El reinado de Domiciano
Tito Flavio Domiciano, hijo menor de Vespasiano y hermano de Tito, nació el 24 de octubre del año 51 y gobernó desde el año 81 hasta su asesinato, el 18 de septiembre del 96. La tradición romana posterior presentó su gobierno como despótico, especialmente a causa de las condenas, confiscaciones y destierros que afectaron a miembros de familias nobles.1
Domiciano reforzó la autoridad imperial y promovió una política de restauración religiosa y moral. El emperador ocupaba una posición central en la vida pública romana: presidía ceremonias, protegía los cultos tradicionales y encarnaba la unidad política del Estado. La religión romana no constituía una esfera separada de la administración, sino una dimensión esencial de la lealtad cívica.
La propaganda imperial concedió a Domiciano una dignidad religiosa particularmente elevada. Una tradición recogida por la Enciclopedia Católica afirma que adoptó en vida el título de «Señor y Dios», expresión que intensificaba la dimensión sagrada de la autoridad imperial.1 Esta fórmula no implicaba necesariamente que todos los habitantes del Imperio considerasen al emperador un dios en sentido filosófico o teológico; expresaba, sobre todo, la sacralización del poder romano y su función como garante del orden público.
La rebelión de Saturnino y las purgas aristocráticas
En el año 89, el gobernador de Germania Superior, Lucio Antonio Saturnino, se rebeló contra Domiciano. Tras la derrota de la rebelión, el emperador endureció su política contra determinados miembros de la aristocracia y contra quienes podían representar una amenaza política. El año 93 marcó una nueva fase de acusaciones y proscripciones contra familias ricas e influyentes.1
La represión contra los cristianos no puede separarse completamente de este clima político. Algunos cristianos pertenecían a círculos aristocráticos o estaban relacionados con familias senatoriales. Cuando una acusación religiosa coincidía con sospechas de deslealtad, conspiración o desprecio de las costumbres romanas, el acusado podía sufrir destierro, pérdida de bienes o pena capital.
Este contexto explica por qué las víctimas asociadas tradicionalmente a la persecución de Domiciano incluyen personajes de elevada posición social, aunque la documentación no permite afirmar que todos ellos fueran condenados exclusivamente por su fe cristiana.





