La encíclica Immortale Dei fue promulgada en un período de profundos cambios políticos y sociales en Europa, caracterizado por el ascenso del liberalismo, el secularismo y la creciente influencia de ideologías que abogaban por la separación radical entre la Iglesia y el Estado¹. En este contexto, el Papa León XIII buscó reafirmar la doctrina católica sobre la sociedad civil y la relación con la autoridad eclesiástica. Su propósito era guiar a los católicos en un mundo que cada vez más marginaba la fe en la esfera pública, y exponer la visión de la Iglesia sobre un orden social justo y beneficioso para todos².

La encíclica se enmarca en una serie de documentos papales que abordaron cuestiones similares. Por ejemplo, el Papa Gregorio XVI, en su encíclica Mirari Vos (1832), ya había condenado la indiferencia religiosa y la idea de que cada individuo puede formar sus propios juicios sobre la religión sin la guía de la Iglesia. También se opuso a la separación de la Iglesia y el Estado, considerándola perjudicial tanto para la religión como para el gobierno civil³. Asimismo, el Papa Pío IX había denunciado públicamente muchas opiniones falsas de su tiempo, que luego fueron resumidas para servir de guía a los católicos³.

El Origen Divino de la Autoridad

León XIII afirma que la sociedad civil, al igual que los individuos, está obligada a adorar a Dios y a reconocerlo como su Fundador y Sustentador^4,5. La naturaleza y la razón exigen que cada persona rinda culto a Dios, y esta misma ley se aplica a la comunidad civil. La sociedad, no menos que los individuos, debe gratitud a Dios por su existencia y por las innumerables bendiciones que la enriquecen⁴. Por lo tanto, es un crimen público actuar como si Dios no existiera, y un pecado para el Estado no preocuparse por la religión o considerarla fuera de su ámbito⁴.

El Papa subraya que la autoridad civil tiene su origen en Dios. Los gobernantes deben honrar el santo nombre de Dios y tienen el deber primordial de favorecer y proteger la religión mediante las leyes, sin promulgar ninguna medida que pueda comprometer su seguridad⁴. Esta obligación de los gobernantes hacia su pueblo es fundamental, ya que todos están destinados a alcanzar un bien supremo y final en el cielo, y la sociedad civil debe facilitar este fin último del hombre⁴.

La Verdadera Religión y el Estado

Según Immortale Dei, el Estado no puede adoptar cualquier forma de religión que le plazca, sino que está obligado a adorar a Dios de la manera que Él ha revelado como Su voluntad⁴. Esto implica que el Estado debe profesar la única religión verdadera, que puede ser reconocida sin dificultad, especialmente en Estados católicos, debido a las marcas de verdad que lleva inscritas⁶. Los gobernantes del Estado tienen el deber de preservar y proteger esta religión si desean proveer con prudencia y utilidad el bien de la comunidad⁶.

León XIII critica la idea de que el Estado no debe ofrecer homenaje a Dios ni desear ningún reconocimiento público de Él, o que todas las formas de culto deben considerarse iguales. Tales afirmaciones son manifiestamente falsas, ya que la sociedad civil fue establecida por la voluntad de Dios, y por lo tanto, debe reconocer a Dios como su Fundador y obedecer Su poder y autoridad⁶. La justicia y la razón prohíben que el Estado sea ateo o que trate las diversas religiones por igual, otorgándoles los mismos derechos y privilegios⁶.

La Relación entre Iglesia y Estado

La encíclica establece que la Iglesia y el Estado son dos sociedades, cada una soberana en su propio orden, pero ambas tienen a los mismos individuos como súbditos. La Iglesia tiene como fin inmediato la salvación de las almas y la consecución de la felicidad celestial⁷. Sin embargo, en lo temporal, es fuente de beneficios tan grandes como si su principal objetivo fuera asegurar la prosperidad de la vida terrenal⁷.

Cristo confirió a Sus Apóstoles una autoridad ilimitada en lo sagrado, incluyendo el poder de legislar, juzgar y castigar⁸. Por lo tanto, es la Iglesia, y no el Estado, quien debe guiar al hombre hacia el cielo. Dios le ha encomendado a la Iglesia la tarea de velar y legislar en todo lo que concierne a la religión, de enseñar a todas las naciones y de difundir la fe cristiana libremente y sin obstáculos⁸.

Aunque la Iglesia y el Estado son distintos, no deben estar separados radicalmente. La encíclica Immortale Dei enfatiza que para que la humanidad prospere, la Iglesia y el Estado deben unirse como partes de una única unidad sustancial, una comunidad de personas humanas destinadas a una felicidad tanto natural como sobrenatural⁹. La Iglesia es crucial para el florecimiento y desarrollo de la comunidad política, ya que su efecto civilizador en los Estados paganos una vez establecida fue inmenso⁹. La gracia perfecciona la naturaleza y es necesaria para sanar la naturaleza caída, asegurando que incluso la ley natural, que es la preocupación del Estado, sea cumplida de manera completa y confiable⁹.

En algunos casos, puede haber un acuerdo entre los gobernantes del Estado y el Romano Pontífice sobre asuntos específicos, lo que demuestra el amor maternal de la Iglesia al mostrar la mayor amabilidad e indulgencia posibles¹⁰.

León XIII condena las «libertades» modernas que, bajo una apariencia honesta, han surgido de principios erróneos y han producido frutos lamentables para el Estado¹¹. La encíclica ve en la Reforma Protestante del siglo XVI el origen de una «pasión dañina y deplorable por la innovación» que primero confundió la religión cristiana y luego invadió la filosofía, extendiéndose a todas las clases sociales¹. De esta fuente surgieron las doctrinas de la licencia desenfrenada, que fueron proclamadas como principios de una nueva concepción del derecho, contraria no solo a la ley cristiana sino también a la ley natural¹.

Estas doctrinas, que no pueden ser aprobadas por la razón humana y afectan gravemente el orden civil, han sido condenadas por los predecesores de León XIII. El Papa Gregorio XVI, en Mirari Vos, ya había denunciado la idea de que no se debe mostrar preferencia por ninguna forma particular de culto, que los individuos tienen derecho a formar sus propios juicios sobre la religión, que la conciencia de cada hombre es su única guía suficiente, y que es lícito publicar cualquier opinión y conspirar contra el Estado³.

La encíclica también lamenta la tendencia a prohibir la acción de la Iglesia o a mantenerla bajo el control del Estado, como se observa en la legislación que busca paralizar las instituciones cristianas, restringir la libertad de la Iglesia Católica y recortar sus prerrogativas¹². Esto incluye la educación laica de la juventud, la expropiación de órdenes religiosas y la supresión del poder temporal del Romano Pontífice¹².

León XIII instruye a los católicos sobre sus deberes en estos tiempos difíciles, tanto en opinión como en acción. Deben mantener firmemente todo lo que los Romanos Pontífices han enseñado o enseñarán en el futuro, y profesarlo abiertamente cuando sea necesario¹³. Es incompatible con la fe católica adoptar opiniones que se inclinen hacia el naturalismo o el racionalismo, cuya esencia es eliminar las instituciones cristianas e instalar la supremacía del hombre excluyendo a Dios¹⁴.

Además, es ilícito seguir una línea de conducta en la vida privada y otra en la pública, respetando privadamente la autoridad de la Iglesia pero rechazándola públicamente. Esto equivaldría a unir el bien y el mal, y a poner al hombre en conflicto consigo mismo, cuando debe ser siempre coherente y nunca desviarse de la virtud cristiana en ningún aspecto de su vida¹⁴.

Immortale Dei es una de las encíclicas más significativas de León XIII, y su enseñanza sobre la constitución cristiana de los Estados tuvo una profunda influencia en el pensamiento social católico. El Papa Pío XII, en su encíclica Summi Pontificatus, reafirmó la enseñanza de León XIII, destacando que la voluntad del Creador es que la soberanía civil regule la vida social según principios universales inmutables, facilite el perfeccionamiento físico, intelectual y moral de los individuos en el orden temporal, y los ayude a alcanzar su fin sobrenatural¹⁵.

Aunque la encíclica no pedía a los Estados que promulgaran leyes sobre la religión o que dirigieran a los ciudadanos a un fin sobrenatural, sí insistía en que no se debía obstaculizar la práctica religiosa de los católicos y se debía preservar su integridad¹⁶. El documento es un testimonio elocuente del efecto civilizador de la Iglesia y de cómo, una vez establecido el cristianismo, transformó los Estados paganos⁹. Los beneficios abundantes que la religión cristiana, por su propia naturaleza, otorga incluso a la vida mortal del hombre, se adquieren para la comunidad y la sociedad civil, hasta el punto de que «la condición del Estado depende de la religión con la que se adora a Dios»⁹.

León XIII, en Immortale Dei, también destaca cómo la Iglesia Católica ha sido históricamente la inventora, auspiciadora o guardiana de muchas instituciones que contribuyen al bienestar común, como aquellas que limitan la licencia de los príncipes, evitan la intromisión indebida del Estado en asuntos municipales o domésticos, y preservan la dignidad, la persona y la igualdad de derechos de los ciudadanos¹⁷.

En resumen, Immortale Dei sigue siendo un documento clave para comprender la visión católica de la sociedad política, la relación entre la fe y la razón, y el papel insustituible de la Iglesia en la promoción del bien común y la salvación de las almas.