El término portugués Padroado designa un derecho de patronazgo eclesiástico. En la práctica, las concesiones papales permitían a los reyes presentar a la Santa Sede candidatos para el nombramiento de obispos y participar en la erección de nuevas diócesis. La presentación de un candidato no equivalía, por sí sola, a conferirle el nombramiento: la provisión de la sede correspondía a la autoridad eclesiástica. El patronazgo tampoco convertía al monarca en titular de la jurisdicción episcopal, que pertenecía a los pastores de la Iglesia conforme al orden canónico.1,3
El privilegio llevaba aparejadas obligaciones concretas. La Corona debía enviar misioneros a los territorios incorporados a su expansión y proporcionar una dotación adecuada a las diócesis, parroquias y comunidades religiosas que allí se establecieran. Una concesión relacionada con los ingresos eclesiásticos del reino portugués formaba parte de ese marco. Por tanto, el Padroado no consistía solo en prerrogativas regias: vinculaba la participación de la Corona en la organización eclesiástica con el deber de sostener la evangelización y la vida pastoral.2
La razón práctica de estas concesiones fue facilitar la actividad misionera en territorios de gran extensión y difícil acceso, donde la Corona podía colaborar en el envío de clérigos y en la financiación de nuevas estructuras eclesiásticas. Sin embargo, el patronazgo adquirió una interpretación disputada. La Santa Sede entendía que el privilegio alcanzaba los territorios efectivamente conquistados por Portugal; la Corona portuguesa defendía una interpretación más amplia, basada en las tierras incluidas en la demarcación atribuida al papa Alejandro VI como futuras posesiones portuguesas. Esa divergencia convirtió la delimitación territorial del Padroado en una fuente persistente de conflicto.2




