Laicidad positiva

La palabra laicidad designa la autonomía propia de la comunidad política respecto de las confesiones religiosas. Esta autonomía no equivale necesariamente a hostilidad hacia la religión ni a una neutralidad entendida como indiferencia ante toda convicción moral o religiosa.

La laicidad positiva añade a la legítima separación entre el Estado y las religiones una actitud de reconocimiento, garantía y cooperación. El Estado no adopta una religión oficial ni gobierna en nombre de una confesión, pero tampoco reduce la religión al ámbito estrictamente privado. La libertad religiosa comprende tanto la dimensión individual como la comunitaria y pública de la fe.¹

El concepto adquirió especial difusión en el debate europeo contemporáneo, particularmente a partir del discurso pronunciado por Benedicto XVI ante las autoridades francesas el 12 de septiembre de 2008. El Pontífice relacionó la laicidad con dos exigencias simultáneas: distinguir el ámbito político del religioso para proteger la libertad de los ciudadanos y reconocer la contribución de la religión a la formación de las conciencias y a la construcción de un consenso ético básico.²

La laicidad positiva parte de una concepción de la persona humana como ser dotado de conciencia, libertad y dimensión social. Las convicciones religiosas no constituyen un elemento accidental de la vida ciudadana, sino que pueden orientar la conducta personal, familiar, profesional, cultural y política.

Por este motivo, una democracia no debe considerar irrelevantes las convicciones religiosas de sus ciudadanos. La Comisión Teológica Internacional sostiene que el Estado no puede excluir la libertad religiosa de la deliberación pública ni impedir que los creyentes aporten razones al debate sobre el bien común. También rechaza tanto el Estado teocrático como el Estado ateo y una neutralidad que trate las convicciones religiosas como si carecieran de importancia para la vida democrática.³

La laicidad positiva reconoce, por tanto, tres realidades:

• La autonomía legítima de la comunidad política.
• La libertad de conciencia y de religión.
• La relevancia social de las convicciones religiosas y morales.

Estas realidades no tienen que enfrentarse. La distinción entre política y religión puede favorecer la libertad de ambas esferas, siempre que la autonomía política no se transforme en exclusión de la religión y que las confesiones no pretendan sustituir a las instituciones civiles.

Laicidad y aconfesionalidad

La aconfesionalidad significa que el Estado no se identifica institucionalmente con una determinada religión. Un Estado aconfesional puede garantizar el libre ejercicio de las confesiones religiosas y cooperar con ellas en asuntos de interés social.

La laicidad, entendida de manera legítima, expresa la distinción entre la comunidad política y las religiones. Esa distinción exige que el Estado respete todas las creencias y garantice el ejercicio de las actividades cultuales, espirituales, culturales y caritativas de las comunidades religiosas.¹

La aconfesionalidad y la laicidad no exigen que el Estado ignore la historia religiosa de un pueblo, la presencia social de las confesiones o la contribución de sus instituciones. Tampoco obligan a aplicar idénticas soluciones jurídicas a todas las situaciones sin tener en cuenta su implantación social, siempre que las diferencias respeten la igualdad y la libertad religiosa.

Laicidad y laicismo

El laicismo aparece cuando la neutralidad estatal adopta una orientación hostil hacia la religión o pretende relegarla a la intimidad de la conciencia. Desde la perspectiva católica, esta postura no constituye una consecuencia necesaria de la separación entre Iglesia y Estado.

El Dicasterio para los Textos Legislativos diferencia la aconfesionalidad de una actitud anticonfesional. La primera resulta compatible con el respeto a la libertad religiosa; la segunda puede convertirse en una forma de totalitarismo ideológico que desconoce la dignidad de los creyentes.¹

La laicidad positiva rechaza asimismo la reducción de la religión a una opción puramente privada. La fe puede expresarse individual y comunitariamente en el culto, la educación, la cultura, la acción caritativa, la vida asociativa y la participación ciudadana.¹

Libertad religiosa

La libertad religiosa constituye el núcleo de la laicidad positiva. No comprende solamente la libertad interior de creer o no creer, sino también la facultad de vivir conforme a las propias convicciones y de manifestarlas legítimamente.

Entre sus dimensiones figuran:

• La libertad de adherirse a una religión o abandonarla.
• La libertad de practicar el culto en privado y en público.
• La disponibilidad de templos y lugares sagrados.
• La libertad de difundir la propia fe.
• El derecho de los padres a educar religiosamente a sus hijos.
• La creación de escuelas, asociaciones y obras de formación.
• La asistencia religiosa en hospitales, cárceles, cuarteles y otras instituciones.
• La libertad de no realizar actos contrarios a la propia conciencia.
• La prohibición de discriminación por motivos religiosos en el estudio, el trabajo, la vida profesional o la participación cívica.¹

La protección jurídica de la libertad religiosa debe abarcar tanto el ámbito privado como el público. Una libertad limitada al interior de la conciencia dejaría sin protección numerosas expresiones esenciales de la vida religiosa.

Distinción entre Iglesia y Estado

La laicidad positiva respeta la distinción entre la comunidad política y la Iglesia. Cada institución posee una misión propia y una esfera de competencia determinada.

La Iglesia no pretende asumir el gobierno civil ni sustituir a las autoridades políticas. A su vez, el Estado no debe dirigir la vida interna de la Iglesia ni decidir el contenido de su doctrina, culto, disciplina o misión espiritual.

Benedicto XVI vinculó esta distinción con la enseñanza evangélica sobre la entrega a César de lo que pertenece a César y a Dios de lo que pertenece a Dios. La separación de ámbitos protege la libertad religiosa y preserva la responsabilidad propia del Estado ante los ciudadanos.²

Autonomía de la comunidad política

La autonomía de la comunidad política significa que las realidades temporales poseen leyes, métodos y responsabilidades propios. La Iglesia no ofrece una solución técnica para cada problema político ni elimina la legítima libertad de los católicos en asuntos contingentes.

La autonomía política, sin embargo, no equivale a independencia absoluta respecto de la verdad moral. La doctrina católica sostiene que la acción pública debe respetar la dignidad de la persona humana, el bien común y las exigencias de la justicia. La autonomía legítima no puede convertirse en una pretensión de construir la vida social al margen de toda verdad sobre el ser humano.⁴

Participación de las religiones en la vida pública

Las confesiones religiosas pueden participar en el debate social mediante argumentos, iniciativas y obras abiertas a todos. La presencia pública de la religión no implica la imposición de una fe por la fuerza ni la confusión entre autoridad religiosa y poder político.

Las comunidades creyentes contribuyen a la sociedad mediante:

• La educación.
• La asistencia a enfermos y necesitados.
• La defensa de la dignidad humana.
• La promoción de la paz y la solidaridad.
• La formación moral.
• La cultura.
• La atención a personas vulnerables.
• La creación de asociaciones y proyectos sociales.

La Comisión Teológica Internacional considera que las asociaciones intermedias y las iniciativas públicas de los creyentes forman parte de su responsabilidad social. Las diferencias culturales y religiosas no deben ignorarse, sino respetarse como elementos capaces de enriquecer la vida pública.³

Cooperación entre Iglesia y Estado

La distinción institucional no impide la colaboración. Iglesia y Estado pueden cooperar cuando persiguen objetivos compatibles con el bien común, como la atención social, la protección de la infancia, la asistencia sanitaria, la educación, la defensa de la paz o la ayuda a los más necesitados.

La cooperación no debe convertirse en subordinación de la Iglesia al poder político ni en utilización partidista de la religión. Requiere respeto recíproco, transparencia y reconocimiento de la libertad propia de cada institución.

El diálogo institucional constituye una expresión concreta de esta cooperación. Benedicto XVI presentó el diálogo entre las autoridades francesas y la Iglesia como un instrumento capaz de superar antiguas sospechas y favorecer una relación más serena y positiva.²

La fe no se reduce a la intimidad

La laicidad positiva rechaza la idea de que la religión solo pueda existir en el ámbito privado. La conciencia personal posee una dimensión interior, pero la religión también genera comunidades, instituciones, expresiones culturales y obras sociales.

La reducción de la fe a la intimidad impediría que los creyentes actuaran públicamente de acuerdo con sus convicciones. También dificultaría la actividad de escuelas, hospitales, asociaciones, obras caritativas y entidades culturales inspiradas en la fe.

La libertad religiosa protege, por tanto, la práctica pública del culto, la transmisión de la fe, la acción educativa, la presencia asociativa y la expresión razonada de las convicciones religiosas.¹

La aportación cristiana al bien común

El cristianismo aporta al debate público una comprensión de la persona fundada en su dignidad y apertura a la verdad. Esta aportación no queda restringida a quienes comparten la fe católica. Los creyentes pueden colaborar con personas de otras convicciones en iniciativas orientadas a la justicia, la solidaridad, la protección de la vida y la promoción de la paz.

La contribución cristiana debe presentarse mediante razones accesibles al diálogo ciudadano, sin renunciar por ello a la identidad religiosa que la inspira. La participación de los católicos en la vida política no exige ocultar su fe, pero tampoco permite imponerla mediante la coacción estatal.

Formación de la conciencia

La religión desempeña una función relevante en la formación de las conciencias. La educación moral ayuda a los ciudadanos a discernir la justicia, la responsabilidad, la solidaridad y el respeto a la dignidad humana.

Benedicto XVI atribuyó a la religión una aportación insustituible en la formación de las conciencias y en la creación de un consenso ético básico dentro de la sociedad.²

La conciencia cristiana no equivale a una opinión arbitraria. La Iglesia pretende formar a los fieles para que juzguen responsablemente las cuestiones políticas y sociales, respetando al mismo tiempo su legítima autonomía en los asuntos contingentes.⁴

La laicidad positiva guarda una relación estrecha con la vocación de los fieles laicos. El Concilio Vaticano II enseña que la índole secular pertenece de modo propio y peculiar a los laicos. A ellos corresponde trabajar en las realidades temporales y ordenarlas según Dios, como fermento dentro del mundo.⁵

Los laicos participan en la vida política, económica, profesional, cultural y familiar sin actuar como delegados administrativos de la jerarquía eclesiástica. Su misión consiste en vivir la fe en medio de las circunstancias ordinarias y asumir personalmente la responsabilidad de sus decisiones.

La Iglesia ofrece principios morales y formación doctrinal, pero no determina una única opción técnica o partidista para todas las cuestiones políticas. El laico debe discernir en conciencia la solución más adecuada, conforme a sus conocimientos, responsabilidades y circunstancias, sin separarse de las exigencias de la ley moral y de la enseñanza de la Iglesia.⁶

Esta autonomía no significa indiferencia religiosa. La vida familiar, laboral, cultural y política forma una unidad con la vida cristiana. La fe no puede quedar confinada a determinados momentos de culto, porque debe orientar la existencia entera hacia el servicio de Dios y del prójimo.⁴

La laicidad positiva favorece una democracia pluralista cuando garantiza que ninguna persona sufra discriminación por sus convicciones religiosas y cuando permite la participación pública de las distintas comunidades.

Una democracia coherente con la libertad religiosa debe:

• Proteger la libertad de culto.
• Permitir la expresión pública de las convicciones.
• Respetar la educación religiosa elegida por las familias.
• Garantizar la actividad de las asociaciones religiosas.
• Evitar discriminaciones laborales, educativas o sociales.
• Reconocer la asistencia religiosa en instituciones públicas.
• Permitir el diálogo entre las autoridades civiles y las confesiones.
• Impedir que una ideología estatal excluya la religión del espacio público.

La neutralidad estatal debe proteger la libertad, no imponer una cosmovisión oficial. Por ello, el Estado no puede declararse teocrático ni ateo, pero tampoco puede actuar como si las convicciones religiosas carecieran de toda relevancia social.³

En España, la laicidad positiva puede aplicarse mediante una concepción de la aconfesionalidad que respete la libertad religiosa y facilite la cooperación con las confesiones. La neutralidad de los poderes públicos no exige ignorar la historia cristiana del país ni excluir a la Iglesia católica de la vida social.

La experiencia española muestra la necesidad de distinguir entre la aceptación del poder civil legítimamente constituido y la valoración moral de cada ley concreta. Una tradición católica española sostuvo que los ciudadanos podían respetar las instituciones civiles y, al mismo tiempo, disentir de normas contrarias a la ley de Dios o a los derechos de la Iglesia.⁷

Esta distinción permite una participación política responsable: los católicos obedecen las leyes justas, colaboran con las instituciones y ejercen los derechos ciudadanos, pero conservan el deber de formar la conciencia y de oponerse por medios legítimos a las injusticias.

La laicidad positiva no concede privilegios arbitrarios a una religión ni exige borrar las diferencias entre las confesiones. Promueve un marco jurídico en el que cada comunidad pueda contribuir al bien común conforme a su identidad, respetando la igualdad fundamental de todas las personas.

Confundir laicidad con neutralidad hostil

El primer riesgo consiste en transformar la neutralidad estatal en una exclusión sistemática de la religión. Esta postura considera legítima únicamente la expresión de convicciones no religiosas y obliga a los creyentes a ocultar las razones que orientan su vida.

La laicidad positiva rechaza esa exclusión porque vulnera la igualdad ciudadana y reduce indebidamente la libertad religiosa.

Confundir cooperación con confesionalismo

Otro riesgo consiste en identificar la cooperación entre el Estado y las confesiones con la instauración de un Estado confesional. La colaboración puede responder a necesidades sociales concretas sin convertir a una religión en fuente directa del poder político.

La Iglesia distingue su misión espiritual de la autoridad civil y no pretende gobernar el Estado. La cooperación debe respetar la autonomía de ambas instituciones.

Convertir la religión en instrumento partidista

La presencia pública de los católicos tampoco autoriza a identificar la Iglesia con un partido político. La enseñanza social católica puede orientar la conciencia, pero los fieles mantienen libertad legítima en la elección de programas, candidatos y soluciones técnicas.

La Iglesia no debe confundirse con ninguna opción partidista. Los católicos pueden coincidir en unos principios fundamentales y discrepar legítimamente en su aplicación política.

Reducir la fe a valores genéricos

La laicidad positiva pierde contenido cuando invita a las religiones a participar en la vida pública únicamente si silencian su identidad. El diálogo auténtico no exige eliminar las diferencias, sino tratarlas con respeto y convertirlas en ocasión de cooperación racional.

La Comisión Teológica Internacional afirma que el respeto a las diferencias culturales y religiosas no implica considerarlas irrelevantes. Tales diferencias pueden enriquecer la vitalidad del espacio público.³

Desde la doctrina católica, la laicidad positiva ofrece una síntesis equilibrada entre dos errores opuestos:

• La absorción de la religión por el poder político.
• La expulsión de la religión de la vida pública.

La Iglesia defiende una comunidad política autónoma, pero no cerrada a la verdad moral ni indiferente ante la dimensión religiosa de la persona. Defiende también una Iglesia libre para anunciar el Evangelio, celebrar el culto, educar, servir a los pobres y participar en el diálogo social.

La laicidad positiva reconoce que la libertad religiosa no constituye una concesión administrativa del Estado, sino una exigencia de la dignidad humana. El Estado debe garantizarla mediante leyes justas, mientras los ciudadanos y las comunidades religiosas ejercen su responsabilidad en la construcción del bien común.

La laicidad positiva distingue sin separar, protege sin excluir y coopera sin confundir las funciones de la Iglesia y del Estado. Su finalidad consiste en garantizar la libertad religiosa, respetar la autonomía de la comunidad política y reconocer la aportación pública de las convicciones religiosas.

Para la Iglesia católica, una sociedad verdaderamente libre no relega la fe a la intimidad ni impone una religión oficial. Permite que los creyentes actúen públicamente, que las comunidades religiosas desarrollen su misión y que todas las personas colaboren, desde sus propias convicciones, en la promoción de la dignidad humana y del bien común.