Las órdenes mendicantes desempeñaban un papel decisivo en la vida de la Iglesia del siglo XIV. Dominicos y franciscanos predicaban en las ciudades, dirigían estudios teológicos, atendían a los pobres y participaban en la actividad misionera y diplomática de la Santa Sede.
La relación de Juan XXII con estas órdenes fue compleja. El papa no rechazó globalmente la vida mendicante. Al contrario, contó con teólogos dominicos y franciscanos, confió misiones diplomáticas a miembros de estas órdenes y utilizó sus capacidades académicas y pastorales. La controversia surgió especialmente en torno a la disciplina franciscana, la autoridad de los superiores, la interpretación de la pobreza y la obediencia al pontífice.
Los franciscanos espirituales
Dentro de la Orden de Frailes Menores existía una corriente conocida como espirituales o fraticelos, partidaria de una interpretación extremadamente rigurosa de la pobreza de san Francisco. Sus miembros sostenían que la regla franciscana reproducía literalmente el Evangelio y que ni siquiera el papa podía dispensar de sus exigencias fundamentales.
Tras la muerte de Clemente V y del ministro general Gonzálvez, varios espirituales rechazaron la obediencia a sus superiores. En algunas regiones del sur de Francia y de Italia expulsaron a frailes conventuales de sus casas y ocuparon sus conventos, provocando divisiones y escándalos.
En 1317, Juan XXII ordenó a los frailes rebeldes que obedecieran a sus superiores y mandó examinar sus doctrinas. El 23 de enero de 1318, varias de sus posiciones fueron declaradas erróneas. Quienes persistieron en la rebelión fueron tratados como herejes; algunos sufrieron la pena capital y otros huyeron a Sicilia.
La actuación pontificia respondía a dos preocupaciones: conservar la unidad institucional de la orden y evitar que una interpretación radical de la pobreza se transformara en una negación de la autoridad eclesial. La represión de los grupos disidentes, sin embargo, convirtió el conflicto disciplinar en una herida duradera dentro del franciscanismo.
La controversia sobre la pobreza evangélica
Los franciscanos discutían si Cristo y los apóstoles habían poseído bienes, individualmente o en común. La cuestión afectaba a la identidad de la orden y a su modo de vivir la pobreza.
La legislación anterior había reconocido que los franciscanos podían utilizar los bienes necesarios sin poseerlos jurídicamente. La distinción entre usus-uso- y usus pauper-uso pobre o restringido- permitía defender una vida de pobreza aunque la propiedad formal de los bienes correspondiera a la Iglesia romana.
En 1322, el capítulo franciscano de Perusa proclamó solemnemente la pobreza absoluta de Cristo y de los apóstoles. El capítulo contó con el apoyo de Miguel de Cesena, de varios ministros provinciales y de destacados teólogos.
Juan XXII respondió con la constitución Quia nonnumquam, de 26 de marzo de 1322, que revocó la prohibición anterior de discutir la cuestión. Después de someter el problema al consistorio, promulgó Ad conditorem canonum, el 8 de diciembre de 1322. Mediante esta disposición, la Iglesia romana renunció a sus derechos sobre los bienes muebles e inmuebles utilizados por los franciscanos y devolvió la propiedad a la orden.
El 12 de noviembre de 1323, la bula Cum inter nonnullos declaró herética la afirmación de que Cristo y los apóstoles no habían poseído bienes, ni individualmente ni en común. Juan XXII consideraba incompatible esa afirmación absoluta con una comprensión adecuada de la vida histórica de Cristo y de la Iglesia apostólica.
Ruptura con Miguel de Cesena
Miguel de Cesena, ministro general de la orden, había pertenecido a la corriente conventual y en otros momentos había colaborado con el papa contra los espirituales. Sin embargo, el cambio de posición pontificia sobre la pobreza provocó su oposición.
El conflicto franciscano se relacionó progresivamente con la lucha entre Juan XXII y Luis de Baviera. Los franciscanos disidentes encontraron en el emperador un protector político, mientras que el papa contempló su resistencia como una amenaza tanto doctrinal como institucional. Los seguidores de Miguel de Cesena, conocidos como miguelistas, cuestionaron incluso la legitimidad del papa y lo acusaron de herejía.
La mayoría de la orden permaneció fiel a la Santa Sede. En 1329, Juan XXII favoreció la elección de Geraldo Odón como ministro general en lugar de Miguel de Cesena. El capítulo general de París desautorizó a Miguel y a sus seguidores, y la orden conservó su unidad jurídica bajo la obediencia pontificia.
La relación entre Juan XXII y las órdenes mendicantes, por tanto, no puede reducirse a la disputa sobre la pobreza. El papa utilizó a miembros de estas órdenes como profesores, diplomáticos, legados y colaboradores pastorales. Pedro Paludano, dominico y maestro de teología, recibió de Juan XXII una misión diplomática en Flandes y más tarde fue nombrado patriarca de Jerusalén.
El pontífice también recurrió a teólogos mendicantes para examinar doctrinas, resolver controversias y preparar iniciativas misioneras. El conflicto no expresaba una hostilidad general hacia la vida religiosa mendicante, sino la lucha por definir sus límites jurídicos, su obediencia y su relación con la autoridad universal del papa.