veces sin oposición de autoridades eclesiásticas.³

«La “doctrina del descubrimiento” no forma parte de la enseñanza de la Iglesia católica».³

Esta distinción importa porque separa tres cuestiones diferentes: lo que decía cada documento, el uso que los poderes políticos hicieron de él y la enseñanza católica sobre la dignidad humana. Rechazar la doctrina del descubrimiento como doctrina católica no elimina la responsabilidad histórica por el modo en que ciertos textos se formularon, interpretaron o utilizaron. La propia declaración de 2023 reconoce sus deficiencias y los daños que acompañaron a las políticas coloniales de asimilación.³

Entre los textos del siglo XV ocupa un lugar central Dum Diversas, de Nicolás V, fechada en 1452, junto con Romanus Pontifex, de 1455. La evaluación eclesial contemporánea incluye ambos documentos entre las intervenciones que llegaron a legitimar formas de sometimiento y, en ciertos casos, la esclavización de personas no cristianas. Su relación con la expansión política de la época ayuda a comprender por qué su contenido no puede presentarse como una expresión intemporal de la doctrina católica.²

El pontificado de Eugenio IV ofrece un contraste significativo. En Sicut Dudum, de 1435, el papa respondió a la captura y deportación de habitantes de las islas Canarias por parte de cristianos. La bula refiere que personas de ambos sexos fueron apresadas por la fuerza y llevadas a tierras de ultramar. El documento evidencia que ya entonces existía una intervención pontificia contra abusos cometidos durante la expansión cristiana, aunque la historia posterior también incluyó textos que permitieron o legitimaron formas de sometimiento.⁴

La defensa de los pueblos indígenas aparece con claridad en Sublimis Deus, promulgada por Pablo III en 1537. La bula declaró que los indígenas y los demás pueblos que llegaran a conocer los cristianos no debían perder la libertad ni la posesión de sus bienes por no ser cristianos, y que tampoco podían ser esclavizados. El texto dispuso que una esclavización contraria a esa norma carecería de validez.⁵

La coexistencia de condenas, prohibiciones y autorizaciones constituye uno de los aspectos más difíciles de esta historia. No basta con reunir documentos de épocas distintas bajo una sola etiqueta: hay que reconocer que la Iglesia defendió en diversos momentos a personas sometidas, pero también que algunos documentos pontificios contribuyeron a legitimar prácticas incompatibles con la dignidad de quienes las padecieron.^2,3,5

La condena de la esclavitud y de la trata no adquirió de inmediato una formulación universal y absoluta. La enseñanza eclesial actual reconoce que la sociedad y la Iglesia tardaron en denunciar plenamente la esclavitud, aunque también recuerda intervenciones anteriores contra abusos concretos. La existencia de documentos de signo diverso refleja tanto la defensa de la dignidad humana como la inconsistencia de la práctica histórica.²

En 1839, Gregorio XVI condenó el comercio de esclavos, y en 1840 publicó Afflictas in tunquino. En esta última, describió como una obligación pastoral apartar a los fieles del comercio de personas negras y de cualquier otro ser humano. El texto lamentaba que algunos cristianos redujeran a indígenas, africanos y otras personas a la esclavitud, o alimentaran su compraventa.^6,7

La formulación de una condena formal, absoluta y universal llegó con claridad en el siglo XIX, especialmente bajo León XIII. La historia de ese desarrollo tampoco permite fingir que toda ambigüedad había desaparecido antes: todavía en 1866 el Santo Oficio distinguía aspectos considerados inmorales de otros que no condenaba plenamente.²

El cambio puede entenderse como una toma de conciencia más plena de las consecuencias morales de principios cristianos sobre la dignidad de todo ser humano, creado a imagen de Dios. Pero esa interpretación no borra la demora ni sus consecuencias. La enseñanza contemporánea habla expresamente de una herida en la memoria cristiana, causada por el sufrimiento y la humillación de quienes padecieron la esclavitud, y reconoce la necesidad de pedir perdón.²

Las bulas alejandrinas y los documentos pontificios relacionados con la esclavitud no admiten una lectura simple. No forman una enseñanza unitaria que autorice a identificar toda la doctrina católica con las decisiones políticas de una época; tampoco permiten negar que algunas intervenciones pontificias legitimaron prácticas de sometimiento o no defendieron adecuadamente los derechos de los pueblos indígenas. La declaración eclesial de 2023 rechaza que la doctrina del descubrimiento sea parte de la fe católica, pero reconoce los errores, la manipulación política de esos documentos y el daño causado.³

La evaluación histórica debe evitar dos reducciones. La primera consiste en presentar las bulas como si todas ordenaran la esclavización; sus contenidos y contextos fueron distintos, y documentos como Sicut Dudum y Sublimis Deus se opusieron a la captura o esclavización de pueblos. La segunda consiste en usar esas condenas para minimizar el retraso de la Iglesia y la intervención de algunos documentos en sistemas de dominación. La enseñanza eclesial actual mantiene ambos hechos en tensión: una defensa histórica de la dignidad humana y una responsabilidad real por las ocasiones en que esa defensa resultó insuficiente o quedó subordinada a intereses políticos y económicos.^2,5,4

La importancia de estas bulas reside, por tanto, tanto en su papel dentro de la historia de la expansión europea como en el examen de conciencia que suscitan. La Iglesia reconoce que el desarrollo de su comprensión moral fue gradual y que tardó en expresar de manera inequívoca la incompatibilidad de la esclavitud con la dignidad humana. Esa memoria exige nombrar la responsabilidad y el sufrimiento sin atribuir a la doctrina católica una legitimación permanente de la esclavitud ni ocultar las contradicciones de su historia.^2,3