La revolución francesa y la Iglesia

La Iglesia en la Francia del Antiguo Régimen

Antes de 1789, la Iglesia católica ocupaba una posición central en la sociedad francesa. Administraba hospitales, escuelas y obras de asistencia; poseía bienes destinados al culto y a la beneficencia; recibía el diezmo y mantenía una estrecha relación institucional con la monarquía.

Esta situación no carecía de problemas. La desigual distribución de las riquezas eclesiásticas, la acumulación de cargos y la dependencia de ciertos obispos respecto de la Corona alimentaban críticas legítimas. Parte del bajo clero simpatizaba con reformas sociales y fiscales, mientras que numerosos juristas y políticos pretendían someter los bienes y la organización eclesiástica a un control más directo del Estado.

La Revolución aprovechó esas tensiones, pero pronto rebasó la reforma del régimen de propiedad y penetró en el ámbito propio de la Iglesia: su gobierno, su disciplina, la designación de sus pastores y la obediencia debida al papa.

El galicanismo tradicional

El galicanismo designaba un conjunto de opiniones propias de ciertos ambientes eclesiásticos y teológicos franceses. Sus defensores querían limitar en Francia algunas formas del ejercicio de la autoridad pontificia en favor de los obispos y del poder temporal, aunque los galicanos más cualificados no negaban el primado del papa ni pretendían convertir sus opiniones en dogmas.¹

La Declaración del clero francés de 1682 resumió sus tesis principales. Afirmaba que el poder pontificio se refería a las materias espirituales y no a los asuntos temporales de los reyes; defendía la autoridad de los concilios y de las costumbres de la Iglesia de Francia; y sostenía que el juicio pontificio no era irreformable sin el consentimiento de la Iglesia.¹

La Revolución no fue simplemente una continuación del galicanismo. El galicanismo tradicional pretendía proteger determinadas libertades de la Iglesia de Francia frente a Roma dentro de un orden cristiano y monárquico. La Revolución, en cambio, subordinó la Iglesia a una soberanía política nueva, fundada en la nación y en el Estado. El rey dejó de ser el protector tradicional de la Iglesia y la Asamblea pasó a considerarse competente para rediseñar su estructura.

Abolición del diezmo y confiscación de bienes

La Asamblea Constituyente abolió el diezmo y confiscó los bienes de la Iglesia, sustituyéndolos por una asignación económica procedente del Tesoro. La medida respondía en parte a la crisis financiera del reino, pero también expresaba la convicción revolucionaria de que las instituciones religiosas debían quedar sometidas a la autoridad nacional.²

La confiscación privó a la Iglesia de una parte esencial de sus medios materiales. También alteró la finalidad de bienes vinculados al culto, a la educación y a la asistencia de los pobres. La nacionalización no constituyó una simple operación administrativa: modificó la relación entre la sociedad francesa y sus instituciones religiosas.

La Declaración de los Derechos del Hombre

El artículo 10 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano proclamó que nadie debía ser molestado por sus opiniones, incluidas las religiosas, mientras su manifestación no alterase el orden público.²

La fórmula introducía una protección civil frente a la persecución por motivos de conciencia, pero también subordinaba la expresión religiosa a una definición política del orden público. La cuestión decisiva consistía en determinar quién poseía la autoridad última para establecer ese orden: la Iglesia, la tradición cristiana, el rey o la nación revolucionaria.

La posterior evolución de la Revolución mostró la diferencia entre una libertad civil limitada y un programa de transformación global de la sociedad. El secularismo revolucionario no aspiraba solamente a separar la Iglesia del Estado, sino a reorganizar la vida social desde una concepción nueva del ciudadano, de la soberanía y de la fraternidad política.³

Una nueva organización de la Iglesia

La Constitución civil del clero, aprobada en 1790, constituyó el principal punto de ruptura. La Asamblea redujo las diócesis de 134 a 83, acomodándolas a la división administrativa de los departamentos. Los electores designados por las asambleas locales elegirían a los párrocos y a los obispos, mientras que la institución canónica quedaría en manos de los metropolitanos y de los obispos de cada provincia. Además, desaparecieron los beneficios sin cura de almas.⁴

La Constitución prohibía a los obispos pedir a Roma las bulas de confirmación. De este modo, una ley civil regulaba materias que afectaban directamente a la constitución jerárquica de la Iglesia y a la comunión con la Santa Sede.²

La Asamblea no pretendía únicamente reformar la administración eclesiástica. Creó una Iglesia organizada según los criterios territoriales y electorales del nuevo Estado. La autoridad política asumió competencias sobre la designación de los pastores, la delimitación de las diócesis y las condiciones de acceso a los cargos eclesiásticos.

La condena de Pío VI

Luis XVI sancionó la Constitución el 26 de diciembre de 1790, aunque expresó graves reservas y manifestó que actuaba bajo una fuerte presión política. Pío VI había advertido previamente contra la medida y, tras consultar con el episcopado y el colegio cardenalicio, condenó sus principios.⁵

Los obispos franceses publicaron a finales de 1790 una exposición doctrinal contra la Constitución y pidieron a los fieles que la rechazaran. El conflicto dejó de ser una discrepancia política para convertirse en una cuestión de comunión eclesial.⁵

El juramento constitucional

En noviembre de 1790, la Asamblea exigió a obispos y sacerdotes que prestaran juramento a la Constitución bajo pena de perder sus cargos. Luis XVI sancionó la medida el 26 de diciembre, pese a su inquietud.⁵

El juramento dividió al clero en dos grupos:

• Los juramentados, también llamados constitucionales, que aceptaron la Constitución civil.
• Los no juramentados, refractarios o insumisos, que rechazaron el juramento por considerarlo incompatible con la autoridad de la Iglesia y con la obediencia debida al papa.

Las estimaciones sobre el número de sacerdotes que prestaron juramento varían. La división afectó especialmente a la vida parroquial, porque en muchas localidades coexistieron el sacerdote constitucional y el sacerdote fiel a Roma.

La Asamblea creó así una estructura eclesial paralela. Algunos obispos constitucionales ocuparon sedes cuyos titulares legítimos aún vivían y no habían renunciado a sus derechos. La llamada Iglesia constitucional acabó desapareciendo en medio de la violencia revolucionaria.⁴

De la discriminación a la proscripción

La Asamblea Legislativa endureció progresivamente la política religiosa. En noviembre de 1791 ordenó que los sacerdotes que no hubieran aceptado la Constitución prestasen un nuevo juramento de fidelidad a la nación, a la ley y al rey. Quienes se negaran podían perder sus asignaciones y quedar bajo sospecha.²

El 26 de agosto de 1792, los sacerdotes refractarios recibieron la orden de abandonar Francia bajo pena de prisión o deportación a la Guayana. La persecución afectó también a clérigos acusados genéricamente de deslealtad. Un decreto de marzo de 1793 llegó a castigar con la muerte a sacerdotes considerados comprometidos con la oposición política.²

La hostilidad revolucionaria no distinguió siempre entre el sacerdote que rechazaba el juramento por motivos estrictamente religiosos y el adversario político. Para muchos sectores radicales, la existencia misma del clero constituía un obstáculo para la nueva soberanía nacional.

El clero clandestino

Los sacerdotes refractarios que permanecieron en Francia ejercieron su ministerio de forma clandestina. Celebraban la misa en casas particulares, administraban los sacramentos en secreto y mantenían redes de comunicación con los fieles. La clandestinidad exigía cambiar continuamente de residencia, ocultar los objetos litúrgicos y contar con la ayuda de familias católicas.

La persecución afectó también a los fieles que acogían o protegían a los sacerdotes. En numerosas regiones, especialmente en el oeste, la fidelidad religiosa se vinculó con la resistencia a la política revolucionaria. Esta convergencia contribuyó a que las autoridades identificaran la práctica católica con la rebelión política, aunque no todo católico refractario participara en una insurrección.

El cierre de iglesias

Durante la Convención, la política religiosa adoptó una orientación cada vez más radical. Las campañas de descristianización, impulsadas desde diversas provincias por dirigentes revolucionarios, atacaron el culto, las imágenes, los objetos sagrados y el calendario cristiano.²

Numerosas iglesias fueron cerradas o transformadas en espacios de culto cívico. Algunos templos recibieron nombres vinculados a la Razón y a la nación. Las ceremonias revolucionarias pretendían reemplazar la liturgia católica por una religión civil fundada en la soberanía popular, el culto a la patria y la veneración de los mártires de la Revolución.

La abolición del calendario cristiano

La Convención sustituyó el calendario tradicional por un calendario republicano. La medida pretendía romper la relación entre el tiempo social y el ciclo litúrgico. Los domingos y las fiestas de los santos dejaron de organizar oficialmente la vida pública.

El calendario revolucionario manifestó la pretensión de crear un orden humano completamente nuevo. La Revolución no aspiraba solamente a cambiar las instituciones, sino también la memoria colectiva, los nombres de los meses, el ritmo del trabajo y la forma en que los ciudadanos experimentaban el paso del tiempo.

La religión de la Razón y el Ser Supremo

La descristianización radical provocó tensiones incluso dentro del campo revolucionario. Algunos dirigentes promovieron el culto a la Razón; Robespierre, por su parte, impulsó el culto al Ser Supremo como religión cívica. Ambas iniciativas rechazaban la autoridad de la Iglesia y pretendían ofrecer una legitimación moral al nuevo régimen.

El culto oficial al Ser Supremo mostró los límites del ateísmo político más extremo. La Revolución necesitaba una explicación moral de la virtud, del sacrificio y de la justicia, pero intentó proporcionarla sin recurrir a la Iglesia ni a la revelación cristiana.

Disolución de las comunidades

La persecución afectó especialmente a las religiosas. Las comunidades fueron disueltas y muchas monjas tuvieron que abandonar sus conventos, vestir como seglares y refugiarse en casas de familiares o de benefactores. Algunas continuaron viviendo juntas y mantuvieron la oración, la vida comunitaria y la atención a los enfermos en condiciones clandestinas.

Las religiosas desempeñaron una función decisiva porque conservaron espacios de culto y asistencia allí donde la estructura parroquial había sido destruida. Sus casas particulares sirvieron como lugares de reunión, catequesis y celebración clandestina.

Las carmelitas de Compiègne

El caso más conocido corresponde a las dieciséis carmelitas de Compiègne. Después de la disolución de su convento, mantuvieron en la medida de lo posible la observancia de la regla. Las autoridades las arrestaron, las trasladaron a París y las condenaron a muerte. Fueron guillotinadas el 17 de julio de 1794.⁶

Su testimonio adquirió un significado particular porque aceptaron la muerte antes que prestar un juramento contrario a su conciencia religiosa. La tradición católica las considera mártires y fueron beatificadas en 1906.⁶

Las Hijas de la Sabiduría

Las Hijas de la Sabiduría sufrieron encarcelamientos, deportaciones y ejecuciones. Varias religiosas murieron por hambre, agotamiento o malos tratos; otras fueron guillotinadas por negarse a actuar contra su conciencia. Algunas recibieron la acusación de haber acogido a sacerdotes refractarios.⁷

A pesar de la persecución, las religiosas continuaron ejerciendo obras de misericordia. En Brest, un grupo de setenta hermanas fue destinado a atender a soldados heridos y enfermos. Tras la Revolución, la congregación recuperó parte de sus casas y reanudó su misión asistencial.⁷

Las Hijas de la Caridad y otras congregaciones

Las Hijas de la Caridad mantuvieron la atención a los enfermos incluso durante la violencia revolucionaria. María Magdalena Fontaine y sus compañeras rechazaron abandonar a los pobres y enfermos que dependían de ellas. Detenidas por negarse a prestar el juramento revolucionario, fueron encarceladas.⁸

También sufrieron persecución numerosas ursulinas, benedictinas, cistercienses y religiosas dedicadas a la adoración perpetua. Varias murieron en prisión o ante los tribunales revolucionarios, mientras otras transformaron la cárcel en un lugar de oración y vida comunitaria.⁹

La resistencia femenina no adoptó normalmente la forma de una oposición militar. Consistió en conservar la vida consagrada, proteger a los sacerdotes, atender a los enfermos, educar a los niños y mantener la oración. Esta fidelidad cotidiana permitió que la Iglesia sobreviviera en amplias zonas rurales y urbanas.

Dos concepciones de la persona

La Revolución formuló sus ideales mediante las palabras libertad, igualdad y fraternidad. Sin embargo, la fraternidad revolucionaria tendió a identificarse con la pertenencia política a la nación. La persona aparecía principalmente como ciudadano dotado de derechos y sometido a una soberanía nacional indivisa.¹⁰

La concepción católica reconocía la dignidad humana, pero la vinculaba con la creación, la ley moral, la familia, la comunidad histórica y la relación del hombre con Dios. La Iglesia no aceptaba que el Estado fuese la fuente última de todos los derechos ni que pudiera conceder o retirar arbitrariamente la existencia pública de la Iglesia, del matrimonio, de la familia o de las asociaciones religiosas.

El conflicto, por tanto, no enfrentó únicamente a una institución religiosa con una legislación hostil. Enfrentó dos respuestas a preguntas fundamentales:

• ¿De dónde procede la dignidad humana?
• ¿Quién funda la autoridad política?
• ¿Puede el Estado reorganizar la Iglesia?
• ¿Son la familia y la religión realidades anteriores al poder político?
• ¿Debe la conciencia obedecer siempre a la ley civil?

Iglesia y soberanía nacional

La Revolución convirtió la nación en el centro de la vida pública. Las antiguas instituciones, con sus derechos históricos y sus vínculos supranacionales, debían justificar su existencia ante el Estado revolucionario.

La Iglesia católica resultaba especialmente difícil de integrar en ese modelo porque su autoridad no procedía de la nación francesa. Sus obispos estaban vinculados a una estructura universal y su comunión dependía del papa. Desde la perspectiva revolucionaria, esa obediencia podía parecer una dependencia extranjera; desde la perspectiva católica, constituía una dimensión esencial de la unidad de la Iglesia.

La Constitución civil del clero intentó resolver la tensión imponiendo una Iglesia nacional. La resistencia de los refractarios mostró que una Iglesia sometida a la soberanía estatal ya no podía considerarse plenamente católica.

La persecución religiosa contribuyó al levantamiento de amplios sectores del oeste francés. La defensa de los sacerdotes refractarios, del culto tradicional y de las costumbres locales se mezcló con el rechazo al reclutamiento militar y a la política centralizadora de París.

La guerra de la Vendée tuvo causas políticas, sociales, económicas y religiosas. No puede reducirse a una guerra exclusivamente confesional, pero la fidelidad católica proporcionó a la población insurgente una identidad común y una motivación poderosa. Las autoridades revolucionarias interpretaron la resistencia religiosa como una amenaza política y respondieron con campañas militares de extrema dureza.

La represión agravó la ruptura entre la República y las comunidades católicas. Para muchos campesinos, la Revolución dejó de representar la libertad prometida y pasó a identificarse con la confiscación, la persecución del clero y la destrucción de las formas tradicionales de vida.

La política religiosa de Napoleón

Napoleón Bonaparte comprendió que la estabilidad de Francia exigía resolver el conflicto religioso. La persecución no había destruido el catolicismo, y millones de franceses continuaban vinculados al culto tradicional.

El Concordato de 1801, firmado entre Napoleón y la Santa Sede, restableció la vida pública de la Iglesia bajo condiciones estrictamente reguladas por el Estado. El acuerdo reorganizó las diócesis y permitió la reanudación del culto, pero no devolvió los bienes confiscados durante la Revolución.

El régimen napoleónico buscó utilizar la religión como factor de pacificación social, sin aceptar una Iglesia completamente independiente. Los llamados Artículos orgánicos limitaron unilateralmente la aplicación del Concordato y mantuvieron importantes mecanismos de control estatal.

Consecuencias para la Iglesia

El Concordato puso fin a la división más visible entre la Iglesia constitucional y la Iglesia refractaria, aunque no eliminó todas las resistencias. Algunos grupos, especialmente en el oeste, rechazaron al clero concordatario y formaron comunidades separadas conocidas posteriormente como la Petite Église. Estas agrupaciones perduraron durante el siglo XIX, pero acabaron desapareciendo por falta de sacerdotes.⁴

La Iglesia recuperó espacios para el culto, la predicación y la vida sacramental. Muchas congregaciones religiosas volvieron a fundarse, y varias comunidades femeninas reconstruyeron sus casas después de años de exilio, clandestinidad o prisión.

Fin de la alianza entre trono y altar

La Revolución destruyó la antigua alianza entre la monarquía francesa y la Iglesia. Aunque esa alianza había sido compleja y conflictiva, vinculaba la protección política de la religión con el orden monárquico. La desaparición de la monarquía obligó a la Iglesia a replantear su relación con el Estado moderno.³

La Iglesia perdió privilegios políticos, bienes y una posición social dominante. A cambio, comenzó a desarrollar con mayor claridad una defensa de su libertad frente al poder estatal. La experiencia revolucionaria mostró que una Iglesia demasiado dependiente de la protección de los monarcas podía quedar gravemente debilitada cuando desaparecía el régimen que la sostenía.

Nacimiento del anticlericalismo moderno

La Revolución institucionalizó en Europa una forma moderna de secularismo y anticlericalismo. No pretendía siempre una neutralidad estricta entre religión y Estado; con frecuencia aspiraba a transformar la sociedad desde una visión que consideraba la Iglesia y la ascética cristiana obstáculos para el progreso.³

Durante el siglo XIX, numerosos movimientos políticos heredaron la oposición revolucionaria a las congregaciones religiosas, a la educación católica y a la presencia pública de la Iglesia. La cuestión religiosa francesa continuó influyendo en las leyes escolares, en el régimen de las asociaciones y en la separación entre Iglesia y Estado.

Evolución de la doctrina católica sobre la libertad religiosa

Pío VI condenó en 1791 determinados aspectos de la Declaración de los Derechos del Hombre, especialmente aquellos que entendía como una ruptura pública con el orden cristiano y como una concepción indiferentista de la religión.¹¹

La reflexión católica posterior distinguió progresivamente entre la verdad religiosa, que la Iglesia continúa afirmando, y la libertad civil frente a la coacción estatal. La enseñanza del Concilio Vaticano II sobre la libertad religiosa desarrolló esta distinción y abandonó la identificación automática entre libertad religiosa e indiferentismo.¹¹

Esta evolución no convierte en aceptables todas las políticas revolucionarias. La Iglesia puede reconocer elementos positivos en la defensa de ciertos derechos civiles y, al mismo tiempo, rechazar la violencia, la subordinación de la religión al Estado y la pretensión de fundar la sociedad al margen de Dios.

La Revolución francesa tuvo aspectos diferentes y no puede juzgarse como un bloque homogéneo. La primera etapa incluyó demandas de reforma política, representación y límites al poder arbitrario. La fase jacobina y el Terror transformaron esas demandas en un proyecto de soberanía absoluta, centralización y regeneración social mediante la violencia.

Desde una perspectiva católica, conviene distinguir:

• La legítima crítica a abusos del Antiguo Régimen.
• La defensa de la dignidad y de determinados derechos civiles.
• La confiscación de bienes eclesiásticos sin respetar adecuadamente la misión de la Iglesia.
• La subordinación de la jerarquía católica a la autoridad política.
• La persecución del clero y de las órdenes religiosas.
• La imposición de una religión civil alternativa.
• La resistencia heroica de sacerdotes, religiosas y laicos.

La Iglesia no identifica la monarquía con el cristianismo ni considera sagrada una determinada forma de gobierno. Pero tampoco acepta que el Estado sea la fuente última de la verdad, de la moralidad o de la dignidad humana. La experiencia revolucionaria confirmó que una sociedad puede proclamar derechos y, al mismo tiempo, negar la libertad concreta de quienes no aceptan la ideología oficial.

La Revolución francesa marcó el tránsito violento desde una sociedad de cristiandad hacia el Estado moderno secularizado. Su conflicto con la Iglesia comenzó con la cuestión de los bienes y terminó afectando a la autoridad, la conciencia, el culto y la definición misma del hombre.

El galicanismo tradicional había buscado limitar determinadas competencias pontificias dentro de una sociedad todavía cristiana. La Revolución sustituyó ese marco por una Iglesia nacional sometida al Estado y, durante el Terror, intentó reemplazar el cristianismo por una religión civil. La fidelidad de los sacerdotes refractarios, de las religiosas clandestinas y de innumerables laicos impidió que la persecución destruyera la vida católica.

La herencia revolucionaria permanece ambivalente: contribuyó a derribar privilegios injustos y favoreció una reflexión más precisa sobre la libertad de la Iglesia frente al Estado, pero también inauguró una forma militante de secularismo que pretendía reconstruir la sociedad sin referencia a Dios. La relación entre la Revolución francesa y la Iglesia constituye, por ello, uno de los grandes capítulos de la historia moderna de la libertad religiosa, de la soberanía política y de la misión pública del cristianismo.