El establecimiento de la Ciudad del Vaticano como estado independiente resolvió la llamada «Cuestión Romana,» un conflicto de larga data entre la Santa Sede y el Reino de Italia.
La Cuestión Romana y el Fin de los Estados Pontificios
Históricamente, los Papas ejercieron un dominio temporal sobre los vastos Estados Pontificios en Italia. Tras la unificación italiana en el siglo XIX, este dominio temporal llegó a su fin. En 1870, Roma fue anexada al Reino de Italia, y el Papa Pío IX se consideró prisionero en el Vaticano. La pérdida del poder temporal fue vista por algunos, como el Papa Pablo VI, como algo providencial, aunque en el pasado dicho dominio tuvo una función innegable1.
Para intentar resolver la situación, el Estado italiano promulgó la Ley de Garantías el 13 de mayo de 1871. Esta ley declaraba que las residencias del Papa en suelo italiano, incluyendo el Palacio Vaticano, gozarían de inmunidad y serían extraterritoriales2. Sin embargo, la Santa Sede rechazó esta solución unilateral, confiando en última instancia en los sentimientos del pueblo italiano y en el sentido de responsabilidad y justicia del Estado italiano para una solución definitiva3.
Los Pactos de Letrán de 1929
La solución definitiva a la Cuestión Romana se alcanzó con la firma de los Pactos de Letrán el 11 de febrero de 19294,3. Estos pactos, cuyo principal artífice fue el Papa Pío XI5, finalizaron las relaciones y confirmaron el establecimiento de la Ciudad del Vaticano1.
El Tratado de Letrán confirmó la creación del Estado de la Ciudad del Vaticano, dotado de la mínima base territorial necesaria para garantizar al Papa y a la Santa Sede la soberanía absoluta e independencia1. El Papa Pío XI consideró este pequeño, pero completo, Estado como el medio para asegurar la independencia necesaria de todo poder humano, permitiendo a la Iglesia y a su Pastor Supremo cumplir plenamente el mandato recibido de Cristo5.

