El término «justicia social» es relativamente reciente en la historia de la teología y la filosofía política, apareciendo por primera vez en el siglo XIX1. Fue introducido por el filósofo jesuita Luigi Taparelli D’Azeglio y formalmente incorporado a la doctrina social papal con la encíclica Quadragesimo Anno de Pío XI en 1931, aunque Pío XI ya había equiparado la justicia legal tomista con la justicia social en 19231.
Antes de la formalización del término, la Iglesia ya abordaba las cuestiones subyacentes a la justicia social. El Papa León XIII, en su encíclica Rerum Novarum (1891), sentó las bases de la doctrina social moderna al abordar la «cuestión obrera» y la miseria de la clase trabajadora2,3,4. En este documento, León XIII condenó la explotación y la codicia, defendió el derecho a la propiedad privada, pero también enfatizó la necesidad de una distribución justa de los bienes y la protección de los derechos de los trabajadores5,6,7,8. Subrayó que el Estado tiene el deber de velar por el bien común y proteger a los más necesitados, especialmente a los asalariados, quienes carecen de recursos propios y dependen en gran medida de la asistencia estatal9,10.
La Justicia Legal Tomista como Precursora
Para comprender la justicia social en el pensamiento católico, es útil considerar la noción de justicia legal de Santo Tomás de Aquino. La justicia legal es la virtud que «dirige los actos de todas las virtudes al bien común»1. Inclina a la persona a realizar acciones útiles para la comunidad1. En este sentido, la justicia social puede entenderse como una actualización de la justicia legal tomista, inclinando a personas y grupos a trabajar por el bien común en diversos ámbitos como la familia, las profesiones, las asociaciones voluntarias, las escuelas y la comunidad política a nivel local, nacional e internacional11.
