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La Constitutio Romana constaba de nueve artículos y pretendía ordenar las relaciones entre el papa, el emperador y la población romana. El acuerdo protegía a las personas y bienes bajo tutela papal o imperial, exigía obediencia al papa y a sus funcionarios, y prohibía el saqueo de los bienes eclesiásticos después de la muerte de un pontífice.
El documento también establecía mecanismos de vigilancia administrativa. El papa y el emperador debían designar sendos comisionados -los llamados missi- para examinar la administración de justicia. El acuerdo reconocía además la diversidad jurídica de la población, pues cada persona podía quedar sometida al derecho romano, sálico o lombardo según la tradición jurídica que hubiera elegido.
Influencia sobre la elección de los pontífices
La disposición más relevante para la historia del papado afectaba directamente a la elección pontificia. La Constitutio Romana limitaba la participación electoral a quienes poseían ese derecho conforme a las normas atribuidas al concilio romano de 769, celebrado durante el pontificado de Esteban IV. El acuerdo buscaba impedir intervenciones arbitrarias de grupos que carecieran de legitimidad canónica, aunque al mismo tiempo reforzaba la presencia imperial en el proceso.
Los romanos tuvieron que prestar juramento de fidelidad al papa y al emperador. Además, ningún pontífice elegido podía recibir la consagración en ausencia de los enviados imperiales. Esta exigencia no convertía formalmente al emperador en el elector del papa, pero sí le concedía una capacidad efectiva de supervisión y de control político sobre el momento decisivo de la elección.
La normativa produjo una situación ambivalente:
- Limitó la violencia y la injerencia de la nobleza romana, al reservar la elección a un cuerpo eclesiástico definido.
- Mantuvo la participación simbólica del pueblo romano, cuya función quedó reducida principalmente a la aclamación.
- Aumentó la influencia del poder imperial, pues la consagración requería la presencia de sus representantes.
- Condicionó la autonomía práctica del colegio electoral romano, aunque no eliminó la pretensión de la Iglesia de elegir canónicamente a su obispo.
La legislación de 824 influyó en las elecciones pontificias del siglo IX. La exigencia de que los legados imperiales presenciasen la consagración aparece como una práctica habitual en muchas elecciones de ese periodo. Décadas más tarde, el papa Juan IX intentó ordenar de nuevo el procedimiento y dispuso que el pontífice fuese elegido por los obispos y el clero, con el consentimiento del Senado y del pueblo y en presencia de los legados imperiales.
Aplicación en la elección de Valentín
La elección de Valentín ocurrió después de la muerte de Eugenio II, el 27 de agosto de 827. El clero, la nobleza y el pueblo de Roma lo eligieron de manera unánime, según la biografía pontificia conservada. Aunque la documentación no permite reconstruir todos los detalles jurídicos de la elección, el procedimiento tuvo lugar en el marco político creado por la Constitutio Romana.
El relato antiguo presenta la elección como una manifestación de consenso romano. Valentín se encontraba orando en la basílica de Santa María la Mayor cuando la comitiva acudió a buscarlo. Después lo condujo a la basílica lateranense y lo colocó en el trono pontificio. La escena posee un claro carácter simbólico: el nuevo papa aparece como un eclesiástico dedicado a la oración y aceptado por las principales fuerzas de la comunidad romana.