El punto de partida es la convicción de que cada ser humano posee una dignidad intrínseca. Ese respeto no es meramente «procedimental», sino que se apoya en la idea de que la persona es «otro yo» y que deben resguardarse los derechos fundamentales que brotan de su dignidad.1
Desde esta perspectiva, el consentimiento informado no se reduce a firmar un documento. Su sentido moral es que la persona pueda participar responsablemente en decisiones que afectan a su vida y su integridad, porque la dignidad humana requiere construir condiciones sociales e institucionales que favorezcan una vida verdaderamente humana.2,3
