Nota doctrinal sobre el compromiso político de los católicos

La Nota doctrinal fue publicada por la Congregación para la Doctrina de la Fe el 24 de noviembre de 2002. Su finalidad consiste en recordar algunos principios fundamentales de la conciencia cristiana ante determinadas ambigüedades y posiciones políticas contrarias a la enseñanza moral católica. El documento no pretende ofrecer un programa político concreto ni resolver todos los problemas de la doctrina social de la Iglesia. Su propósito consiste en orientar la responsabilidad moral de los católicos que participan en sociedades democráticas.¹

La Nota parte de una convicción central: la persona humana no puede separar su relación con Dios de sus responsabilidades sociales y políticas. La vida política tampoco puede desvincularse completamente de la moral, porque las decisiones legislativas y administrativas afectan directamente a la dignidad, los derechos y las condiciones de vida de las personas.¹

La responsabilidad cristiana en la sociedad

La Iglesia ha reconocido desde los primeros siglos la responsabilidad de los cristianos como ciudadanos. La participación política constituye una de las formas posibles de servicio al prójimo y al bien común. A lo largo de la historia, numerosos santos ejercieron responsabilidades públicas y políticas con espíritu de servicio.¹

La Nota presenta a santo Tomás Moro, patrono de los gobernantes y políticos, como ejemplo de fidelidad simultánea a la conciencia, a Dios y a las legítimas instituciones civiles. Su martirio manifestó que la autoridad política posee límites morales y que ninguna presión del poder puede justificar la traición a la verdad y a la conciencia rectamente formada.¹

El papel de los fieles laicos

El Concilio Vaticano II atribuyó a los fieles laicos una responsabilidad propia en la transformación cristiana del orden temporal. Esa responsabilidad comprende la vida familiar, profesional, económica, cultural, legislativa, administrativa y política. Los laicos no deben abandonar la vida pública, porque muchas instituciones temporales tienen precisamente la finalidad de promover el bien común.¹

La participación laical puede adoptar formas diversas: el ejercicio del voto, la militancia en partidos, el desempeño de cargos públicos, la actividad sindical, la intervención en asociaciones civiles, la defensa de los derechos humanos y la colaboración en iniciativas sociales. Cada persona debe actuar conforme a su competencia, su responsabilidad y las circunstancias concretas.¹

La democracia necesita ciudadanos activos, responsables y generosos. El ciudadano católico no puede considerar la política como una actividad moralmente ajena a la fe. El voto, la participación en el debate público y la intervención en las instituciones pueden contribuir a promover la paz, la libertad, la igualdad, la justicia, la solidaridad, la protección de la vida humana y el cuidado del medio ambiente.¹

La participación política no exige que todos los católicos adopten las mismas soluciones técnicas o apoyen al mismo partido. Exige, en cambio, que cada decisión busque sinceramente el bien común y respete los principios fundamentales de la moral cristiana. La responsabilidad política pertenece personalmente a cada fiel; nadie puede transferirla por completo a un partido, a un grupo de presión o a una autoridad eclesiástica.²

Distinción entre Iglesia y Estado

La Iglesia reconoce la legítima autonomía de la política y de la sociedad civil respecto de las instituciones religiosas. La autoridad civil no debe gobernar el culto, imponer una profesión de fe ni condicionar los derechos civiles a las convicciones religiosas de los ciudadanos. Las actividades específicamente religiosas -como la profesión de fe, el culto, la administración de los sacramentos y la enseñanza doctrinal- pertenecen a la responsabilidad propia de la Iglesia y de las comunidades religiosas.³

Esta autonomía no significa que la política pueda desligarse de toda norma moral. La Nota distingue entre la autonomía respecto de la religión y una supuesta autonomía respecto de la moral. La primera resulta legítima; la segunda conduce a una concepción relativista de la vida pública.³

La confusión entre ley religiosa y ley civil puede perjudicar la libertad religiosa y otros derechos humanos. Por ello, la Iglesia no pretende convertir directamente sus normas internas en legislación estatal ni ejercer el poder político. Su tarea consiste en formar e iluminar las conciencias, especialmente las de los fieles que ocupan responsabilidades públicas.³

Aportación pública de las convicciones cristianas

Un católico puede defender públicamente la vida, la justicia, la libertad o la familia aunque esos valores también formen parte de la enseñanza de la Iglesia. La coincidencia entre una convicción política y una doctrina religiosa no elimina la legitimidad civil de esa convicción, especialmente cuando puede defenderse mediante argumentos accesibles a la razón y vinculados a la dignidad humana.³

La autonomía política de los católicos no equivale a prescindir de la enseñanza moral y social de la Iglesia. El fiel debe formar su conciencia, estudiar los problemas concretos y aplicar los principios cristianos con prudencia y responsabilidad. La doctrina social orienta la conciencia, pero no sustituye el juicio personal sobre cada circunstancia histórica.³

Pluralidad legítima de opciones

La Iglesia admite una pluralidad de partidos, programas y soluciones políticas compatibles con la fe y con la ley moral natural. Esa pluralidad puede surgir por diversos motivos:

• La complejidad técnica de los problemas públicos.
• La diversidad de circunstancias económicas, culturales e históricas.
• La existencia de varias estrategias para proteger un mismo bien.
• Las diferentes interpretaciones prudenciales de determinados principios políticos.
• La imposibilidad de aplicar una solución idéntica a todas las sociedades.⁴

La Iglesia no presenta normalmente una única respuesta política para las cuestiones contingentes. Los ciudadanos católicos pueden escoger entre distintas opciones moralmente admisibles, siempre que valoren sus programas con responsabilidad y atiendan al conjunto del bien común.⁴

Rechazo del relativismo

La pluralidad política no debe confundirse con el relativismo moral. El relativismo sostiene que todas las concepciones del bien humano poseen el mismo valor o que ninguna verdad moral puede orientar la legislación. La Nota rechaza esta posición porque una democracia sin principios éticos fundamentales queda expuesta al abuso de los más fuertes contra los más débiles.³

La libertad política no consiste en considerar igualmente verdaderas todas las propuestas sobre la persona humana. La libertad necesita una verdad sobre el bien humano y social. Sin una concepción adecuada de la persona, las instituciones democráticas pierden su fundamento y los derechos humanos quedan sometidos a la voluntad cambiante de mayorías o poderes dominantes.⁴

La democracia requiere, por tanto, principios éticos no negociables. La expresión no implica que todos los aspectos de una ley o programa posean idéntico valor moral. Designa aquellos bienes fundamentales que nadie puede legítimamente sacrificar, relativizar o convertir en objeto de negociación política.⁴

La Nota rechaza la división entre una vida espiritual privada y una vida pública independiente de la fe. El cristiano no vive dos existencias paralelas: una religiosa y otra secular. La fe debe inspirar también el trabajo, la familia, la educación, la cultura, la economía y el servicio político.³

La coherencia cristiana no exige una uniformidad partidista. Exige que las decisiones públicas respeten la verdad sobre la persona y busquen el bien de todos, especialmente de los más vulnerables. Un católico puede discrepar legítimamente de otro católico sobre los medios concretos para alcanzar un objetivo, pero ambos deben mantener la integridad de los principios morales fundamentales.³

La doctrina social de la Iglesia no constituye una imposición política. Orienta la conciencia para que la actividad pública promueva integralmente a la persona humana. La acción política católica debe evitar tanto el clericalismo -la pretensión de que la Iglesia gobierne directamente la sociedad civil- como la marginación de las convicciones religiosas del espacio público.³

Formación de la conciencia

La conciencia cristiana necesita formación mediante la Sagrada Escritura, la enseñanza de la Iglesia, la reflexión racional, el conocimiento de la realidad y la prudencia política. Una conciencia rectamente formada no identifica automáticamente la moralidad con la disciplina de un partido ni reduce el bien común a una sola cuestión social.²

El católico debe valorar el conjunto de un programa político. La defensa de un aspecto concreto de la doctrina social -por ejemplo, la justicia económica o la protección de la familia- no permite ignorar otros bienes esenciales, como la vida humana, la libertad religiosa o los derechos de los padres.²

Responsabilidad ante leyes injustas

Los legisladores católicos tienen la obligación grave y clara de oponerse a cualquier ley que ataque directamente la vida humana. Un católico no puede promover ni votar a favor de una legislación que contradiga los contenidos fundamentales de la fe y de la moral.²

La Nota aplica este principio especialmente a las leyes relativas al aborto y la eutanasia. La defensa jurídica de la vida debe abarcar todo el arco de la existencia humana, desde la concepción hasta la muerte natural. También comprende la protección del embrión humano y el rechazo de cualquier reducción de la persona a su utilidad, autonomía o capacidad física.²

La responsabilidad moral admite una distinción prudencial cuando una ley injusta ya está vigente y no resulta posible derogarla por completo. Un representante público que mantiene una oposición personal conocida al aborto puede apoyar una propuesta destinada a limitar los daños de esa ley y reducir sus consecuencias negativas. Tal apoyo no equivale a aprobar la injusticia ni a abandonar la defensa del derecho a la vida.²

Defensa de la vida humana

La vida humana posee una dignidad propia que el Estado no concede y ninguna mayoría puede suprimir. La acción política católica debe proteger la vida frente al aborto, la eutanasia y otras prácticas que niegan el valor inviolable de la persona.²

La defensa de la vida reclama también políticas de apoyo a las madres, atención a las personas enfermas, acompañamiento a las familias, cuidados adecuados y protección de quienes sufren abandono o dependencia. La oposición a la eutanasia no justifica el encarnizamiento terapéutico: renunciar a tratamientos extraordinarios o desproporcionados puede resultar moralmente legítimo cuando no ofrece una esperanza razonable de beneficio.²

Protección de la familia

La familia fundada en el matrimonio monógamo entre un hombre y una mujer ocupa un lugar central en la doctrina social católica. La legislación debe proteger su unidad y estabilidad, así como reconocer la responsabilidad primordial de los padres respecto de la educación de sus hijos.²

La Nota sostiene que otras formas de convivencia no pueden equipararse jurídicamente al matrimonio ni recibir la misma consideración institucional. Esta afirmación forma parte de la concepción católica del matrimonio como comunidad estable de vida y amor, abierta a la generación y educación de los hijos.²

Libertad religiosa

La libertad religiosa pertenece a la dignidad de la persona. El Estado no debe imponer una religión ni discriminar a los ciudadanos por sus convicciones religiosas. Tampoco puede convertir la profesión religiosa en requisito para disfrutar de derechos civiles o servicios públicos.³

La defensa de la libertad religiosa no significa afirmar que todas las religiones o concepciones religiosas poseen idéntico contenido de verdad. Significa reconocer que la persona necesita libertad para buscar la verdad y actuar conforme a su conciencia dentro del orden público justo.³

Educación y protección de los menores

Los padres poseen un derecho inalienable a educar a sus hijos. La actividad política debe proteger esa responsabilidad y evitar que los menores queden expuestos a formas de explotación, abuso o manipulación.²

La Nota incluye dentro de esta protección la lucha contra formas contemporáneas de esclavitud, entre ellas la drogadicción y la prostitución. La dignidad del menor reclama medidas jurídicas, educativas y sociales que impidan toda utilización de la persona como objeto de consumo o instrumento de lucro.²

Justicia económica y solidaridad

La economía debe estar al servicio de la persona y del bien común. La actividad política debe promover la justicia social, la solidaridad y la subsidiariedad. El principio de subsidiariedad exige respetar los derechos y responsabilidades de las personas, las familias y las organizaciones, sin concentrar innecesariamente todas las decisiones en instancias superiores.²

La solidaridad impulsa la atención preferente a quienes sufren pobreza, exclusión o vulnerabilidad. La subsidiariedad, por su parte, evita tanto el individualismo que abandona a los débiles como el colectivismo que absorbe la iniciativa de las personas y de los cuerpos sociales.²

Paz, justicia y rechazo de la violencia

La paz no equivale simplemente a la ausencia de guerra o de conflicto visible. La tradición católica la entiende como fruto de la justicia y efecto de la caridad. La acción política debe afrontar las causas de la violencia, proteger a las víctimas y buscar soluciones proporcionadas y prudentes.²

La Nota reclama un rechazo absoluto y radical de la violencia y del terrorismo. También advierte contra los juicios políticos simplistas que ignoran la complejidad de los conflictos. La defensa de la paz exige responsabilidad constante y vigilancia por parte de los gobernantes y de todos los ciudadanos.²

El católico debe examinar los programas y candidatos atendiendo a varios criterios:

• Respeto efectivo a la vida humana.
• Reconocimiento de la dignidad de toda persona.
• Protección de la familia y de los derechos de los padres.
• Defensa de la libertad religiosa.
• Promoción de la justicia y la solidaridad.
• Protección de los menores y de las personas vulnerables.
• Rechazo de la violencia y del terrorismo.
• Servicio de la economía al bien común.
• Respeto a la verdad y a la responsabilidad moral.
• Búsqueda prudente de soluciones concretas y realizables.

Ningún partido representa necesariamente la totalidad de la doctrina social católica. El elector debe valorar la orientación general de cada opción, sus medidas concretas y las consecuencias previsibles de sus decisiones. La prudencia política exige distinguir entre la cooperación directa con una injusticia y el apoyo limitado a una medida que reduzca un mal ya existente.⁴

La conciencia no autoriza a votar cualquier propuesta en nombre de la libertad personal. La libertad auténtica necesita orientación hacia la verdad y el bien. Al mismo tiempo, la Iglesia no pretende sustituir el juicio prudencial del ciudadano en las cuestiones contingentes ni imponer una única opción partidista.⁴

La Nota no constituye un programa electoral ni identifica la fe católica con una ideología política. Tampoco pretende ofrecer soluciones técnicas únicas para la economía, la organización administrativa, las relaciones internacionales o las políticas sociales. Su enseñanza fija criterios morales que deben orientar esas decisiones.¹

El documento defiende simultáneamente tres realidades:

1. La autonomía legítima de la política, que permite diversas soluciones temporales.
2. La responsabilidad pública de los católicos, que no deben abandonar la vida social.
3. La existencia de principios morales objetivos, que ninguna mayoría puede negar legítimamente.^3,4

La Iglesia ofrece así una orientación moral sin pretender ocupar el lugar de las instituciones civiles. Los católicos participan en política como ciudadanos, con responsabilidad propia, cooperando con personas de distintas convicciones y utilizando medios legítimos.¹

La Nota entiende la democracia como una forma valiosa de participación ciudadana, pero no como un sistema moralmente autosuficiente. La democracia necesita reconocer una verdad sobre el ser humano y proteger los derechos fundamentales que hacen posible la participación política.⁴

Cuando la democracia abandona toda referencia a la verdad y reduce la moral a preferencias subjetivas, los derechos quedan a merced del poder. La ley puede convertirse entonces en instrumento de los fuertes frente a los débiles. La defensa de principios objetivos no limita injustamente la democracia; protege sus condiciones más profundas.³

La Nota doctrinal sobre el compromiso político de los católicos enseña que:

• Los católicos tienen derecho y deber de participar en la vida pública.
• La política debe orientarse al bien común y a la promoción integral de la persona.
• La Iglesia respeta la autonomía de la esfera civil respecto de la religión, pero no acepta una política desligada de la moral.
• Existe una pluralidad legítima de partidos y soluciones políticas.
• El pluralismo no puede convertirse en relativismo moral.
• La conciencia cristiana exige coherencia entre la fe privada y la responsabilidad pública.
• La vida humana, la familia, la libertad religiosa, la educación de los hijos, la justicia social y la paz requieren una defensa política responsable.
• Ningún católico puede promover o votar leyes que contradigan gravemente los principios fundamentales de la fe y de la moral.
• La Iglesia ilumina las conciencias, pero no sustituye el juicio prudencial de los ciudadanos sobre las cuestiones contingentes.

La participación política católica busca una sociedad más justa y digna mediante la unión de verdad, libertad, responsabilidad y servicio al bien común.