Persecución religiosa en España (1931-1939)

La proclamación de la Segunda República, el 14 de abril de 1931, abrió un periodo de fuertes tensiones entre sectores políticos y sociales enfrentados por el lugar de la religión en la vida pública. La hostilidad contra la Iglesia tuvo causas diversas, entre ellas el rechazo a su influencia social y su asociación, por parte de sus adversarios, con los grupos dominantes. La violencia alcanzó también a personas sin participación política. En mayo de 1931 ya tuvieron lugar actos anticlericales contra religiosos y laicos, en un clima de creciente oposición a la presencia pública de la Iglesia.¹

La persecución no tuvo desde el comienzo la misma extensión ni intensidad en todo el país. En distintos lugares, la presión adoptó formas de discriminación, restricciones al culto y ataques contra instituciones eclesiásticas. El Dicasterio para las Causas de los Santos describe una política anticristiana que, mediante leyes discriminatorias y actitudes agresivas, limitó el ejercicio público del culto y buscó debilitar o destruir la presencia de la Iglesia.²

Un antecedente importante fue la revolución de Asturias de octubre de 1934. Durante los enfrentamientos en la región murieron numerosas personas, entre ellas sacerdotes, religiosos y seminaristas. Nueve seminaristas vinculados a Oviedo figuran entre los mártires reconocidos por la Iglesia por los asesinatos ocurridos aquel año y en los años siguientes.³

La sublevación militar de julio de 1936 y el comienzo de la Guerra Civil transformaron las tensiones previas en una violencia mucho más extensa. En zonas bajo control de milicias revolucionarias, la persecución contra católicos alcanzó entonces un carácter particularmente cruento. La violencia se concentró sobre todo en los primeros meses del conflicto, aunque hubo asesinatos y otras agresiones hasta el final de la guerra, en 1939.^4,1

La persecución alcanzó a miembros de la jerarquía eclesiástica, sacerdotes diocesanos, religiosos y religiosas, seminaristas y fieles laicos. Muchos fueron arrestados o asesinados por su condición religiosa, por ejercer el ministerio sacerdotal o por mantener una actividad católica reconocible. En algunos casos, las víctimas continuaron celebrando los sacramentos, atendiendo a enfermos o permaneciendo junto a las personas a su cargo pese al peligro.^2,5

Los ataques no se limitaron a las personas. Milicias asaltaron iglesias y conventos, destruyeron o profanaron imágenes y objetos sagrados y prendieron fuego a edificios religiosos. En Madrid, por ejemplo, los procesos de martirio de religiosos redentoristas documentan asaltos a conventos, saqueos de iglesias y registros de viviendas para encontrar sacerdotes o religiosos escondidos.⁵

Algunos fieles fueron perseguidos por actividades como la oración clandestina, la pertenencia a asociaciones católicas o la ayuda a sacerdotes y religiosos perseguidos. La causa de los mártires de Córdoba incluye a sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos, entre ellos miembros de asociaciones como la Acción Católica y la Adoración Nocturna.⁶

La persecución también dejó víctimas entre personas que protegieron a otros. Antoni Tort Reixachs, padre de familia, acogió en su casa a religiosos perseguidos. Los milicianos lo detuvieron y lo mataron en diciembre de 1936. El sacerdote Gaietà Clausellas, por su parte, se negó a abandonar a los ancianos a los que atendía como capellán; fue detenido y asesinado en agosto de aquel año.

La persecución no se desarrolló de manera uniforme. La situación de cada localidad dependió del control político y militar, de las decisiones de las autoridades y milicias presentes y de las circunstancias inmediatas. Los procesos de martirio incluyen víctimas de Madrid, Cataluña, Andalucía, Valencia, Castilla y otras regiones. Entre los grupos reconocidos figuran claretianos procedentes de comunidades de Barcelona, Sabadell, Vic, Lérida, Cervera, Valencia y Santander.²

Las circunstancias de las muertes variaron. Algunos fueron ejecutados tras permanecer en prisión; otros, asesinados poco después de su arresto o durante un traslado. El sacerdote sevillano Manuel González-Serna Rodríguez fue detenido en julio de 1936 y ejecutado en la sacristía de su parroquia. Otros sacerdotes de la archidiócesis de Sevilla murieron en cementerios, cárceles o durante traslados.⁷

También hubo víctimas entre los laicos que no ejercían funciones eclesiásticas. En Córdoba, el grupo de mártires estudiado por la Iglesia incluye a 39 fieles laicos, además de sacerdotes, seminaristas y religiosos. Este dato muestra que la violencia religiosa no se dirigió solo contra el clero, aunque los ministros de la Iglesia fueron objetivos especialmente numerosos.⁶

En el lenguaje católico, martirio no significa simplemente morir durante una guerra ni pertenecer a una categoría política. La Iglesia examina si la muerte ocurrió por odio a la fe (odium fidei) y si la víctima mantuvo una actitud de fidelidad cristiana ante la persecución. La calificación eclesiástica de mártir pertenece a un proceso formal de reconocimiento; no convierte automáticamente en mártir a toda persona católica asesinada durante el conflicto.

Los expedientes de causas de beatificación analizan las circunstancias de cada muerte y las pruebas sobre la motivación de los perseguidores. En el caso de varios redentoristas asesinados en Madrid, el Dicasterio concluyó que los mataron por su identidad religiosa y que sus muertes no respondieron a una actividad política. Los testimonios describen que algunos rezaron, se confesaron entre sí, animaron a sus compañeros y aceptaron la muerte por Cristo.⁵

Los relatos de martirio también recogen actos de perdón. El sacerdote José Samsó i Elías, detenido en Mataró y fusilado en septiembre de 1936, murió perdonando a sus ejecutores; la Iglesia lo presenta como ejemplo de dedicación a la catequesis y de caridad pastoral.

«No murieron por una ideología, sino que entregaron libremente la vida por Aquel que había muerto primero por ellos.»

Esta interpretación espiritual no elimina la realidad histórica de la violencia ni impide estudiar sus causas políticas y sociales. Expresa, desde la perspectiva católica, el sentido que los mártires dieron a su fidelidad y el fundamento de su reconocimiento religioso.

La Iglesia ha promovido numerosas causas de beatificación y canonización de personas asesinadas durante la persecución. Los grupos incluyen tanto comunidades religiosas como sacerdotes diocesanos y laicos. En 2013, por ejemplo, fueron beatificados 522 mártires de la Guerra Civil; otros grupos, como los 127 mártires de la diócesis de Córdoba, incluyen víctimas de distintos estados de vida.⁶

Las beatificaciones reconocen que la Iglesia considera mártires a personas concretas o a grupos determinados, no que todo asesinato de un católico durante la guerra tenga idéntica motivación o reconocimiento. La documentación eclesiástica conserva los nombres, las biografías y las circunstancias de cada causa, y sitúa el testimonio de las víctimas en una llamada al perdón, la reconciliación y el rechazo de la violencia. El Dicasterio para las Causas de los Santos ha presentado la memoria de los mártires como un recuerdo de su testimonio de bien, no como una exaltación de la injusticia sufrida.⁸

La persecución religiosa de 1931-1939 forma parte de una historia española marcada por profundas divisiones y por la violencia política. Su estudio exige distinguir las etapas, los lugares, los responsables y las experiencias de las víctimas, sin reducirlas a un único relato partidista. Desde la perspectiva católica, la memoria de quienes murieron por su fe conserva un sentido propio: testimonia la fidelidad a Cristo en circunstancias extremas y propone el perdón y la paz como respuesta a la persecución.^8,5