El siglo XIV heredó las estructuras de la cristiandad medieval, pero también sus tensiones. La Iglesia conservaba una enorme influencia espiritual, cultural, jurídica y social, aunque debía afrontar el fortalecimiento de las monarquías territoriales, la consolidación de administraciones centralizadas y la creciente autonomía de los poderes civiles.
Durante los siglos anteriores, el papado había defendido una concepción universal de su misión. El pontífice no actuaba únicamente como obispo de Roma, sino también como autoridad moral y arbitral en los conflictos entre príncipes cristianos. Sin embargo, en el siglo XIV los reyes comenzaron a reivindicar con mayor energía su jurisdicción sobre los asuntos fiscales, judiciales y eclesiásticos de sus territorios.
Francia ocupaba una posición central en este proceso. Bajo Felipe IV el Hermoso, la monarquía francesa reforzó la administración real, amplió la intervención de sus juristas y sometió a una fiscalidad más rigurosa a los territorios y grupos sociales del reino. Los legistas favorables al rey contribuyeron a formular una concepción de la autoridad regia que reducía la capacidad del papado para intervenir en los asuntos políticos franceses.1
Esta transformación no significó una desaparición inmediata de la cristiandad medieval, pero sí una modificación profunda de sus equilibrios. El rey ya no quería actuar como un príncipe sometido a una instancia eclesiástica supranacional en los asuntos temporales. La monarquía aspiraba a controlar la fiscalidad, la justicia y, en buena medida, la organización de la Iglesia dentro de sus fronteras.




