La Iglesia frente al liberalismo

Liberalismo como corriente histórica

El liberalismo surgió en la Edad Moderna y adquirió una formulación política decisiva durante las revoluciones atlánticas, especialmente la Revolución francesa. Sus expresiones históricas fueron diversas: algunas defendieron la limitación del poder estatal, la representación política y determinadas libertades civiles; otras propugnaron una concepción radicalmente secular del Estado y de la sociedad.

Por este motivo, liberalismo no designa una realidad única. Puede referirse a:

• Una teoría política basada en los derechos individuales.
• Una concepción económica centrada en la propiedad privada y el mercado.
• Una filosofía que entiende la libertad como autonomía moral absoluta.
• Una actitud religiosa inclinada al indiferentismo doctrinal o a la reducción del cristianismo a una convicción privada.

La crítica católica recayó principalmente sobre esta última concepción y sobre sus consecuencias políticas y sociales, no sobre toda forma concreta de libertad civil o de actividad económica. La distinción entre el sistema económico y la ideología que puede acompañarlo resulta fundamental para interpretar la doctrina social de la Iglesia.¹

Liberalismo filosófico

El liberalismo filosófico sostiene, en sus formas radicales, que la persona posee una autonomía absoluta para determinar la verdad, el bien y las normas de la vida social. Desde la perspectiva católica, esta autonomía desconoce que el ser humano es una criatura dependiente de Dios y que la libertad no consiste en crear arbitrariamente la verdad moral.

La Iglesia no rechaza la libertad humana. Considera que la persona posee razón y voluntad, y que puede responder libremente a Dios. Lo que rechaza es la pretensión de ejercer la libertad al margen de Dios, de la ley moral objetiva y de la verdad sobre la persona.¹

Pablo VI describió el liberalismo filosófico como una concepción que exalta la libertad individual, orientándola hacia la búsqueda exclusiva del interés y del poder, mientras considera las solidaridades sociales como resultados automáticos de iniciativas privadas. El problema no reside, por tanto, en la libertad, sino en su separación de la responsabilidad, de la verdad y del bien común.¹

Liberalismo político

En el ámbito político, el liberalismo puede defender la limitación del poder, la participación ciudadana, la división de poderes y la protección jurídica de determinados derechos. Tales elementos no coinciden necesariamente con el relativismo moral ni con la negación de Dios.

Sin embargo, las formas radicales del liberalismo político tendieron a concebir el Estado como una autoridad autosuficiente, independiente de toda ley moral y de cualquier reconocimiento público de la religión. En esa perspectiva, la Iglesia quedaba reducida a una asociación privada, dependiente de la autorización del poder civil. La concepción liberal extrema atribuía al Estado la fuente última de todos los derechos y consideraba que la Iglesia solo podía existir en virtud de una concesión estatal.²

La Iglesia rechazó esa subordinación porque entiende que posee un origen y una misión sobrenaturales que no proceden del Estado. También defendió la libertad de la Iglesia para anunciar el Evangelio, administrar los sacramentos, educar a sus fieles y organizar su vida interna.

Liberalismo económico

El liberalismo económico promueve, en sus formulaciones clásicas, la propiedad privada, el intercambio voluntario, la iniciativa empresarial y la coordinación de la producción mediante el mercado. La Iglesia no ha emitido un juicio uniforme sobre cada mecanismo económico concreto. Su valoración depende de la concepción de la persona, de las condiciones laborales, de la distribución de los bienes y de la responsabilidad social que acompañen al sistema.

La doctrina social católica distingue el mercado como instrumento de intercambio de la ideología que convierte el interés individual, la competencia o el beneficio en criterios supremos de la vida social. Un sistema económico puede incorporar mecanismos de mercado sin aceptar una antropología individualista, utilitarista o materialista.¹

La Iglesia critica, por tanto, el liberalismo económico cuando:

• Reduce la persona a productor o consumidor.
• Subordina el trabajo al capital.
• Considera la pobreza una consecuencia inevitable del sistema.
• Abandona la economía a la búsqueda ilimitada del beneficio.
• Desconoce la dimensión social de la propiedad.
• Confía en que el interés privado produzca automáticamente justicia y solidaridad.

La crítica no equivale a una condena de toda economía de mercado. La doctrina social católica juzga las instituciones económicas a partir de la dignidad humana, el bien común, la justicia y la solidaridad.

El contexto histórico

Durante el siglo XIX, la Iglesia afrontó revoluciones políticas, secularización de las instituciones, confiscación de bienes eclesiásticos, restricciones a las órdenes religiosas y proyectos de subordinación de la Iglesia al Estado. En muchos países, el liberalismo se presentó unido a programas que negaban a la religión una presencia pública y pretendían someter la actividad eclesial a la autoridad civil.

Las condenas pontificias deben interpretarse dentro de ese contexto. No respondían solo a una teoría abstracta de la libertad, sino también a medidas concretas que afectaban a la libertad de la Iglesia, a la educación católica, al matrimonio, a la propiedad eclesiástica y a la organización de la sociedad.

Gregorio XVI y Mirari vos

El papa Gregorio XVI condenó en 1832 diversas tesis vinculadas al liberalismo religioso y político en la encíclica Mirari vos. La crítica se dirigía especialmente contra el indiferentismo religioso, la idea de que todas las religiones poseen igual valor ante la verdad y la defensa de una libertad de conciencia entendida como independencia absoluta respecto de la verdad objetiva.

La posición de Gregorio XVI no debe identificarse sin más con una negación de toda libertad de conciencia. La Iglesia distingue entre la dignidad de la conciencia, que debe actuar sin coacción, y la afirmación de que cualquier opción religiosa resulta igualmente verdadera o moralmente legítima.

Pío IX, Quanta cura y el Syllabus

Pío IX condenó en la encíclica Quanta cura, publicada el 8 de diciembre de 1864, diversas proposiciones relacionadas con el naturalismo, el indiferentismo religioso y la autonomía absoluta del Estado. El mismo año publicó el Syllabus errorum, recopilación de proposiciones consideradas incompatibles con la doctrina católica de entonces.³

La crítica de Pío IX se dirigía contra una concepción de la sociedad que pretendía excluir a Dios de la vida pública y convertir al Estado en instancia suprema de la verdad, de la moral y de los derechos. El problema central no consistía simplemente en que el Estado fuese constitucional o representativo, sino en que reclamase una soberanía ilimitada sobre la religión y sobre la Iglesia.

El Syllabus ha suscitado debates posteriores porque sus proposiciones aparecen formuladas en relación con errores concretos y dentro de un contexto polémico. Su interpretación exige considerar el contenido de las proposiciones condenadas, el género literario de la recopilación y los documentos pontificios a los que remite. No resulta correcto utilizarlo como una condena indistinta de toda libertad moderna, de toda democracia o de toda separación entre la Iglesia y el Estado.

La doctrina clásica

La tradición católica anterior al siglo XX distinguía entre la autoridad espiritual de la Iglesia y la autoridad temporal del Estado, aunque reconocía una relación entre ambas. El poder civil debía promover el bien común y respetar la ley natural; la Iglesia, por su parte, poseía competencia propia en las materias relacionadas con la fe, los sacramentos y la vida sobrenatural.

En los Estados confesionalmente católicos, la doctrina clásica defendía una cooperación estrecha entre las autoridades civiles y eclesiásticas. En cambio, admitía soluciones prácticas distintas cuando la unidad religiosa ya no existía o cuando una determinada situación histórica hacía inviable una organización confesional. Incluso exposiciones católicas de comienzos del siglo XX contemplaban la abstención confesional del Estado en sociedades religiosamente plurales como una solución práctica a una situación de división religiosa.²

La distinción entre tesis e hipótesis

La distinción entre tesis e hipótesis ocupó un lugar importante en la teología política católica del siglo XIX y de la primera mitad del XX.

• La tesis describía el ideal doctrinal: una sociedad ordenada a la verdad religiosa y una autoridad civil que reconociera públicamente la misión de la Iglesia.
• La hipótesis designaba la situación histórica concreta, especialmente una sociedad pluralista en la que resultaba necesario aceptar determinadas libertades civiles y una organización no confesional del Estado.

La hipótesis no equivalía necesariamente a afirmar que todas las formas de pluralismo religioso fueran ideales. Expresaba, más bien, la necesidad práctica de convivir con una realidad social determinada. Pío IX aprobó posteriormente esta distinción, que permitía reclamar libertades modernas en el orden político sin considerarlas, en el plano teórico, el modelo más perfecto de la relación entre religión y Estado.⁴

Esta distinción facilitó durante un tiempo la adaptación práctica de la Iglesia a diversos regímenes constitucionales. Sin embargo, también generó dificultades, porque podía presentar la libertad religiosa como una mera concesión prudencial y no como una exigencia fundada en la dignidad de la persona.

Libertad humana y autoridad

León XIII desarrolló una respuesta más sistemática a la modernidad política. Su enseñanza distinguió entre la libertad verdadera, orientada al bien y fundada en la verdad, y la libertad entendida como poder ilimitado de elegir cualquier cosa.

Desde esta perspectiva, la autoridad no destruye la libertad. Una autoridad legítima protege el bien común, garantiza la justicia y limita el abuso del poder privado. La libertad auténtica requiere un orden moral y jurídico que impida tanto la tiranía del Estado como la dominación de los más fuertes sobre los débiles.

Iglesia y Estado

León XIII defendió la independencia de la Iglesia frente al Estado y rechazó la concepción liberal que convertía la religión en una concesión administrativa. Al mismo tiempo, su pensamiento no puede reducirse a una defensa mecánica de las formas políticas anteriores. Su enseñanza buscó preservar principios permanentes -la primacía de la ley moral, la libertad de la Iglesia y la dimensión social de la autoridad- dentro de circunstancias políticas nuevas.

Algunos intérpretes han sostenido que la doctrina leonina sobre la relación entre Iglesia y Estado respondía principalmente a la lucha contra monarquías hostiles y regímenes revolucionarios. Desde esta perspectiva, sus formulaciones políticas incluían aplicaciones históricas junto con principios doctrinales más permanentes.⁵

La cuestión social

La respuesta de León XIII al liberalismo económico alcanzó una expresión decisiva en la encíclica Rerum novarum, de 1891. La Iglesia defendió la propiedad privada, pero negó que el propietario pudiera utilizar sus bienes sin responsabilidad social. También defendió los derechos de los trabajadores, la asociación profesional, un salario justo y la intervención legítima de la autoridad pública para proteger a los más vulnerables.

La doctrina social católica rechazó tanto el individualismo liberal como el colectivismo socialista. La propiedad privada posee una función personal y familiar, pero también una función social. El mercado puede desempeñar una función útil, aunque no puede constituir por sí solo el criterio supremo de la justicia.

El cambio de contexto

Durante el siglo XX, las circunstancias políticas cambiaron profundamente. La experiencia de los totalitarismos, la expansión de los Estados constitucionales y la existencia de sociedades religiosamente plurales exigieron una reflexión más precisa sobre la libertad religiosa.

La Iglesia descubrió también, en distintos países, que la protección jurídica de la libertad religiosa podía favorecer su propia misión evangelizadora. La libertad de la Iglesia no dependía necesariamente de que el Estado profesase oficialmente la fe católica. En determinados contextos, un Estado no confesional podía proteger eficazmente la libertad de la Iglesia y limitar su propia competencia en materia religiosa.⁵

El Concilio Vaticano II

La declaración Dignitatis humanae, promulgada por el Concilio Vaticano II en 1965, afirmó el derecho de la persona y de las comunidades a la libertad religiosa en el orden civil. Este derecho se funda en la dignidad humana y protege frente a la coacción externa, especialmente por parte del poder político.

La libertad religiosa no significa que todas las religiones sean igualmente verdaderas ni que la Iglesia abandone la convicción de que la plenitud de la verdad subsiste en la Iglesia católica. Significa que nadie debe sufrir coacción civil para actuar contra su conciencia en materia religiosa, ni debe ser impedido de actuar conforme a ella dentro de los justos límites del orden público.

La declaración conciliar no convirtió el relativismo religioso en doctrina católica. La Iglesia continúa rechazando el indiferentismo y la equiparación de todas las religiones como si la verdad religiosa careciera de importancia. La novedad reside en la formulación del derecho civil a la inmunidad frente a la coacción, no en la negación de la verdad cristiana.

La interpretación de la continuidad

La relación entre las condenas del siglo XIX y la enseñanza del Concilio Vaticano II ha originado un amplio debate teológico. Una interpretación sostiene que existe continuidad sustancial: los documentos anteriores condenaban el indiferentismo, el relativismo y la autonomía absoluta del Estado, mientras que Dignitatis humanae protege la libertad civil sin aprobar esos errores.

Esta interpretación distingue entre:

• La verdad de la religión católica.
• El deber moral de buscar la verdad.
• La inmunidad civil frente a la coacción.
• Las formas históricas de relación entre Iglesia y Estado.

Desde este punto de vista, el desarrollo conciliar no contradice las condenas anteriores porque aquellas no condenaban necesariamente la inmunidad jurídica frente a la coacción religiosa, sino la afirmación de que el Estado carece de toda relación con la verdad y con la ley moral.

La interpretación de la discontinuidad

Otros autores consideran que determinados documentos del siglo XIX defendieron una forma de Estado confesional incompatible con la concepción conciliar de la libertad religiosa. Según esta lectura, el Concilio habría corregido elementos históricos de la doctrina política anterior, aunque mantuviera los principios fundamentales de la fe y de la moral.

Esta posición concede especial importancia al contexto histórico de las condenas y a la diferencia entre los principios doctrinales permanentes y sus aplicaciones políticas contingentes. También observa que algunas formulaciones magisteriales dependían de situaciones concretas y podían incluir soluciones históricas posteriormente superadas.⁴

La interpretación del desarrollo orgánico

Una tercera vía busca explicar la evolución mediante un desarrollo doctrinal orgánico. Según este enfoque, la Iglesia habría profundizado en la relación entre verdad, libertad y dignidad humana sin abandonar la convicción de que existe una verdad religiosa objetiva.

La discusión académica continúa abierta en cuanto al grado exacto de continuidad y al estatuto doctrinal de cada afirmación. Algunos teólogos sostienen que la continuidad debe presumirse cuando una doctrina ha sido enseñada de forma autoritativa y constante; otros advierten que cada caso exige un análisis histórico y contextual propio.⁶

No todas las afirmaciones de un documento pontificio poseen el mismo nivel de autoridad. La interpretación rigurosa debe distinguir entre definiciones doctrinales, enseñanzas ordinarias, juicios prudenciales y aplicaciones históricas. Esa distinción evita tanto presentar cualquier cambio histórico como una ruptura de la fe como negar la posibilidad de un auténtico desarrollo doctrinal.

Dignidad y sociabilidad de la persona

La Iglesia considera que la persona humana posee una dignidad irreductible, pero también una naturaleza social. La sociedad no nace solo de contratos entre individuos aislados. La familia, las comunidades intermedias, las asociaciones profesionales, las instituciones culturales y las comunidades religiosas poseen una consistencia propia.

El individualismo liberal tiende a comprender la sociedad como resultado de la suma de intereses particulares. La doctrina católica sostiene, por el contrario, que la solidaridad, la justicia y el bien común no aparecen automáticamente como consecuencia de la competencia. Requieren virtud, instituciones justas y responsabilidad moral.

Libertad y verdad

La Iglesia no identifica la libertad con la mera posibilidad de escoger. La libertad alcanza su plenitud cuando orienta la persona hacia la verdad y el bien. Una libertad desligada de la verdad puede transformarse en poder sobre los demás, en consumo ilimitado o en arbitrariedad moral.

La crítica pontificia al liberalismo filosófico se dirige precisamente contra la autonomía absoluta del individuo y contra la separación entre libertad y ley moral.¹

El bien común

El Estado no debe absorber la sociedad ni convertirse en fuente absoluta de derechos. Tampoco puede limitarse a proteger los intereses privados sin atender a la justicia social. La autoridad política debe promover las condiciones que permitan a las personas, las familias y las comunidades alcanzar sus fines legítimos.

La doctrina católica rechaza así dos extremos:

• El individualismo, que abandona la vida social a la iniciativa privada.
• El estatismo, que concentra toda responsabilidad en el poder público.

La subsidiariedad y la solidaridad ofrecen criterios para evitar ambos excesos, aunque las fuentes aquí consideradas no desarrollan de manera completa la formulación posterior de esos principios.

Propiedad privada y función social

La Iglesia reconoce la legitimidad de la propiedad privada, especialmente por su relación con la autonomía de la familia y con la responsabilidad personal. Pero la propiedad no constituye un derecho absoluto desligado del destino universal de los bienes.

El propietario debe utilizar sus bienes respetando la dignidad de los demás y las exigencias del bien común. Una economía liberal que convierta la propiedad en poder ilimitado sobre personas y comunidades contradice la concepción cristiana de la justicia.

Mercado y justicia

El mercado puede coordinar intercambios y facilitar la producción de bienes. Sin embargo, no determina por sí mismo el valor moral de las relaciones económicas. La oferta y la demanda no pueden decidir sin más el valor de la vida humana, la dignidad del trabajo, la protección de la familia o la atención a los pobres.

La Iglesia distingue entre el mercado como mecanismo económico y el liberalismo como ideología. La crítica se dirige especialmente a la ideología que presenta el interés individual como motor suficiente de la organización social y considera automáticas la solidaridad y la justicia.¹

Trabajo y capital

La doctrina social católica no acepta que el trabajo quede reducido a una mercancía ni que el capital posea una primacía absoluta sobre la persona trabajadora. Juan Pablo II vinculó la oposición entre trabajo y capital a errores ideológicos que afectan a la comprensión del proceso económico y de la persona.¹

El conflicto no procede necesariamente de la existencia de capital o de empresa, sino de una estructura moral y social que subordine el trabajo humano al beneficio. La empresa puede constituir una comunidad de personas orientada a la producción de bienes y servicios, siempre que respete los derechos de quienes participan en ella.

Laicidad y laicismo

La Iglesia distingue entre la legítima autonomía de las realidades temporales y el laicismo entendido como exclusión sistemática de Dios y de la religión de la vida pública. La autonomía de lo temporal no significa independencia absoluta respecto de la ley moral.

Un Estado puede carecer de confesión oficial sin ser hostil a la religión. La neutralidad estatal puede proteger la libertad de las distintas comunidades religiosas. En cambio, el laicismo militante intenta relegar la fe a la esfera privada y restringir su presencia en la educación, la cultura o el debate público.

Pluralismo religioso

La Iglesia acepta la pluralidad civil de opciones religiosas como realidad histórica y política, pero no la confunde con el relativismo doctrinal. La convivencia pacífica exige respetar la conciencia y los derechos civiles de todos, mientras la Iglesia continúa proclamando la verdad del Evangelio.

Esta posición permite distinguir entre:

• Pluralismo social, que reconoce la existencia de diversas convicciones.
• Relativismo religioso, que niega la posibilidad de una verdad religiosa vinculante.
• Libertad religiosa, que protege frente a la coacción.
• Indiferentismo, que considera irrelevante la verdad religiosa.

Las condenas pontificias del siglo XIX afectaron especialmente al indiferentismo y al relativismo, mientras que la doctrina conciliar desarrolló una comprensión más precisa de la libertad civil.⁴

La Iglesia puede reconocer elementos positivos en las instituciones liberales cuando protegen la dignidad humana y limitan el abuso del poder. Entre esos elementos figuran:

• La protección jurídica de la persona.
• La limitación de la autoridad política.
• La participación ciudadana.
• La libertad de asociación.
• La libertad de educación.
• La libertad religiosa.
• La defensa de la iniciativa social.

Pero esas libertades necesitan una base moral. Cuando el liberalismo las separa de la verdad, de la responsabilidad y del bien común, puede convertirlas en instrumentos de dominación económica, cultural o política.

La Iglesia no adopta sin más las categorías de «progresista» y «conservador» para resolver las cuestiones doctrinales. Esas etiquetas pueden ocultar la complejidad de la tradición católica y presentar la historia de la Iglesia como una simple lucha entre pasado y futuro.⁷

Definición histórica

La expresión liberalismo católico designó, especialmente en el siglo XIX, los intentos de conciliar la fe católica con determinadas instituciones liberales: constituciones representativas, libertades civiles, tolerancia religiosa y limitación del poder político.

Algunos católicos defendieron la posibilidad de aceptar esas instituciones como soluciones prácticas en sociedades plurales. Otros temieron que el liberalismo introdujera el relativismo doctrinal, debilitara la autoridad de la Iglesia o subordinara la religión al Estado.

La controversia no enfrentaba siempre a defensores de la fe contra adversarios de la fe. En muchos casos, afectaba a la interpretación de la libertad, al alcance de la autoridad estatal y al modo de aplicar principios católicos en circunstancias históricas nuevas.

Condena del liberalismo doctrinal

La Iglesia condenó el liberalismo cuando implicaba indiferencia ante la verdad religiosa, negación de la autoridad doctrinal de la Iglesia o aceptación de la autonomía absoluta del individuo. La antigua enciclopedia católica vinculaba ese liberalismo con la negación práctica de Dios y con la subordinación de la Iglesia a las decisiones del Estado.³

Sin embargo, la condena del liberalismo doctrinal no equivale a una condena de toda institución liberal ni de toda defensa de la libertad civil. La distinción entre ideología y sistema político permite una valoración más exacta.

En la época contemporánea, la crítica católica se ha desplazado desde la oposición a determinados regímenes hacia el análisis de la cultura liberal. La Iglesia examina especialmente:

• El individualismo.
• El relativismo moral.
• El consumismo.
• El hedonismo.
• La reducción de la libertad a elección.
• La subordinación de la política a los intereses económicos.
• La exclusión de la religión del espacio público.

Algunos análisis de la doctrina social de Juan Pablo II han descrito la ideología liberal como una concepción que puede incorporar correcciones históricas y moderar los excesos del llamado capitalismo salvaje, pero que continúa siendo insuficiente cuando desconoce la naturaleza moral y social de la persona.⁸

La Iglesia tampoco propone sustituir el liberalismo económico por una planificación estatal absoluta. El rechazo del individualismo no autoriza al Estado a absorber la iniciativa social ni a eliminar la propiedad privada. La doctrina católica busca una organización económica que combine libertad responsable, justicia social, solidaridad y respeto por la dignidad del trabajo.

La posición católica frente al liberalismo exige distinguir realidades diferentes. La Iglesia condena el liberalismo filosófico cuando afirma la autonomía absoluta del individuo, niega la verdad moral objetiva o reduce la religión a una preferencia privada. Rechaza también el liberalismo político cuando convierte al Estado en autoridad suprema sobre la religión y subordina la Iglesia al poder civil. En el ámbito económico, critica el liberalismo cuando transforma el mercado, el beneficio o el interés individual en principios absolutos.

Al mismo tiempo, la Iglesia puede reconocer el valor de determinadas libertades civiles, de la limitación del poder, de la iniciativa social, de la propiedad privada y de ciertos mecanismos de mercado. El desarrollo doctrinal contemporáneo, especialmente en torno a la libertad religiosa, no elimina las condenas del indiferentismo y del relativismo, pero ofrece una formulación más precisa de la inmunidad de la persona y de las comunidades frente a la coacción.

La cuestión central no consiste en escoger entre libertad y verdad, sino en comprender que, para la tradición católica, la libertad humana alcanza su plenitud cuando permanece vinculada a la verdad, a la responsabilidad y al bien común.