Las primeras condenas pontificias
En 1738, el papa Clemente XII condenó y prohibió las asociaciones conocidas como de los francmasones o con denominaciones equivalentes. La constitución In eminenti prohibió a los cristianos ingresar en ellas, promoverlas, favorecerlas o participar en sus actividades.
En 1751, Benedicto XIV confirmó la condena de su predecesor mediante la constitución Providas Romanorum. El documento reiteró la prohibición de incorporarse a esas asociaciones y recordó las sanciones establecidas entonces.
Las condenas pontificias de los siglos posteriores se produjeron en un contexto histórico en el que los papas denunciaban tanto determinados objetivos políticos atribuidos a sociedades secretas como ideas religiosas y filosóficas consideradas incompatibles con la fe. La Congregación para la Doctrina de la Fe, al revisar la cuestión en 1985, identificó entre los motivos doctrinales de la postura católica la oposición entre la fe cristiana y las concepciones que describió como naturalismo racionalista.
León XIII y la incompatibilidad doctrinal
En el siglo XIX, León XIII reiteró la condena de la masonería. En su carta Custodi de 1892 sostuvo que cristianismo y masonería eran esencialmente irreconciliables, de modo que la incorporación a una implicaba la ruptura con la otra.
La Congregación para la Doctrina de la Fe presentó posteriormente el juicio de León XIII como parte de una continuidad doctrinal: la oposición de la Iglesia no se fundaba solo en la conducta política de ciertas logias, sino también en principios filosóficos y morales incompatibles con la doctrina católica.
La declaración de 1983
La promulgación del Código de Derecho Canónico de 1983 planteó dudas porque el nuevo código no nombraba expresamente a la masonería, a diferencia del código anterior. El 26 de noviembre de 1983, la Congregación para la Doctrina de la Fe aclaró que esa ausencia obedecía a un criterio de redacción y no suponía un cambio en la posición de la Iglesia.
La declaración confirmó que la afiliación a asociaciones masónicas continuaba prohibida porque sus principios se consideraban irreconciliables con la doctrina católica. Añadió que los fieles afiliados incurrían en pecado grave y no podían acercarse a la sagrada comunión.
La aclaración doctrinal de 1985
En 1985, la Congregación explicó el sentido de la declaración de 1983. Respondió a la objeción de que algunas logias no imponían una religión o filosofía común y reunían a personas de distintas creencias en torno a valores humanistas compartidos. Para la Congregación, ese carácter plural no eliminaba el problema: la incompatibilidad afectaba a los principios y a sus consecuencias para la fe y la moral católicas.
La respuesta pastoral de 2023
En 2023, el Dicasterio para la Doctrina de la Fe reafirmó que la participación activa de los fieles en la masonería está prohibida por la incompatibilidad entre la doctrina católica y la masonería. Precisó que la declaración de 1983 se aplica a quienes están formal y conscientemente inscritos en logias y han asumido principios masónicos, incluidos los clérigos afiliados.
El Dicasterio también recomendó una respuesta pastoral que explique de manera accesible las razones de esa incompatibilidad. La orientación combina, por tanto, la claridad doctrinal con la catequesis y el acompañamiento de los fieles.
