La Guerra de la Independencia comenzó tras la entrada de las tropas francesas en España y la crisis dinástica que culminó con la sustitución de los Borbones por José Bonaparte. La resistencia popular se extendió después del levantamiento del 2 de mayo de 1808 y convirtió la contienda en una lucha contra el dominio napoleónico.1
La Iglesia afrontó la guerra tras varias décadas de tensiones con el poder civil. Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, las políticas regalistas -que reforzaban la intervención de la Corona en asuntos eclesiásticos- habían reducido el margen de actuación de Roma y sometido a presión a órdenes religiosas y otras instituciones de la Iglesia. Las críticas a los bienes eclesiásticos, a los regulares y a la autoridad pontificia formaban parte del debate político anterior a la invasión.3
El clero no constituía un bloque político o intelectual uniforme. La Iglesia española atravesaba debates sobre la autoridad del papa, las atribuciones de los obispos y la relación entre la institución eclesiástica y el Estado. En 1799, por ejemplo, la mayoría del episcopado rechazó o guardó silencio ante una iniciativa gubernamental que pretendía ampliar las facultades episcopales en materia de dispensas reservadas al papa. Este precedente muestra las tensiones jurisdiccionales que seguían presentes al comienzo de la guerra.4,3
