Papa Inocencio XIII

Michelangelo Conti nació en Roma el 13 de mayo de 1655, en el seno de una familia perteneciente a la nobleza romana. Su padre fue Carlo II, duque de Poli. Estudió en el Colegio Romano y entró pronto al servicio de la Curia pontificia. Alejandro VIII le confió en 1690 la misión de llevar al dux de Venecia, Francesco Morosini, el birrete y la espada ceremoniales concedidos por el papa.¹

En 1695 recibió el nombramiento de arzobispo titular de Tarso y fue enviado como nuncio apostólico a Lucerna. Dos años después marchó como nuncio a Lisboa, experiencia diplomática que influyó notablemente en su posterior gobierno pontificio. Clemente XI lo creó cardenal presbítero de los Santos Quirico y Julita el 17 de mayo de 1706. Más tarde ocupó las sedes de Osimo y Viterbo, aunque tuvo que renunciar a esta última en 1719 por motivos de salud.¹

Su elección tuvo lugar el 8 de mayo de 1721, después de un cónclave difícil. Adoptó el nombre de Inocencio XIII en recuerdo de Inocencio III, papa medieval perteneciente a su misma familia. La coronación tuvo lugar el 19 de mayo.¹

La defensa de los derechos temporales de la Santa Sede

Durante el siglo XVIII, el papado ejercía simultáneamente una autoridad espiritual sobre la Iglesia y una soberanía temporal sobre los Estados Pontificios. Esta doble condición provocaba conflictos con los monarcas absolutistas, que aspiraban a controlar los nombramientos episcopales, los beneficios eclesiásticos y la administración de la Iglesia dentro de sus territorios.

Inocencio XIII tuvo que afrontar esta tensión desde el inicio de su pontificado. En 1721 invistió al emperador Carlos VI con el Reino de Sicilia y recibió su juramento de fidelidad. La ceremonia reflejaba una concepción todavía vigente de la soberanía pontificia sobre determinados territorios y dignidades feudales.¹

La relación con la corte imperial se deterioró poco después. Cuando Carlos VI concedió al infante español don Carlos los ducados de Parma y Piacenza, el papa protestó porque consideraba que ambos territorios dependían de la soberanía pontificia. Las protestas no produjeron resultados prácticos, una muestra de la pérdida de capacidad política del papado frente a las grandes monarquías europeas.¹

La documentación jurídica pontificia recoge también la investidura del emperador Carlos VI con el Reino de Sicilia y Jerusalén y con los territorios situados al sur del estrecho de Mesina.²

Francia, España y Austria

La política de Inocencio XIII no puede entenderse solo como resultado de sus preferencias personales. Cada decisión pontificia estaba condicionada por la presión diplomática de Francia, España y Austria, potencias que defendían sus intereses mediante embajadores, alianzas dinásticas y amenazas de intervención militar.

Francia intentaba reforzar la autonomía de su Iglesia mediante el galicanismo, doctrina que ampliaba la autoridad del monarca y de la jerarquía nacional frente a Roma. España, bajo Felipe V, defendía prerrogativas semejantes en materia de disciplina eclesiástica y administración de beneficios. Austria, por su parte, utilizaba su posición imperial para ampliar el control sobre Italia y sobre los territorios vinculados históricamente a la Santa Sede.

La decisión de elevar al cardenalato a Guillaume Dubois, primer ministro francés, muestra hasta qué punto la diplomacia podía condicionar las decisiones romanas. Inocencio XIII cedió a la presión francesa, aunque exhortó al ministro a abandonar su conducta moral, exhortación que no obtuvo fruto.¹

Con España, el pontífice promulgó en marzo de 1723 una bula destinada a corregir numerosos abusos en los reinos españoles. Felipe V colaboró en su aplicación, lo que permitió una cooperación temporal entre la Corona y la Santa Sede, aunque no eliminó las tensiones de fondo sobre la jurisdicción eclesiástica.¹

La cuestión de Sicilia y Cerdeña

La disputa sobre Sicilia y Cerdeña formó parte de un conflicto más amplio acerca de la investidura de los obispos y de la jurisdicción eclesiástica. Las monarquías pretendían ejercer un control cada vez mayor sobre los nombramientos y sobre los asuntos internos de la Iglesia. El pontificado de Inocencio XIII intentó preservar los derechos de la Santa Sede, pero tuvo que actuar en un escenario político dominado por las cortes borbónicas y por el Imperio.

Este enfrentamiento revela la transición entre dos modelos. Por una parte, persistía la idea medieval de la autoridad pontificia sobre determinados reinos y beneficios. Por otra, las monarquías absolutas imponían una concepción territorial de la soberanía, según la cual el rey debía controlar la vida religiosa dentro de sus dominios.

El jansenismo y la bula Unigenitus

Uno de los principales problemas religiosos del pontificado fue el conflicto en torno al jansenismo, movimiento de orientación rigorista que recibió una fuerte influencia de las obras de Cornelio Jansenio y de las interpretaciones de Pasquier Quesnel.

Clemente XI había condenado las proposiciones de Quesnel mediante la constitución apostólica Unigenitus (1713). En 1721, siete obispos franceses enviaron a Roma un documento que pedía la supresión o revisión de aquella condena. Inocencio XIII rechazó la petición y exigió la aceptación incondicional de Unigenitus.¹

Su decisión reforzó formalmente la autoridad doctrinal de la Santa Sede, aunque no resolvió la resistencia jansenista en Francia y en los Países Bajos. El conflicto mezclaba cuestiones teológicas con problemas de jurisdicción episcopal, libertades de la Iglesia galicana y oposición política a la intervención romana.

La controversia de los ritos chinos

La llamada controversia de los ritos chinos enfrentaba a los misioneros católicos acerca de la legitimidad de determinadas prácticas tradicionales chinas, especialmente los ritos relacionados con Confucio y con los antepasados.

Los jesuitas defendían una interpretación más acomodaticia. Consideraban que ciertos homenajes podían entenderse como expresiones civiles y culturales, no como actos religiosos incompatibles con la fe cristiana. Dominicos y otros misioneros rechazaban esa interpretación y juzgaban que tales prácticas contenían elementos religiosos contrarios al cristianismo.

Inocencio XIII se inclinó por los adversarios de los jesuitas. Durante su pontificado la cuestión no quedó definitivamente resuelta, y las disposiciones posteriores modificaron el marco existente. La controversia muestra la dificultad de conciliar la inculturación del cristianismo con la vigilancia doctrinal de Roma.¹

Un pontificado en el umbral de una nueva época

Inocencio XIII gobernó en una fase de transición. La Ilustración todavía no había alcanzado su máxima difusión, pero ya circulaban ideas que cuestionaban ciertos fundamentos políticos, sociales y culturales del Antiguo Régimen. El racionalismo, la crítica histórica, la confianza en la ciencia y la defensa de una mayor autonomía del poder civil comenzaban a influir en las élites europeas.

La Curia romana respondió a este ambiente desde una doble perspectiva. Por un lado, mantuvo la defensa de la autoridad doctrinal y jurisdiccional del papa. Por otro, continuó favoreciendo la educación, la actividad diplomática y la administración racional de los asuntos eclesiásticos. La Iglesia no formaba un bloque uniforme: coexistían posiciones rigoristas, tendencias reformadoras, defensores de la tradición escolástica y eclesiásticos atentos a los nuevos métodos históricos y científicos.

La tensión entre reforma y defensa institucional

La influencia de la Ilustración en la Curia romana durante este período no produjo todavía una ruptura abierta con la cultura católica. Más bien generó una tensión entre la necesidad de mejorar la administración eclesiástica y el temor a que la crítica racionalista desembocara en el sometimiento de la Iglesia al Estado.

Los conflictos con Francia, España y Austria demostraban que el problema no era exclusivamente doctrinal. Las monarquías utilizaban ideas de reforma y de racionalización para justificar un mayor control sobre los obispos, los tribunales eclesiásticos, los bienes de la Iglesia y las órdenes religiosas. La Santa Sede percibía estas políticas como una amenaza a su independencia espiritual.

Inocencio XIII trató de mantener ese equilibrio: defendió la autoridad doctrinal de Roma en el caso de Unigenitus, actuó con cautela ante las potencias europeas y aprobó medidas disciplinarias para corregir abusos. Su pontificado no elaboró una respuesta sistemática a la Ilustración, pero anticipó los conflictos que adquirirían mayor intensidad bajo pontífices posteriores.

El nepotismo constituía uno de los problemas tradicionales de la administración pontificia. Los papas solían favorecer a sus familiares mediante cargos, rentas y dignidades, práctica que debilitaba la credibilidad de la Curia y alimentaba las críticas de las monarquías y de los reformadores católicos.

Inocencio XIII elevó a su hermano al cardenalato, pero limitó expresamente sus ingresos a 12.000 escudos, conforme a la línea restrictiva iniciada por Inocencio XII. La medida indica que el papa no abandonó completamente las formas tradicionales de promoción familiar, aunque intentó impedir que el parentesco se convirtiera en un instrumento de enriquecimiento descontrolado.¹

Su conducta contrastó con la imagen de un pontífice sometido por completo a intereses familiares. La contención del nepotismo formaba parte de un programa más amplio de regeneración moral y administrativa de la Curia.

Inocencio XIII mantuvo la ayuda anual que sus predecesores concedían a Jacobo III Estuardo, hijo del depuesto Jacobo II de Inglaterra. También prometió una importante ayuda económica si surgía una ocasión favorable para recuperar militarmente la corona inglesa. Esta política respondía a la defensa de los intereses católicos vinculados a la dinastía Estuardo, aunque tenía escasas posibilidades de modificar el equilibrio político británico.¹

El papa apoyó también a Venecia y, especialmente, a la isla de Malta en su lucha contra los turcos. Estas actuaciones se inscribían en la tradición pontificia de respaldar a los Estados católicos que participaban en la defensa del Mediterráneo frente al Imperio otomano.¹

El pontificado produjo diversas disposiciones sobre universidades, instituciones eclesiásticas y disciplina de la Iglesia. El Magnum Bullarium Romanum registra una constitución de 1721 que confirmó y amplió los privilegios de la Universidad de Urbino y de su colegio de doctores. La medida continuaba una política de protección pontificia de los centros de estudios superiores vinculados a los Estados Pontificios.³

La legislación de Inocencio XIII también abordó la disciplina eclesiástica en los reinos españoles y confirmó privilegios concedidos a instituciones hospitalarias vinculadas a la tradición de la Orden de San Juan de Jerusalén.²

Estas iniciativas muestran que su pontificado no estuvo dedicado exclusivamente a las grandes disputas diplomáticas. La administración ordinaria de la Iglesia, la educación superior y la regulación de instituciones religiosas ocuparon también un lugar significativo.

Inocencio XIII murió en Roma el 7 de marzo de 1724, a los sesenta y ocho años. Su pontificado había durado menos de tres años. Fue enterrado en la basílica de San Pedro. Durante su gobierno creó tres cardenales.³

Tras su muerte, el cónclave eligió a Pietro Francesco Orsini, que tomó el nombre de Benedicto XIII. El nuevo papa pertenecía a la Orden de Predicadores y orientó su pontificado hacia una aplicación rigurosa de la disciplina eclesiástica.⁴

Inocencio XIII fue un papa de transición. Heredó la defensa de la autoridad pontificia propia de la tradición católica anterior, pero tuvo que gobernar en un contexto donde las monarquías absolutas imponían cada vez más su control sobre la Iglesia.

Su pontificado mantuvo una postura firme frente al jansenismo y a los partidarios de revisar la constitución Unigenitus. También apoyó la posición contraria a los jesuitas en la controversia de los ritos chinos. Al mismo tiempo, sus decisiones diplomáticas revelaron la dependencia del papado respecto de las presiones de Francia, España y Austria.

La figura de Inocencio XIII refleja, por tanto, la complejidad del papado del siglo XVIII: autoridad espiritual universal, soberanía temporal limitada, diplomacia entre potencias rivales y necesidad de reforma interna. Su reinado breve no permitió desarrollar un programa completo, pero dejó planteados varios de los problemas que dominarían la historia de la Iglesia durante el resto del siglo.