Cómo denunciar un abuso en la Iglesia

La denuncia permite poner en conocimiento de la autoridad unos hechos que podrían constituir:

• Abuso sexual de un menor.
• Abuso sexual de una persona adulta vulnerable.
• Actos sexuales obtenidos mediante violencia, amenazas o abuso de autoridad.
• Producción, posesión, exhibición o distribución de pornografía infantil.
• Inducción de menores o adultos vulnerables a participar en exhibiciones pornográficas.
• Actuaciones u omisiones destinadas a obstaculizar o eludir investigaciones civiles o canónicas.^1,2

La denuncia no equivale a una declaración de culpabilidad. La autoridad debe investigar los hechos respetando la presunción de inocencia, la buena fama y los derechos de todas las personas implicadas.

Cuando exista un riesgo actual para un menor, una persona adulta vulnerable o cualquier otra persona, la prioridad consiste en apartarla del peligro y acudir sin demora a las autoridades civiles competentes. La legislación estatal puede imponer obligaciones específicas de comunicación de los hechos, y el secreto de oficio eclesiástico no permite incumplir esas obligaciones.^3,4

La Iglesia también debe comunicar los hechos a las autoridades civiles cuando resulte necesario para proteger a la víctima o evitar nuevos delitos contra menores.^5,6

La persona afectada puede presentar directamente una denuncia civil. La Iglesia no debe disuadirla de ejercer sus derechos ante los tribunales o las fuerzas de seguridad. La voluntad de la presunta víctima merece respeto, excepto cuando la legislación civil imponga una comunicación obligatoria o cuando la protección de otras personas exija actuar.³

Cualquier persona puede presentar una denuncia sobre las conductas comprendidas en Vos estis lux mundi. La denuncia puede formularla:

• La persona que sufrió directamente los hechos.
• Sus padres, tutores o representantes legales.
• Un familiar.
• Un testigo.
• Un trabajador, voluntario o colaborador pastoral.
• Cualquier fiel o ciudadano que conozca los hechos por un motivo razonable.

Los clérigos y los miembros de institutos de vida consagrada o sociedades de vida apostólica tienen el deber de comunicar con prontitud los hechos de los que tengan conocimiento o motivos fundados para considerar que han ocurrido, salvo las excepciones previstas por el Derecho canónico, especialmente las vinculadas al fuero interno sacramental.^7,8

El conocimiento obtenido exclusivamente mediante el sacramento de la Penitencia queda protegido por el sigilo sacramental. Nadie puede utilizar una denuncia para revelar aquello que el sacerdote conoció solo en confesión.

Ante la diócesis

La denuncia puede dirigirse al obispo diocesano, al ordinario del lugar donde ocurrieron los hechos o a la oficina diocesana habilitada para recibir denuncias. Las diócesis y otras estructuras eclesiales deben disponer de instituciones u oficinas accesibles para recibirlas.⁸

También puede entregarse al superior mayor cuando la persona denunciada pertenece a un instituto de vida consagrada o a una sociedad de vida apostólica.

Ante otra autoridad eclesiástica competente

Si la denuncia afecta a un obispo, a un legado pontificio, a un moderador supremo de un instituto religioso o a otra persona sometida a un régimen especial, debe dirigirse a la autoridad determinada por las normas canónicas aplicables. La comunicación también puede enviarse directamente al dicasterio competente de la Santa Sede o mediante el representante pontificio.^7,1

Cuando la denuncia llega a una autoridad distinta de la competente por razón del lugar o de la pertenencia de la persona denunciada, dicha autoridad debe transmitirla sin demora a los ordinarios correspondientes.⁸

Mediante una oficina de recepción

La diócesis puede ofrecer formularios, correo postal, correo electrónico, teléfono u otros medios adecuados. La norma canónica no limita la denuncia a un único formato: cualquier vía apropiada puede servir para comunicar los hechos.⁷

Conviene pedir confirmación de la recepción y conservar una copia de todo lo entregado.

Una denuncia clara facilita la valoración inicial y evita confusiones. Conviene incluir:

• Nombre y datos de contacto de quien denuncia.
• Identidad de la presunta víctima, cuando resulte posible y seguro.
• Identidad de la persona denunciada.
• Fechas aproximadas o exactas.
• Lugares donde ocurrieron los hechos.
• Descripción ordenada de las conductas.
• Personas que presenciaron los hechos o recibieron información directa.
• Documentos, mensajes, fotografías u otros elementos relevantes.
• Información sobre denuncias civiles ya presentadas.
• Riesgo actual para la víctima o para otras personas.

Vos estis lux mundi pide que la denuncia contenga los datos más precisos posibles sobre el tiempo y el lugar de los hechos, las personas implicadas o informadas y cualquier otra circunstancia útil para valorar correctamente lo ocurrido.^7,8

La persona denunciante no necesita calificar jurídicamente los hechos. Basta con describirlos con exactitud, distinguir lo que conoce personalmente de lo que ha oído de terceros y evitar exageraciones o afirmaciones que no pueda sostener.

La persona denunciante debe conservar, sin alterar:

• Mensajes de teléfono.
• Correos electrónicos.
• Conversaciones en redes sociales.
• Fotografías o vídeos.
• Documentos.
• Diarios personales.
• Informes médicos o psicológicos.
• Nombres y datos de posibles testigos.

No conviene difundir públicamente material que pueda contener pornografía infantil o imágenes íntimas. La entrega de esos elementos debe realizarse a las autoridades civiles o eclesiásticas competentes, siguiendo sus instrucciones.

Las autoridades eclesiásticas tienen que custodiar la información de modo que proteja su seguridad, integridad y confidencialidad.⁸

Presentar una denuncia conforme a las normas canónicas no constituye una violación del secreto de oficio. La Iglesia prohíbe los perjuicios, las represalias y la discriminación contra quien denuncia por ese motivo.⁷

La persona denunciante, la presunta víctima y los testigos no pueden recibir una imposición general de silencio sobre los hechos denunciados. Esta protección no elimina las obligaciones legales de confidencialidad que puedan existir en un procedimiento civil concreto ni autoriza a difamar a una persona cuya responsabilidad todavía no ha sido establecida.^7,4

La buena fama pertenece a todas las personas implicadas: víctima, denunciante, testigos y denunciado. Por ello, las comunicaciones públicas deben limitarse a la información necesaria y evitar cualquier juicio anticipado sobre la culpabilidad o inocencia.⁹

Las autoridades eclesiásticas deben tratar con dignidad y respeto a quienes afirman haber sufrido un daño y a sus familias. También deben ofrecer, según las circunstancias, acogida, escucha, acompañamiento, ayuda espiritual y asistencia médica, terapéutica y psicológica.^10,7

La atención pastoral no sustituye a la asistencia sanitaria, psicológica ni jurídica. Tampoco condiciona la libertad de la víctima para denunciar ante las autoridades civiles.

Recepción y transmisión

La autoridad que recibe la denuncia debe valorar a qué autoridad corresponde actuar. Cuando intervienen varias diócesis o superiores, resulta necesaria la comunicación y colaboración entre ellas para evitar conflictos de competencia o duplicación de actuaciones.¹¹

La información puede llegar también por iniciativa de la propia autoridad, sin una denuncia formal presentada por un particular. Vos estis lux mundi admite que las noticias sobre posibles delitos se obtengan de oficio.⁷

Valoración inicial

La autoridad debe determinar si la noticia presenta una verosimilitud suficiente para iniciar una investigación previa. La investigación solo puede omitirse cuando resulte manifiestamente imposible que el delito haya ocurrido conforme al Derecho canónico.⁶

Una decisión inicial desfavorable no convierte automáticamente la denuncia en falsa. La autoridad debe conservar la documentación y dejar constancia de las razones que justificaron no continuar.⁶

La investigación previa, regulada por el canon 1717 del Código de Derecho Canónico, tiene como finalidad aclarar los hechos, sus circunstancias y la posible imputabilidad de la persona denunciada. No constituye todavía un proceso penal ni determina definitivamente la culpabilidad.

La investigación corresponde al ordinario o jerarca que recibió la noticia, o a una persona idónea que aquel designe. También puede intervenir otro ordinario cuando la competencia corresponda al lugar donde ocurrieron los hechos, a la diócesis de incardinación o a la institución religiosa de la persona denunciada.^5,11

La investigación canónica puede desarrollarse aunque exista una investigación civil paralela. Sin embargo, la legislación estatal puede prohibir investigaciones simultáneas o exigir una coordinación específica; en ese caso, la autoridad eclesiástica debe respetar la ley civil.¹¹

El Promotor de Justicia es la autoridad que ejerce la función acusadora en determinados procesos penales canónicos. Su intervención propia corresponde al proceso penal, no a la simple recepción de la denuncia.

Durante la investigación previa no está prevista la designación de un Promotor de Justicia como miembro necesario de la investigación. La investigación corresponde al ordinario o a la persona idónea que este designe.^9,11

Esto no significa que el Promotor de Justicia carezca de importancia. Cuando la investigación previa reúne elementos suficientes, la autoridad competente puede remitir las actuaciones al tribunal o al dicasterio correspondiente. En la fase procesal posterior, el Promotor de Justicia puede asumir la función acusadora conforme a las normas del procedimiento penal canónico.

En algunos ordenamientos particulares, el Promotor de Justicia también puede recibir directamente denuncias relacionadas con delitos sometidos a la jurisdicción civil del Estado correspondiente. Esa competencia civil no debe confundirse con la función ordinaria del Promotor de Justicia en la investigación previa canónica.¹²

La autoridad eclesiástica puede adoptar medidas administrativas o cautelares para proteger a las posibles víctimas, evitar nuevos daños y preservar la investigación. Entre ellas pueden figurar limitaciones o prohibiciones temporales respecto del ministerio pastoral.

La adopción de una medida cautelar no equivale a una condena. Su finalidad consiste en prevenir riesgos mientras la autoridad estudia los hechos y decide el procedimiento adecuado. Incluso cuando no exista un delito canónico plenamente acreditado, pueden resultar necesarias medidas administrativas ante conductas imprudentes o impropias que amenacen el bien común o provoquen escándalo.^5,11

El procedimiento canónico no sustituye al procedimiento penal del Estado. La Iglesia debe respetar las leyes civiles, incluidos los deberes de comunicación obligatoria y las órdenes judiciales legítimas de entrega o incautación de documentos.^3,4

La existencia de prescripción civil, falta de competencia territorial u otra dificultad procesal no transforma necesariamente los hechos en irrelevantes para la autoridad eclesiástica. La Iglesia puede tener que adoptar medidas canónicas, administrativas o pastorales para proteger a las personas y prevenir nuevos abusos.⁵

La protección de las víctimas no elimina el deber de respetar la verdad ni permite acusaciones deliberadamente falsas. El Derecho canónico protege la buena fama de todas las personas y exige evitar daños injustos.

Una denuncia presentada de buena fe no se convierte en falsa porque la investigación no confirme todos los hechos. La autoridad debe distinguir entre:

• Una denuncia veraz.
• Una denuncia formulada con dudas o errores de memoria.
• Una denuncia que no puede probarse.
• Una acusación conscientemente inventada.

Solo la valoración competente del caso permite establecer qué ocurrió. Durante la investigación nadie debe presentar públicamente al denunciado como culpable.⁹

Quien necesite denunciar un abuso puede seguir estos pasos:

1. Proteger a la posible víctima y comunicar inmediatamente cualquier peligro actual a las autoridades civiles.
2. Anotar los hechos con fechas, lugares, nombres y una descripción precisa.
3. Conservar las pruebas sin manipularlas ni difundirlas innecesariamente.
4. Presentar la denuncia ante la diócesis, el superior religioso o la oficina eclesial competente.
5. Solicitar confirmación escrita de la recepción.
6. Informar de cualquier riesgo actual para otras personas.
7. Pedir acompañamiento pastoral, psicológico o jurídico, sin aceptar presiones para retirar la denuncia.
8. Evitar publicar acusaciones en redes sociales mientras las autoridades competentes investigan, especialmente cuando la difusión pueda perjudicar a la víctima, a los testigos o a la investigación.

La denuncia de un abuso en la Iglesia debe respetar simultáneamente varios principios:

• Protección inmediata de la víctima.
• Cumplimiento de la legislación civil.
• Acceso sencillo a la autoridad eclesiástica.
• Investigación diligente e imparcial.
• Prohibición de represalias.
• Respeto de la buena fama y de la presunción de inocencia.
• Acompañamiento integral de la persona afectada.
• Remisión del caso a la autoridad competente cuando proceda.

La finalidad del procedimiento no consiste solo en determinar responsabilidades. También busca impedir nuevos abusos, reparar en la medida posible el daño causado, proteger a la comunidad cristiana y garantizar que el ejercicio de la autoridad eclesial permanezca al servicio de la verdad, la justicia y la dignidad de toda persona.