Inquisición

La palabra inquisición procede del latín inquirere, «investigar». En sentido histórico, designa un procedimiento y, sobre todo, una institución judicial destinada a averiguar la existencia de herejía, apostasía, cisma u otras conductas consideradas perjudiciales para la integridad de la fe católica.

La Iglesia entendió durante siglos la herejía no como una mera opinión privada, sino como una ruptura pública con una verdad recibida mediante la Revelación y custodiada por la comunidad cristiana. En la sociedad medieval, donde la pertenencia religiosa estaba estrechamente unida a la identidad política y jurídica, la disidencia doctrinal podía adquirir también consecuencias civiles. Esa vinculación explica tanto la aparición de los tribunales inquisitoriales como la colaboración entre las autoridades eclesiásticas y los gobiernos.

La Inquisición no nació plenamente formada. Su desarrollo fue gradual y atravesó varias etapas:

• La disciplina eclesiástica antigua, centrada principalmente en la corrección, la penitencia y la exclusión de la comunión.
• La Inquisición medieval, organizada durante el siglo XIII mediante jueces delegados por el papa.
• Las inquisiciones ibéricas, especialmente la española y la portuguesa, configuradas con una fuerte participación de las monarquías.
• La Inquisición romana, creada en el siglo XVI para defender la doctrina católica frente a la expansión de las doctrinas reformadas.
• El Santo Oficio y la Congregación para la Doctrina de la Fe, órganos sucesores que abandonaron progresivamente la estructura inquisitorial y transformaron su finalidad.

La Congregación para la Doctrina de la Fe describió la Inquisición medieval como una red de tribunales cuyos responsables recibían una delegación pontificia expresa para juzgar a los acusados de herejía. La misma institución reconoce que aquellos tribunales podían imponer penas eclesiásticas y entregar los condenados a la autoridad civil para la ejecución de las penas temporales.¹

La Iglesia antigua

Durante los primeros siglos del cristianismo, la Iglesia no contó con tribunales inquisitoriales permanentes. La corrección de los errores doctrinales correspondía principalmente a los obispos y a las comunidades locales. Las sanciones habituales eran la amonestación, la penitencia, la exclusión de la comunión y, en casos graves, la expulsión de la comunidad.

La tradición cristiana antigua distinguía entre la defensa de la verdad revelada y la coacción civil. La aceptación de la fe debía proceder de la adhesión interior y no de la violencia. La disciplina eclesial, por tanto, se orientaba inicialmente a proteger la comunión de la Iglesia y a llamar a la conversión, no a administrar un sistema penal permanente.

La progresiva asociación entre religión y autoridad pública cambió la situación. Tras el reconocimiento legal del cristianismo en el Imperio romano, determinados delitos contra la fe comenzaron a recibir también sanciones civiles. La herejía pasó a considerarse, en distintos momentos y lugares, una amenaza para la unidad religiosa y para el orden público.

La sociedad cristiana medieval

La Edad Media europea no separaba de la manera moderna las esferas religiosa, política y social. La fe cristiana formaba parte de la estructura jurídica y cultural de los reinos. En ese contexto, los gobernantes podían considerar la herejía un delito que afectaba a la estabilidad política, mientras que los obispos la juzgaban como una lesión de la unidad eclesial.

La jurisdicción eclesiástica medieval comprendía delitos estrictamente religiosos, como la herejía, el cisma y la apostasía, junto con infracciones mixtas que poseían simultáneamente una dimensión moral, religiosa y civil. La autoridad eclesiástica podía imponer excomunión, penitencias, suspensiones, encarcelamiento u otras penas canónicas; la autoridad secular aplicaba las sanciones corporales y civiles conforme al derecho del reino.²

Fundación durante el pontificado de Gregorio IX

La Inquisición medieval surgió en la primera mitad del siglo XIII, durante el pontificado de Gregorio IX (1227-1241). Hasta entonces, la represión de la herejía había correspondido principalmente a los obispos diocesanos. El papado comenzó a designar legados y jueces especiales con competencia permanente para investigar y juzgar delitos contra la fe.¹

El nuevo modelo no consistió necesariamente en crear un tribunal central único. El papa nombraba jueces especializados y les delegaba su autoridad; allí donde actuaba uno de esos jueces existía una jurisdicción inquisitorial. La característica esencial residía, por tanto, en la condición de juez especial y permanente delegado por la autoridad pontificia.³

Los papas confiaron buena parte de esta tarea a miembros de las órdenes mendicantes, especialmente dominicos y franciscanos. Su formación teológica, su movilidad y su dependencia directa de superiores religiosos facilitaban la investigación de doctrinas heterodoxas en territorios extensos.¹

La lucha contra las herejías

La Inquisición medieval actuó especialmente contra movimientos considerados heréticos, entre ellos:

• Cátaros o albigenses, particularmente en el sur de Francia y algunas zonas de Italia.
• Valdenses, cuya predicación no autorizada y determinadas doctrinas fueron juzgadas heterodoxas.
• Fraticelli y otros grupos vinculados a interpretaciones radicales de la pobreza evangélica.
• Movimientos locales acusados de negar sacramentos, autoridad eclesial o doctrinas fundamentales.

La desaparición o debilitamiento de los grandes movimientos heréticos durante el siglo XV provocó el declive de numerosos tribunales. Algunas instituciones fueron suprimidas; otras redujeron notablemente su actividad judicial.¹

Procedimiento inquisitorial

El procedimiento inquisitorial sustituyó en parte el sistema acusatorio por una investigación oficial. El inquisidor podía iniciar una causa a partir de denuncias, testimonios, fama pública o indicios sobre la existencia de prácticas heréticas. El tribunal interrogaba al acusado y a los testigos, examinaba sus doctrinas y valoraba su disposición a retractarse.

El proceso medieval incluía elementos que hoy resultan incompatibles con las garantías jurídicas contemporáneas:

• Confidencialidad de determinados testimonios.
• Ocultación al acusado de los nombres de testigos.
• Valoración de declaraciones indirectas.
• Uso de la prisión preventiva.
• Posibilidad de aplicar tortura en circunstancias reguladas.
• Confiscación de bienes en ciertos supuestos.
• Entrega del condenado a la autoridad secular.

La tortura no constituyó el rasgo originario de la Inquisición. Los tribunales la incorporaron posteriormente dentro del marco penal común de la Europa medieval y moderna, donde otros tribunales civiles también la utilizaban. La Congregación para la Doctrina de la Fe reconoce que el procedimiento inquisitorial admitió la tortura bajo condiciones concretas y que, en los casos más graves, podía culminar en una condena a muerte ejecutada por la autoridad civil.¹

Algunos reglamentos intentaron limitar los abusos. En la Inquisición portuguesa, por ejemplo, determinadas normas exigían indicios legítimos antes de encarcelar a un acusado, prohibían prolongar innecesariamente la detención, permitían la intervención de abogados y rechazaban las presiones, amenazas o promesas dirigidas a obtener declaraciones.^4,4

Dos jurisdicciones distintas

La Inquisición pertenecía formalmente a la jurisdicción eclesiástica en cuanto investigaba delitos contra la fe y pronunciaba sentencias sobre la condición religiosa del acusado. Sin embargo, la Iglesia medieval carecía normalmente de medios propios para aplicar penas corporales o ejecutar condenas de muerte.

Cuando el tribunal eclesiástico declaraba a una persona culpable de herejía contumaz e impenitente, podía entregarla al brazo secular. La autoridad civil recibía entonces al condenado y aplicaba la pena prevista por la legislación del reino. Esta distinción jurídica no elimina la responsabilidad histórica de las autoridades eclesiásticas por los juicios, las condenas doctrinales o las entregas, pero impide atribuir mecánicamente a la Iglesia la ejecución material de todas las penas.

La Inquisición española, por ejemplo, funcionaba como un tribunal de carácter mixto en su contexto institucional: juzgaba la ortodoxia de las doctrinas y los delitos contra la fe, pero utilizaba las leyes civiles para la sanción temporal posterior. Las leyes que regulaban muchos aspectos procesales y penales pertenecían al derecho español, no al derecho universal de la Iglesia romana.⁵

La cooperación entre ambas autoridades resultaba habitual en la Europa de la época. Los gobiernos consideraban la herejía una amenaza social y política, y apoyaban activamente la actuación inquisitorial.¹

Responsabilidad histórica

La distinción entre jurisdicciones exige una valoración equilibrada:

• La Iglesia tuvo responsabilidad en la definición de la herejía, la organización de tribunales eclesiásticos, la delegación de jueces, la imposición de penas canónicas y la entrega de determinados condenados al poder civil.
• Las monarquías y magistraturas civiles tuvieron responsabilidad en la legislación penal, la custodia de presos, la confiscación civil de bienes y la ejecución de las penas corporales o capitales.
• Las autoridades locales determinaron con frecuencia la intensidad real de la persecución y el modo de aplicar las sentencias.
• La práctica concreta varió según el país, el periodo, los inquisidores, los jueces civiles y las circunstancias políticas.

Por esa razón, la expresión «la Iglesia quemaba a los herejes» resulta históricamente imprecisa si pretende describir directamente la ejecución material. Pero también sería incompleta una defensa que ignorase la responsabilidad eclesiástica en la condena y en la entrega al brazo secular.

Creación y organización

La Inquisición española nació en 1478 durante el reinado de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, con autorización del papa Sixto IV. La medida respondió principalmente a la preocupación por los conversos de origen judío acusados de practicar clandestinamente el judaísmo después del bautismo.¹

Aunque contaba con autorización pontificia, la institución adquirió una autonomía considerable respecto de Roma. Los monarcas presentaban al papa el candidato a inquisidor general, y el pontífice le confería jurisdicción en los delitos contra la fe. El inquisidor general podía delegar sus facultades en tribunales regionales.¹

La estructura incluía:

• Un inquisidor general.
• Un consejo supremo, conocido como Consejo de la Suprema y General Inquisición.
• Tribunales territoriales.
• Inquisidores, fiscales, calificadores, notarios, alguaciles y otros oficiales.
• Cárceles y órganos de administración económica.

La antigua descripción de la organización española habla de varios tribunales provinciales con jurisdicción territorial y de un consejo supremo encargado de supervisar sus actuaciones y resolver apelaciones.⁵

Principales ámbitos de actuación

La Inquisición española juzgó inicialmente casos de judaísmo practicado por conversos. Con el tiempo amplió su actividad a otros delitos religiosos o morales:

• Protestantismo.
• Islam practicado clandestinamente por bautizados.
• Apostasía.
• Blasfemia.
• Proposiciones heréticas.
• Bigamia.
• Solicitación en el sacramento de la penitencia.
• Supersticiones y determinados casos de brujería.
• Lectura o difusión de obras prohibidas.

La amplitud de estas competencias convirtió a la Inquisición española en una institución religiosa, judicial y política de gran influencia. Su dependencia financiera y administrativa de la Corona favoreció la utilización del tribunal dentro del proyecto de uniformidad religiosa de la monarquía.

Conversos, judíos y moriscos

La actuación contra los conversos de origen judío constituye uno de los aspectos más controvertidos de la Inquisición española. La institución juzgaba formalmente a cristianos bautizados sospechosos de volver a prácticas judías. Sin embargo, el contexto estuvo marcado por conversiones forzosas, presiones sociales, prejuicios antijudíos, rivalidades económicas y políticas de uniformidad religiosa.

La persecución afectó también a los moriscos, musulmanes bautizados que conservaron prácticas islámicas o vínculos culturales con el islam. La conversión obligatoria, la desconfianza hacia las comunidades musulmanas y la creciente identificación entre unidad religiosa y seguridad política prepararon el camino para medidas cada vez más severas.

La Inquisición portuguesa actuó en un contexto comparable contra los llamados cristianos nuevos. La presión de la Corona, la persecución de los conversos y la consideración de la herejía como asunto de seguridad pública otorgaron al tribunal una dimensión política y económica considerable. Una fuente histórica describe cómo la institución favoreció denuncias falsas, chantajes y divisiones sociales, además de perjudicar la actividad económica portuguesa.⁶

Autos de fe

El auto de fe era una ceremonia pública en la que el tribunal anunciaba sentencias y reconciliaba a los penitentes con la Iglesia. No equivalía por sí mismo a una ejecución. La ceremonia podía incluir:

• Lectura de las acusaciones y sentencias.
• Abjuraciones.
• Penitencias públicas.
• Reconciliación de los arrepentidos.
• Imposición de penas.
• Entrega al brazo secular de los impenitentes condenados a penas temporales.

La ejecución civil podía producirse después, fuera del acto estrictamente litúrgico o judicial inquisitorial. La confusión entre el auto de fe y la ejecución procede en parte de la proximidad temporal y simbólica entre ambos acontecimientos.

Procedimiento y garantías

La Inquisición española desarrolló un procedimiento detallado y, en algunos aspectos, más reglamentado que el de otros tribunales contemporáneos. Los acusados podían recibir defensa y presentar pruebas; también existían mecanismos de apelación y revisión.

Sin embargo, las garantías no alcanzaban los estándares actuales. El ocultamiento de los nombres de los testigos, la utilización de la tortura, la prisión preventiva, la desigualdad entre acusación y defensa y la confiscación de bienes podían perjudicar gravemente al acusado. La propia estructura de la época concebía la defensa de la fe como un bien superior a la libertad de conciencia entendida en sentido moderno.

La Inquisición portuguesa fue establecida en el siglo XVI tras una prolongada negociación entre la Corona portuguesa y la Santa Sede. El rey Juan III solicitó su creación en 1531, y la autorización pontificia llegó en 1547. El infante Enrique, futuro rey, ejerció como inquisidor general.⁶

Su actividad se dirigió especialmente contra los cristianos nuevos acusados de judaísmo clandestino. El tribunal adquirió una influencia profunda en la vida política y económica del reino. La persecución produjo emigración de capitales, conflictos sociales y sospechas generalizadas.

La legislación inquisitorial portuguesa incluía normas encaminadas a impedir abusos procesales. Prohibía confiscar bienes antes de la sentencia definitiva, exigía inventariar el patrimonio, protegía los alimentos de la familia del acusado y ordenaba restituir los bienes pertenecientes a terceros.⁴

También establecía que nadie debía ser encarcelado sin indicios legítimos y que los detenidos no podían permanecer presos más tiempo del necesario.⁴ El abogado podía recibir una copia del proceso, con la supresión de los nombres y circunstancias que identificasen a los testigos.⁴

Estas normas muestran la existencia de límites jurídicos internos, aunque la presencia de garantías reglamentarias no elimina los abusos ni la dureza de la institución en la práctica.

Fundación en 1542

La Inquisición romana, llamada oficialmente Sagrada Congregación de la Inquisición Romana y Universal, fue creada por el papa Paulo III mediante la constitución Licet ab initio, de 21 de julio de 1542. Un colegio inicial de seis cardenales recibió competencia para juzgar cuestiones relacionadas con la fe, actuar como tribunal de primera instancia en causas reservadas al papa y resolver apelaciones.^3,7

La institución respondió a la expansión de las doctrinas de la Reforma protestante en los territorios italianos y a la necesidad de coordinar la defensa doctrinal católica durante la crisis religiosa del siglo XVI. Con el tiempo incorporó consultores, calificadores, fiscales, defensores y otros funcionarios especializados.

Sixto V reorganizó profundamente la congregación mediante la constitución Immensa aeterni Dei de 1588. La Inquisición romana quedó integrada en la estructura de las congregaciones de la Curia y amplió su competencia a materias relacionadas directa o indirectamente con la fe y las costumbres.^3,7

El Índice de libros prohibidos

En 1571, san Pío V creó la Congregación del Índice, encargada de examinar y prohibir libros contrarios a la fe o a la moral. La competencia sobre el Índice había pertenecido inicialmente a la Inquisición. La Congregación del Índice fue suprimida en 1917, y sus funciones regresaron al Santo Oficio.⁷

El Índice respondía a una concepción histórica de la protección de la fe que incluía limitar el acceso a determinadas publicaciones. El Concilio Vaticano II y la reforma posterior modificaron profundamente este modelo, sustituyendo el énfasis en la prohibición por procedimientos de examen doctrinal, diálogo y corrección.

Galileo Galilei

El proceso de Galileo Galilei pertenece a la historia de la Inquisición romana, aunque no puede reducirse a una simple oposición entre ciencia y religión. El caso implicó cuestiones astronómicas, interpretaciones bíblicas, debates filosóficos, rivalidades académicas y las tensiones religiosas de la época.

La condena de 1633 mostró los límites intelectuales y jurídicos de los procedimientos eclesiásticos del periodo. La Iglesia católica reconoció posteriormente la necesidad de una revisión histórica y teológica de aquel proceso, especialmente respecto de la autonomía legítima de la investigación científica y de la interpretación de la Sagrada Escritura.

Penas eclesiásticas

Los tribunales inquisitoriales podían imponer penas espirituales y jurídicas diversas:

• Abjuración de errores.
• Penitencias públicas.
• Peregrinaciones.
• Uso de signos penitenciales.
• Multas.
• Prisión.
• Reclusión en monasterios.
• Suspensión de cargos.
• Excomunión.
• Reconciliación con la Iglesia.

El objetivo declarado podía ser la corrección del culpable y su retorno a la comunión eclesial. La Inquisición española distinguía entre el hereje arrepentido, que podía reconciliarse, y el hereje impenitente, que afrontaba consecuencias más graves.⁵

Entrega al brazo secular

La pena de muerte no constituía una sanción ejecutada directamente por el tribunal eclesiástico. El tribunal declaraba la herejía y, en los casos correspondientes, entregaba al condenado a la autoridad civil. La autoridad secular aplicaba entonces la pena prevista por el derecho civil.

La Congregación para la Doctrina de la Fe resume esta relación afirmando que la autoridad civil ejecutaba la pena de muerte, porque los poderes temporales consideraban al hereje una amenaza para la sociedad.¹

La separación jurídica entre sentencia eclesiástica y ejecución civil no permite presentar a la Iglesia como ajena al resultado. La decisión eclesiástica podía provocar la entrega y hacer posible la ejecución. Una interpretación histórica rigurosa debe atribuir a cada poder su responsabilidad concreta sin borrar la cooperación institucional que existía entre ambos.

La tortura

La tortura formó parte del derecho procesal europeo durante siglos. La Inquisición la admitió en determinadas circunstancias, con límites teóricos sobre su duración, intensidad y finalidad probatoria. No obstante, la regulación jurídica no impidió necesariamente el sufrimiento ni los abusos.

La existencia de normas restrictivas tampoco convierte el procedimiento en compatible con la dignidad humana tal como la Iglesia la comprende actualmente. La experiencia histórica de la tortura, las ejecuciones y las condenas por motivos religiosos forma parte de la revisión crítica que la Iglesia ha realizado sobre los métodos empleados en épocas anteriores.

La defensa de la fe

La Iglesia posee la responsabilidad de custodiar la doctrina cristiana y transmitirla íntegramente. La Congregación para la Doctrina de la Fe continúa describiendo esta responsabilidad como una tarea propia del papa y de los obispos en comunión con él.¹

Desde la perspectiva católica, la defensa de la verdad revelada no equivale a justificar cualquier medio. La Iglesia distingue entre:

• La enseñanza doctrinal.
• La corrección pastoral.
• La disciplina interna de los fieles.
• El juicio moral sobre una conducta.
• La coerción penal civil.

La custodia de la fe corresponde a la misión espiritual de la Iglesia, pero la coacción violenta, la tortura y la pena de muerte pertenecen a un orden histórico y jurídico que no puede presentarse como exigencia permanente del Evangelio.

La libertad religiosa

La comprensión católica contemporánea de la dignidad humana y de la libertad religiosa ha profundizado la diferencia entre la verdad religiosa y la coacción externa. La fe exige una adhesión libre; ninguna persona debe recibir violencia para creer.

La disciplina histórica de la Inquisición reflejó una concepción de la sociedad cristiana en la que la unidad religiosa constituía un bien público y la herejía podía recibir sanciones civiles. Esa concepción no coincide plenamente con el desarrollo posterior de la doctrina católica sobre la libertad religiosa, la conciencia y los límites de la autoridad política.

Leyenda negra y responsabilidad real

La historia de la Inquisición sufrió interpretaciones propagandísticas, especialmente en conflictos entre católicos y protestantes o entre monarquías rivales. Algunos relatos exageraron cifras, uniformaron instituciones diferentes y atribuyeron todos los actos inquisitoriales directamente al papa o a la Iglesia universal.

La crítica a las exageraciones no justifica negar los hechos comprobados: existieron procesos injustos, torturas, confiscaciones, condenas y ejecuciones. También existieron diferencias significativas entre tribunales y periodos. La Inquisición medieval, la española, la portuguesa y la romana no compartieron idéntica organización, competencia ni relación con el poder político.

Una valoración responsable evita dos extremos:

• La demonización simplificadora, que presenta toda la historia inquisitorial como una institución idéntica en todos los lugares y siglos.
• La apología acrítica, que utiliza la existencia de normas procesales o la intervención del brazo secular para negar la responsabilidad eclesiástica.

Reforma del siglo XX

La antigua Inquisición romana pasó a llamarse Santo Oficio en 1908 durante la reorganización de la Curia romana realizada por san Pío X. En 1917, la supresión de la Congregación del Índice devolvió sus competencias al Santo Oficio.⁷

El cambio decisivo llegó con el papa Pablo VI, que mediante el motu proprio Integrae servandae, de 7 de diciembre de 1965, transformó el Santo Oficio en la Congregación para la Doctrina de la Fe. La reforma modificó tanto el nombre como el espíritu y los métodos de la institución.

Pablo VI estableció que la nueva congregación debía custodiar la doctrina sobre la fe y las costumbres en toda la Iglesia, examinar las nuevas enseñanzas, promover estudios teológicos y escuchar a los obispos y a los autores afectados antes de condenar una doctrina.⁸

La reforma sustituyó el predominio de la condena punitiva por una orientación de corrección de los errores, protección de la fe y promoción positiva de la doctrina. También abolió el Índice de libros prohibidos.⁷

Función actual

La institución recibe actualmente el nombre de Dicasterio para la Doctrina de la Fe. Su misión principal consiste en promover y custodiar la doctrina católica sobre la fe y la moral, proteger la integridad del mensaje evangélico y examinar enseñanzas, escritos y opiniones que puedan contradecir la doctrina de la Iglesia.⁹

El dicasterio ya no funciona como la Inquisición histórica:

• No dispone de tribunales civiles.
• No entrega condenados a un brazo secular.
• No aplica penas corporales ni penas de muerte.
• No administra cárceles penales civiles.
• No utiliza la tortura.
• No ejerce una jurisdicción penal sobre la sociedad civil.
• Actúa dentro del orden canónico y doctrinal de la Iglesia.

Su tarea ordinaria es doctrinal, pastoral y disciplinaria. Examina proposiciones teológicas, interviene ante errores graves, protege la celebración válida y lícita de los sacramentos y promueve la integridad de la fe.

La normativa de 1965 contemplaba todavía una vía administrativa y otra judicial dentro de la competencia eclesiástica.⁸ En la organización posterior, el dicasterio conservó competencia para juzgar determinados delitos graves contra la fe o contra la celebración de los sacramentos, conforme al derecho canónico.⁷

Por ello, la expresión «sin funciones judiciales penales» requiere una precisión: el Dicasterio para la Doctrina de la Fe carece de las funciones penales civiles y coercitivas propias de los antiguos tribunales inquisitoriales, pero puede ejercer competencias judiciales canónicas en delitos reservados por el derecho de la Iglesia. Su actividad no constituye una continuación material de la Inquisición medieval o moderna.

Del tribunal de represión al servicio de la verdad

La evolución institucional refleja un cambio profundo:

La Inquisición histórica buscaba investigar y sancionar judicialmente la herejía dentro de sociedades confesionales; el actual Dicasterio para la Doctrina de la Fe procura custodiar, explicar y promover la doctrina católica mediante procedimientos pastorales, teológicos, administrativos y, en casos determinados, canónicos.

El cambio no supone que la Iglesia haya renunciado a la verdad doctrinal. Significa que la defensa de la fe adopta medios compatibles con la dignidad humana, la libertad religiosa, el diálogo teológico y la distinción entre la autoridad espiritual de la Iglesia y la potestad coercitiva del Estado.

La Inquisición influyó profundamente en la configuración de Europa y de los territorios ibéricos. Contribuyó a reforzar la uniformidad religiosa de algunas monarquías, condicionó la circulación de libros e ideas, afectó a minorías religiosas y participó en la formación de sistemas administrativos centralizados.

También dejó una huella duradera en la memoria colectiva. La palabra «inquisición» designa actualmente, en sentido figurado, una investigación opresiva o una vigilancia ideológica. Este uso moderno procede de la percepción histórica de sus procedimientos, especialmente del secreto procesal, la denuncia, la prisión y la coacción.

La historia inquisitorial muestra la necesidad de distinguir entre la defensa legítima de la verdad religiosa y los medios injustos empleados para imponerla. La Iglesia conserva la responsabilidad de custodiar la fe, pero la experiencia histórica de la Inquisición revela que la autoridad eclesiástica debe ejercer esa misión respetando la dignidad de la persona y rechazando la violencia como instrumento de conversión.

La Inquisición fue una realidad plural y cambiante, no una institución única. Comprendió tribunales medievales delegados por el papa, organismos ibéricos estrechamente relacionados con las monarquías y la Inquisición romana surgida en el contexto de la Reforma protestante.

La autoridad eclesiástica juzgaba la dimensión religiosa de la herejía; las autoridades civiles aplicaban las penas temporales y ejecutaban las condenas capitales. Esta diferencia no borra la cooperación entre Iglesia y Estado ni la responsabilidad histórica de cada poder.

Desde el siglo XX, el Santo Oficio se transformó en la Congregación para la Doctrina de la Fe y posteriormente en el Dicasterio para la Doctrina de la Fe. La institución actual ya no ejerce la jurisdicción penal civil ni utiliza métodos inquisitoriales históricos. Su misión consiste principalmente en promover y custodiar la doctrina católica, mediante el estudio, la corrección doctrinal, el discernimiento teológico y, en casos concretos, procedimientos canónicos reservados a la autoridad de la Iglesia.