Derechos humanos

Los derechos humanos designan aquellos bienes y exigencias de justicia que corresponden a toda persona por el hecho de ser humana. Incluyen, entre otros, el derecho a la vida, a la integridad física y moral, a la libertad religiosa, a la educación, al trabajo, a la participación social y a unas condiciones dignas de existencia.

La doctrina católica utiliza el lenguaje contemporáneo de los derechos humanos, pero lo integra en una concepción más amplia de la justicia. El derecho no consiste solo en una facultad individual para reclamar algo, sino también en un bien objetivo que debe reconocerse y protegerse dentro de un orden justo. Por eso, la Iglesia relaciona inseparablemente derechos, deberes, responsabilidad y bien común.^1,2

La Comisión Teológica Internacional explica que la enseñanza católica contemporánea presenta dos perspectivas complementarias:

• Una perspectiva racional y ascendente, fundada en la ley natural y confirmada por la revelación.
• Una perspectiva teológica y descendente, que contempla la dignidad humana a la luz de la creación, la encarnación y la redención.

Desde esta visión, la persona nunca puede tratarse como un instrumento. Posee razón, libertad, conciencia, responsabilidad y una vocación social, pero también una apertura trascendente a Dios.³

La dignidad de la persona

La Iglesia fundamenta los derechos humanos en la dignidad propia de toda persona. El ser humano ha sido creado a imagen de Dios y posee una dignidad que no depende de su inteligencia, salud, edad, utilidad social, nacionalidad, posición económica o reconocimiento jurídico.

La persona no es algo, sino alguien: un sujeto capaz de conocerse, poseerse libremente, entregarse y entrar en comunión con otras personas. Su dignidad nace de su relación constitutiva con Dios y alcanza su plenitud en la llamada a participar en la vida divina.⁴

Esta dignidad pertenece a todos los seres humanos sin excepción. Por ello, ninguna autoridad puede concederla, retirarla o graduarla según criterios políticos, biológicos o sociales.

La creación y la imagen de Dios

La doctrina cristiana encuentra el fundamento primero de la dignidad humana en la creación. Dios ha querido al ser humano por sí mismo y lo ha destinado al conocimiento y al amor. La persona posee una finalidad que trasciende cualquier utilidad temporal.

La ley moral inscrita en la conciencia manifiesta que la persona no crea por sí sola el bien y el mal. En lo más profundo de su conciencia descubre una ley que no se ha dado a sí misma y a la que debe obedecer. La dignidad humana exige, por tanto, respetar el orden esencial de la naturaleza y no someter la moralidad a la voluntad individual o colectiva.⁵

La encarnación y la redención

La revelación cristiana añade una dimensión cristológica al fundamento de los derechos humanos. El misterio del ser humano encuentra su verdadera luz en el misterio de Jesucristo, el Verbo encarnado. Por su encarnación, el Hijo de Dios se ha unido de algún modo a todo ser humano.

La redención manifiesta que cada persona posee un valor tan grande que Cristo ha asumido la naturaleza humana y ha entregado su vida por la salvación de todos. Esta verdad no sustituye la fundamentación racional de los derechos, pero la eleva y la ilumina. La justicia social y la caridad cristiana no compiten entre sí: la caridad lleva la justicia a su plenitud y exige una defensa efectiva de la dignidad humana.⁶

Naturaleza humana y justicia

La ley natural es la participación de la criatura racional en la ley eterna de Dios. Permite reconocer, mediante la razón, bienes y exigencias morales que preceden a las leyes positivas y obligan a toda autoridad.

Cuando la ley natural regula las relaciones entre las personas, recibe también el nombre de derecho natural. Este derecho exige respetar integralmente la dignidad de cada individuo y ofrece un contenido objetivo a los derechos humanos.⁷

La ley natural no equivale a una lista inmutable de normas jurídicas concretas aplicables de la misma manera en todas las épocas. Las circunstancias históricas, las instituciones y las formas de organización social pueden cambiar. Sin embargo, esos cambios deben mantenerse dentro de los límites de principios morales permanentes, fundados en la estructura esencial de la persona humana.⁵

Derechos y deberes

Todo derecho auténtico comporta deberes correspondientes. Quien posee un derecho también debe respetar los derechos ajenos y contribuir al bien común. La relación entre derecho y deber no es una imposición externa añadida posteriormente, sino una conexión interna de la justicia.

Juan XXIII expresó esta relación al enseñar que los derechos naturales están inseparablemente unidos a otros tantos deberes, porque la ley natural, al conferir unos, impone los otros. La libertad de expresión, por ejemplo, exige responsabilidad ante la verdad y la dignidad de los demás; el derecho a la propiedad implica una función social; y la libertad religiosa exige respeto a la libertad ajena.¹

La concepción católica rechaza tanto el individualismo absoluto como la disolución de la persona en el colectivo. El individuo no existe aislado, pero tampoco pierde su dignidad dentro de la sociedad, el Estado, la nación o cualquier grupo.

Los derechos humanos pertenecen a todos los seres humanos. Su universalidad excluye cualquier discriminación basada en la raza, el sexo, la edad, la condición social, la enfermedad, la discapacidad, la nacionalidad o las convicciones religiosas.

Son inviolables porque nadie puede legítimamente destruir el bien fundamental que protegen. Son inalienables porque la persona no puede renunciar válidamente a su dignidad ni convertirse en propiedad de otra persona o institución. La enseñanza católica contemporánea vincula expresamente estas características con la dignidad común de todos los hombres y mujeres.⁸

La universalidad no significa que todos los derechos tengan idéntico contenido jurídico en cualquier circunstancia. Las leyes pueden ordenar su ejercicio atendiendo al bien común, pero nunca pueden negar los derechos fundamentales ni convertirlos en privilegios concedidos por el poder.

Primacía del derecho a la vida

El derecho a la vida constituye el derecho humano fundamental, porque sin vida ningún otro derecho puede ejercerse. La Iglesia lo reconoce desde la concepción hasta la muerte natural y lo atribuye a todo ser humano inocente.

La defensa de la vida alcanza especialmente a quienes carecen de voz o capacidad de defensa: el niño no nacido, la persona gravemente enferma, el anciano, la persona con discapacidad y quienes sufren persecución o violencia. La Iglesia considera gravemente injustas las acciones que eliminan directamente una vida humana inocente, entre ellas el aborto provocado, la eutanasia y la muerte deliberada de inocentes.⁸

La distinción entre «ser humano» y «persona humana» no puede utilizarse para excluir a determinados seres humanos de la protección jurídica fundamental. Todo ser humano, desde la concepción hasta la muerte natural, merece el respeto debido a la persona.⁷

Integridad y dignidad corporal

El derecho a la vida incluye la protección de la integridad física, psíquica y moral. La tortura, la mutilación injustificada, la esclavitud, la trata de personas, la violencia sexual y los tratos degradantes lesionan directamente la dignidad humana.

La persona no puede reducirse a su cuerpo, pero tampoco puede separarse arbitrariamente la dignidad personal de la realidad corporal. El cuerpo participa de la dignidad de la persona y merece respeto.

La libertad religiosa

La libertad humana no consiste en la facultad de hacer cualquier cosa, sino en la capacidad de buscar el bien y adherirse responsablemente a la verdad. La libertad religiosa protege a la persona frente a la coacción en materia religiosa y permite que responda a Dios conforme a su conciencia.

Esta libertad exige que ninguna autoridad obligue a alguien a actuar contra sus convicciones religiosas ni le impida actuar conforme a ellas dentro del justo orden público. Al mismo tiempo, no convierte todas las opciones religiosas o morales en igualmente verdaderas.

Libertad de conciencia

La conciencia es el juicio mediante el cual la persona reconoce la dimensión moral de sus actos. La Iglesia defiende la dignidad de la conciencia, pero no identifica conciencia con preferencia subjetiva. La conciencia debe formarse en la verdad y puede estar equivocada.

Por eso, la libertad de conciencia no autoriza a presentar como derecho cualquier decisión individual. La dignidad humana exige respetar una ley moral objetiva que la persona está llamada a conocer y cumplir.⁵

Derechos desvinculados de la verdad

La Iglesia advierte contra una interpretación subjetivista de los derechos humanos. Esta interpretación convierte el derecho en una expresión de deseos individuales o colectivos, desligada de la verdad sobre la naturaleza humana.

Desde ese planteamiento, una reivindicación puede presentarse como derecho solo porque una persona la desea, porque una mayoría la aprueba o porque una autoridad la incorpora a la legislación. La doctrina católica rechaza esa identificación entre derecho y voluntad.

Los derechos humanos deben referirse a lo que la persona es por naturaleza y en virtud de su dignidad, no a las decisiones subjetivas de quienes ejercen el poder o cuentan con el respaldo de una mayoría. La desvinculación entre derechos y verdad puede permitir que una democracia apruebe injusticias y transforme el poder político en una forma de dominio totalitario.⁷

Diferencia entre subjetividad y subjetivismo

La Iglesia reconoce que cada persona es sujeto de derechos. El lenguaje de los derechos subjetivos puede expresar legítimamente la facultad de reclamar un bien debido.

El subjetivismo, en cambio, afirma que el deseo del sujeto basta para crear un derecho. Esta posición elimina la referencia a la naturaleza humana, a la verdad y al bien común. La tradición católica integra los derechos subjetivos dentro de un orden objetivo de justicia y los vincula con deberes y responsabilidades.^9,2

Derechos civiles y políticos

Entre los derechos civiles y políticos figuran:

• El derecho a la vida.
• El derecho a la integridad personal.
• La libertad religiosa.
• La libertad de conciencia.
• La libertad de asociación.
• La participación responsable en la vida pública.
• La igualdad ante la ley.
• La protección frente a la detención y la violencia arbitrarias.

La Iglesia valora las instituciones jurídicas que limitan el poder y protegen a la persona. Sin embargo, una democracia auténtica necesita también un fundamento moral que impida convertir la mayoría en fuente absoluta de la verdad y de la justicia.

Derechos económicos, sociales y culturales

La dignidad humana exige condiciones materiales y sociales compatibles con una vida verdaderamente humana. Entre ellas figuran:

• El derecho al trabajo.
• Una remuneración justa.
• El descanso.
• La vivienda.
• La educación.
• La asistencia sanitaria.
• La protección de la familia.
• La participación en la vida cultural.
• La seguridad social.

Estos derechos no deben interpretarse como simples reclamaciones ilimitadas frente al Estado. Exigen solidaridad, responsabilidad personal, cooperación social y una distribución justa de los bienes.

Derechos de la familia

La familia fundada en el matrimonio constituye una comunidad natural anterior al Estado. Los padres poseen una responsabilidad primordial en la educación de los hijos. El Estado debe proteger a la familia y ayudarla a cumplir su misión, no sustituirla injustificadamente.

El derecho a formar una familia está unido a deberes de fidelidad, responsabilidad, cuidado y educación. Ninguna concepción de los derechos familiares puede ignorar la verdad del matrimonio, la dignidad de los hijos o la responsabilidad de los padres.

Los derechos humanos no forman un sistema de intereses aislados. Todos deben ordenarse al bien común, entendido como el conjunto de condiciones sociales que permiten a las personas y a las comunidades alcanzar su perfección con mayor facilidad.

El bien común no anula los derechos individuales. Al contrario, proporciona el marco social que permite protegerlos. Tampoco puede invocarse de modo abusivo para justificar la opresión. Una autoridad que destruye derechos fundamentales no actúa en favor del verdadero bien común.

La búsqueda del bien común posee una dimensión cada vez más universal. La interdependencia entre los pueblos hace que la justicia, la paz, la pobreza, las migraciones, la guerra y la protección de la vida afecten a toda la familia humana.⁶

Contenido de la subsidiariedad

El principio de subsidiariedad enseña que las comunidades de orden superior deben ayudar a las comunidades menores y a las personas a cumplir sus propias responsabilidades, sin absorberlas ni sustituirlas injustamente.

La subsidiariedad protege simultáneamente dos realidades:

• La iniciativa y responsabilidad de la persona.
• La autonomía legítima de las familias, asociaciones, municipios, comunidades religiosas y demás cuerpos intermedios.

El Estado tiene una función necesaria en la protección de los derechos, la administración de justicia y la promoción del bien común. Pero no debe ocupar todos los espacios de la vida social ni tratar a los ciudadanos como destinatarios pasivos de decisiones administrativas.

Subsidiariedad y derechos

La subsidiariedad favorece los derechos humanos porque limita la concentración del poder. Cuando una autoridad central absorbe las competencias de las comunidades menores, debilita la libertad, reduce la responsabilidad y puede convertir la protección de los derechos en una forma de dependencia.

La subsidiariedad no equivale a indiferencia pública. Cuando una persona, una familia o una comunidad carece de medios para cumplir sus responsabilidades, las instancias superiores deben prestar una ayuda proporcionada. Esa ayuda debe fortalecer la capacidad de actuación de los sujetos, no reemplazarla permanentemente.

La doctrina social católica vincula la concepción jurídica de los derechos con las responsabilidades y misiones concretas de las personas y comunidades. Los derechos no flotan fuera de la vida social, sino que están ordenados a tareas, deberes y bienes compartidos.²

Subsidiariedad, solidaridad y bien común

La subsidiariedad necesita la solidaridad. Sin solidaridad, puede convertirse en una excusa para abandonar a los débiles; sin subsidiariedad, la solidaridad puede degenerar en paternalismo o centralización.

Una sociedad justa combina ambos principios:

• La subsidiariedad reconoce la responsabilidad de cada persona y comunidad.
• La solidaridad exige ayudar a quienes no pueden defender por sí mismos sus derechos.
• El bien común ordena esas responsabilidades hacia una convivencia justa.

Enseñanza del Magisterio contemporáneo

El Magisterio contemporáneo ha desarrollado una enseñanza sistemática sobre la dignidad humana y los derechos. Entre los documentos y pontificados más relevantes figuran:

• La constitución Gaudium et spes del Concilio Vaticano II.
• La encíclica Pacem in terris de Juan XXIII.
• La encíclica Populorum progressio de Pablo VI.
• Las encíclicas Redemptor hominis, Laborem exercens, Centesimus annus y Evangelium vitae de Juan Pablo II.
• Los discursos y documentos pontificios dedicados a la paz, la justicia y la dignidad humana.

La Comisión Teológica Internacional presenta esta enseñanza como una defensa constante de la dignidad y de los derechos de la persona, vinculada a la ley natural, a la revelación y a la misión evangelizadora de la Iglesia.³

Acción social y pastoral

La Iglesia promueve los derechos humanos mediante la predicación, la educación, la asistencia a los pobres, la defensa de los perseguidos, la atención sanitaria, la acción caritativa y la participación de los laicos en la vida pública.

La defensa cristiana de los derechos no se reduce a declaraciones jurídicas. Exige atender a las personas concretas, especialmente a quienes padecen pobreza, guerra, explotación, discriminación o exclusión. La caridad cristiana impulsa una justicia efectiva y evita que los derechos permanezcan en el plano de los principios abstractos.⁶

Las leyes civiles deben reconocer y proteger los derechos que corresponden objetivamente a la persona. Una ley positiva injusta no adquiere legitimidad moral por el simple hecho de haber sido aprobada conforme a un procedimiento formal.

La autoridad política recibe su legitimidad de su servicio al bien común. Cuando una legislación contradice directamente los bienes fundamentales de la persona, el ciudadano no puede considerarla moralmente justa solo porque haya obtenido respaldo parlamentario o popular.

La Iglesia reconoce el valor de las declaraciones internacionales de derechos cuando expresan exigencias objetivas de justicia. Al mismo tiempo, reclama una interpretación que mantenga esos derechos vinculados a la verdad sobre la persona y no los reduzca a construcciones cambiantes del poder político.⁷

La defensa de los derechos humanos forma parte de la misión de la Iglesia, aunque no agota su misión. La Iglesia anuncia la salvación en Jesucristo y, desde esa fe, protege la dignidad humana en todas sus dimensiones.

La evangelización no convierte los derechos humanos en un sustituto del Evangelio. La fe cristiana ofrece su fundamento último y muestra que la dignidad humana alcanza su plenitud en la comunión con Dios. Al mismo tiempo, la defensa de la justicia y de la dignidad constituye una consecuencia necesaria del mandamiento del amor.

La Iglesia puede colaborar con creyentes de otras religiones y con personas no creyentes en la protección de bienes humanos fundamentales. Esta colaboración resulta posible porque la razón humana puede reconocer elementos esenciales de la ley natural, aunque la fe revele con mayor profundidad su origen y destino.^3,6

La concepción católica de los derechos humanos puede resumirse en varias afirmaciones fundamentales:

1. Toda persona posee una dignidad inviolable, porque ha sido creada a imagen de Dios.
2. Los derechos humanos tienen un fundamento objetivo en la naturaleza humana y en la ley natural.
3. La revelación cristiana ilumina y eleva ese fundamento mediante la creación, la encarnación y la redención.
4. Todo derecho implica deberes, responsabilidad y respeto al bien común.
5. El derecho a la vida constituye el derecho fundamental, desde la concepción hasta la muerte natural.
6. La libertad debe ordenarse a la verdad y al bien, no confundirse con la capacidad de satisfacer cualquier deseo.
7. El Estado debe proteger los derechos, pero respetando la autonomía de las personas, las familias y los cuerpos intermedios.
8. La subsidiariedad y la solidaridad deben actuar conjuntamente para evitar tanto el abandono como la absorción de la sociedad por el poder.
9. Las mayorías y los poderes públicos no crean a voluntad los derechos fundamentales.
10. La caridad cristiana impulsa la justicia, la paz y la defensa concreta de toda persona humana.

Para la Iglesia, los derechos humanos alcanzan su sentido pleno cuando protegen la verdad y el bien de la persona, promueven la justicia y conducen a una sociedad fundada en la dignidad, la solidaridad y la fraternidad.