La autoridad del Papa para emitir edictos se remonta a los primeros siglos del cristianismo, con la Iglesia universal consultando a los Papas sobre asuntos de fe, moral y disciplina desde la época del Apóstol San Juan. Un ejemplo temprano es la apelación de Corinto al Papa Clemente I en el siglo I. Con el tiempo, las respuestas papales a estas consultas comenzaron a formar una parte importante del derecho canónico, siendo reconocidas como leyes o interpretaciones de cánones existentes que obligaban a las Iglesias particulares a su observancia1.
El término «Decreto» y su evolución
El término «decreto» (decretum, del latín decerno, «yo juzgo») se utiliza en un sentido general para referirse a una orden o ley establecida por una autoridad superior para la dirección de otros2. En el uso eclesiástico, este término ha tenido varios significados. Cualquier bula papal, breve o motu proprio es un decreto, ya que estos documentos son actos legislativos del Santo Padre2. La antigüedad de este término se evidencia en el Papa Siricio, quien en el siglo IV ya hablaba de los decreta generalia del Papa Liberio2.
Primeros ejemplos
Las peticiones de decisiones sobre diversos asuntos eclesiásticos se dirigieron a la Santa Sede desde todas partes del mundo conocido, y las respuestas recibidas fueron reverenciadas como procedentes de la boca del principal Apóstol de Cristo y su vicario en la tierra1. Después de la época de Constantino el Grande, la mayor libertad concedida a la Iglesia permitió que esta interacción con la Sede Apostólica fuera más frecuente y abierta. San Jerónimo, en el siglo IV, atestiguó el gran número de respuestas solicitadas al soberano pontífice tanto de la Iglesia Oriental como Occidental durante el tiempo en que sirvió como secretario del Papa Dámaso1.
