Religión católica y posición pública de la Iglesia
El artículo primero reconoció la confesionalidad católica de la nación española y la exclusividad pública del culto católico. Su formulación central fue:
La religión católica, apostólica, romana, con exclusión de cualquier otro culto, continúa siendo la única de la nación española, se conservará siempre en los dominios de Su Majestad Católica.
Esta disposición situaba la religión católica en una posición oficial y protegida por el Estado. El Concordato no establecía la libertad de cultos: afirmaba la condición de la Iglesia católica como religión de la nación y daba continuidad a un modelo de estrecha vinculación entre la Corona y la Iglesia. La Constitución española de 1845 había declarado igualmente católica, apostólica y romana la religión de España.,
Organización eclesiástica y nombramientos
El convenio reguló aspectos de la estructura territorial y administrativa de la Iglesia. Entre ellos figuraban la reducción del número de diócesis, la organización de los cabildos y la provisión de obispados y otros beneficios eclesiásticos. También contempló el derecho de la monarquía a intervenir en la presentación o nombramiento de cargos, dentro del sistema del Patronato Real.,
El Patronato Real vinculaba a la Corona con la provisión de determinados cargos eclesiásticos. El Concordato, por tanto, combinaba el reconocimiento de la organización propia de la Iglesia con una intervención regia en nombramientos. Esa combinación expresaba una característica importante del acuerdo: la cooperación institucional convivía con competencias compartidas y con posibles tensiones sobre la autonomía eclesiástica.
El texto también preveía la creación o regulación de seminarios, instituciones fundamentales para la formación del clero, así como la constitución de cabildos. Estas medidas buscaban ordenar la vida diocesana y asegurar estructuras para el culto y el ministerio pastoral.
Enseñanza e inspección religiosa
La educación fue otro ámbito de especial relevancia. El Concordato reconoció a la Iglesia el derecho de inspeccionar la enseñanza religiosa en los centros públicos y privados. La disposición vinculaba ese control a la protección de la doctrina católica y a la condición confesional del país.,
Esta facultad entró en relación con las políticas educativas liberales, que atribuían al Estado una función determinante en la instrucción pública. La ley de instrucción de Pedro José Pidal, de 1845, dejó amplias competencias en manos de los ministros y restringió algunos aspectos de la enseñanza privada, aunque no negaba formalmente la libertad de enseñanza. En ese contexto, la inspección episcopal prevista por el Concordato constituía un reconocimiento institucional del papel de la Iglesia en la educación.
Bienes, mantenimiento del culto y sostenimiento del clero
El Concordato intentó encauzar las consecuencias de las confiscaciones y ventas de bienes eclesiásticos. Reconoció el derecho de la Iglesia a adquirir y poseer bienes, reguló la remuneración del clero y contempló el mantenimiento de los edificios destinados al culto. También atendió a la situación económica de los ministros de la Iglesia tras la transformación de las fuentes tradicionales de financiación eclesiástica.,,
La dotación estatal al clero debe entenderse en las pérdidas patrimoniales que había sufrido la Iglesia. La compensación económica no equivalía a una restitución íntegra de los bienes confiscados; formaba parte de una reorganización de las relaciones financieras entre Iglesia y Estado. La historiografía citada en el estudio sobre el Concordato advierte precisamente contra la interpretación del acuerdo como un pacto exclusivamente económico: la propiedad eclesiástica y la independencia de los ministros constituían cuestiones centrales.,
