Gobierno de la Iglesia
Urbano VIII gobernó en una época de tensiones entre las potencias católicas y protestantes, con la Guerra de los Treinta Años como principal conflicto continental. Su pontificado procuró defender la autoridad y los intereses de la Santa Sede en una Europa en la que la religión y la rivalidad entre Estados estaban estrechamente entrelazadas. La gestión de ese equilibrio político constituye una de las claves, y también una de las controversias, de su legado.
El papa intervino en asuntos de gobierno eclesiástico y de los territorios pontificios. Entre las medidas registradas durante su pontificado figuran la organización de visitas a iglesias, monasterios y lugares piadosos de Roma, y decisiones relativas a la administración de territorios vinculados a la Santa Sede. También promovió instituciones educativas y misionales.,
Misiones y formación del clero
La expansión de las misiones católicas fue una prioridad institucional del periodo. Gregorio XV había fundado en 1622 la Congregación para la Propagación de la Fe, organismo encargado de coordinar esa labor. Urbano VIII continuó su organización y creó en 1627 el Colegio Urbano, un seminario internacional destinado a preparar clérigos para las misiones. Su proyecto buscaba formar sacerdotes capaces de servir en regiones diversas y de mantener vínculos entre las distintas comunidades eclesiales.
La fundación del Colegio Urbano dio un marco estable a la preparación misionera y vinculó directamente la formación de futuros sacerdotes con la acción de la congregación. Esta política se insertaba en el esfuerzo más amplio de la Iglesia por fortalecer el clero y extender su presencia en territorios de misión.
Canonizaciones y culto a los santos
La promoción del culto a los santos ocupó un lugar destacado en su pontificado. El mismo día de su elección, Urbano VIII promulgó las bulas de canonización de Felipe Neri, Ignacio de Loyola y Francisco Javier, cuya canonización había aprobado su predecesor, Gregorio XV. Durante su pontificado canonizó también a Isabel de Portugal y Andrés Corsini, y beatificó, entre otros, a Francisco de Borja, María Magdalena de Pazzi, Juan de Dios y Josafat Kuncewycz.
Urbano VIII procuró regular la veneración pública para reservar a la Santa Sede la autoridad de declarar oficialmente la santidad. En 1625 prohibió representar con aureola a personas no beatificadas o canonizadas, colocar lámparas y exvotos ante sus sepulcros y publicar como ciertos milagros o revelaciones atribuidos a ellas. La medida respondía al propósito de distinguir el culto autorizado de las devociones todavía no reconocidas oficialmente.