La Constitución Civil del Clero
La Revolución francesa transformó profundamente las relaciones entre el Estado y la Iglesia. En 1789, la Asamblea Constituyente confiscó los bienes eclesiásticos y suprimió numerosos institutos religiosos. Posteriormente aprobó la Constitución Civil del Clero, que sometía la organización de la Iglesia a la autoridad civil y exigía a obispos y sacerdotes un juramento de adhesión.
El clero francés quedó dividido entre los sacerdotes que aceptaron el juramento, llamados juramentados, y quienes lo rechazaron, conocidos como refractarios. Estos últimos actuaron movidos por la convicción de que el Estado no podía alterar la constitución divina de la Iglesia ni imponer una ruptura con la autoridad del Romano Pontífice.1
La Santa Sede condenó la Constitución Civil del Clero por considerarla contraria a los derechos de la Iglesia, a la disciplina eclesiástica y a la primacía del papa. La persecución alcanzó después a obispos, sacerdotes, religiosos y laicos católicos que rechazaban las medidas revolucionarias.3
Las deportaciones
La Convención Nacional promulgó decretos contra el clero refractario. Los sacerdotes y religiosos afectados debían presentarse voluntariamente para ser deportados; quienes no obedecieran podían recibir la pena de muerte. El proceso afectó a 2.412 sacerdotes y religiosos, enviados a distintos lugares de Francia. De ellos, 829 llegaron a la zona de La Rochelle y Rochefort.1
Las autoridades concentraron a muchos deportados en antiguos barcos de guerra, denominados pontones. Estas embarcaciones, incapaces de navegar en aquellas condiciones, funcionaron como prisiones flotantes. Dos de ellas, el Deux-Associés y el Washington, quedaron vinculadas a la memoria de los mártires de Rochefort.



