Marco Aurelio gobernó el Imperio romano durante un periodo marcado por guerras fronterizas, epidemias, dificultades económicas y tensiones sociales. La peste, las malas cosechas y los conflictos militares alimentaron la convicción pagana de que los dioses protegían o castigaban a la comunidad según la fidelidad de sus ciudadanos a los cultos tradicionales.
Los cristianos rechazaban participar en los sacrificios públicos y en el culto imperial. Aunque rezaban por el emperador y afirmaban que obedecían las leyes civiles legítimas, su negativa a rendir culto a los dioses romanos podía interpretarse como una ruptura de la solidaridad religiosa que sustentaba la vida pública. El cristianismo no aparecía ante muchos romanos como una simple creencia privada, sino como una comunidad exclusiva que competía con las instituciones religiosas tradicionales.
Durante los reinados de Trajano, Adriano y Antonino Pío había prevalecido una práctica jurídica ambigua. Las autoridades no debían buscar activamente a los cristianos, pero podían castigarlos si una denuncia formal los llevaba ante el tribunal y persistían en su adhesión a la fe. Esta fórmula procedía del rescripto de Trajano a Plinio el Joven: no había que iniciar una persecución sistemática, pero la confesión del nombre cristiano podía conducir a la condena si el acusado no apostataba y ofrecía sacrificio a los dioses.1,2



