Distinción entre elementos legítimos e ilegítimos
León XIII no trata todas las libertades modernas como realidades homogéneas. Distingue entre los elementos que corresponden a la verdad y aquellos que proceden de una concepción defectuosa de la libertad. La Iglesia puede aprobar las libertades que protegen bienes auténticos, pero rechaza las novedades que convierten la libertad en independencia moral absoluta.
Esta distinción resulta fundamental para interpretar la encíclica. Libertas Praestantissimum no identifica toda libertad política, civil o intelectual con un error. Su crítica se dirige principalmente a la idea de que la libertad humana no deba someterse a ninguna verdad, ley moral o autoridad divina.
Libertad de conciencia
La encíclica diferencia dos sentidos de la expresión libertad de conciencia.
En un primer sentido, significaría que cada persona puede rendir culto a Dios o rechazarlo según su propia preferencia, sin referencia a una verdad objetiva. León XIII rechaza esta concepción porque considera que la relación con Dios pertenece al orden de los deberes fundamentales de la persona.
En un segundo sentido, la libertad de conciencia significa que la persona puede obedecer a Dios sin coacción injusta y actuar conforme al deber conocido. Este sentido recibe una valoración positiva: constituye una libertad propia de los hijos de Dios, defendida por los apóstoles, los apologistas cristianos y los mártires.
La obediencia a Dios no elimina la obediencia a la autoridad civil. Sin embargo, la autoridad política sólo posee derecho a mandar dentro de los límites establecidos por Dios y por la justicia. Cuando una orden contradice claramente la voluntad divina, la persona no debe obedecerla.
Libertad de enseñanza
León XIII aplica el mismo principio a la libertad de enseñanza. La educación debe orientar la inteligencia hacia la verdad, porque la verdad constituye el bien, el fin y la perfección de la naturaleza racional. Quienes enseñan tienen el deber moral de transmitir conocimientos verdaderos y evitar el error.
La encíclica rechaza una libertad de enseñanza entendida como derecho ilimitado a enseñar cualquier doctrina sin responsabilidad hacia la verdad. El alumno, especialmente cuando carece de formación suficiente, no siempre puede juzgar por sí mismo la veracidad de aquello que recibe. Por esta razón, la enseñanza posee una dimensión social y moral que justifica la existencia de normas destinadas a proteger a los educandos.
La Iglesia reclama además su propia libertad docente. León XIII sostiene que Dios confió a la Iglesia una autoridad particular en materia de fe y moral, junto con el derecho de anunciar la verdad cristiana. Esa misión incluye la formación de las personas y la defensa de la enseñanza católica frente a cualquier poder que pretenda excluirla.
Libertad religiosa y autoridad pública
La encíclica aborda la libertad religiosa desde la obligación de la persona y del Estado hacia Dios. León XIII no formula la cuestión desde la indiferencia religiosa, sino desde el reconocimiento de la verdad religiosa y del deber humano de rendir culto a Dios.
El documento sostiene que la autoridad civil no puede considerarse completamente independiente de la ley divina. La vida pública y la vida privada deben respetar el orden moral objetivo. La relación entre la Iglesia y el Estado requiere concordia, porque ambas instituciones poseen funciones distintas, aunque no absolutamente separadas de toda referencia a Dios.