Quema de brujas

La expresión quema de brujas designa la ejecución mediante el fuego de personas condenadas por brujería o hechicería. La acusación podía relacionarse con supuestos daños mágicos, adivinación o pactos con el demonio. En muchos procesos, las autoridades trataron esas prácticas como delitos religiosos y civiles a la vez.

La persecución formó parte de un periodo de temor intenso a la brujería que afectó a diversas sociedades europeas durante la segunda mitad del siglo XVI y buena parte del XVII. La creencia en la intervención diabólica convivía con conflictos locales, normas penales severas y procedimientos judiciales que podían recurrir a la tortura para obtener confesiones. La tortura y la presión sobre los acusados favorecían testimonios poco fiables y agravaban el riesgo de condenas injustas.^1,2

Leyes y tribunales

Las autoridades civiles tipificaron la brujería como delito en varios territorios. En el Sacro Imperio, la Constitutio Criminalis Carolina de 1532 estableció la pena de muerte en la hoguera para la hechicería que causara daños. En Sajonia, una norma de 1572 extendió la pena a otras formas de brujería, incluso la adivinación.³

La hoguera no constituyó el castigo habitual en todos los países. En Inglaterra y Escocia, por ejemplo, las ejecuciones por brujería solían realizarse mediante ahorcamiento. Las leyes y penas variaban de un territorio a otro, y las cifras exactas de víctimas siguen siendo difíciles de establecer.^3,4

Tampoco conviene identificar sin matices los procesos por brujería con la Inquisición. Hubo condenas dictadas por tribunales seculares, y el marco legal y la práctica judicial cambiaron según la región. En ciertos lugares, la persecución adquirió dimensiones extremas: la Catholic Encyclopedia de 1913 relata que en Osnabrück, en 1583, ejecutaron a 121 personas en tres meses. Esa cifra ilustra la intensidad de episodios concretos, no la escala uniforme de toda Europa.³

Persecución en territorios católicos y protestantes

La caza de brujas no fue exclusiva de una confesión. Los territorios católicos y protestantes participaron en las persecuciones, aunque con diferencias entre lugares y periodos. La Catholic Encyclopedia de 1913 sostuvo que la actividad persecutoria fue especialmente intensa en zonas protestantes de Alemania; también documentó condenas en territorios católicos y la participación de autores católicos en la defensa de medidas severas. Esa misma obra reconoce la intervención de gobernantes y tribunales civiles en los procesos.^3,4

Por tanto, la historia no admite una explicación que atribuya todas las ejecuciones a una sola confesión o institución. Las autoridades religiosas pudieron contribuir a la aceptación de ideas demonológicas y de penas extremas, mientras que los poderes civiles aprobaron leyes, juzgaron acusados e impusieron condenas. La responsabilidad concreta depende de cada proceso y de sus protagonistas.

La persecución encontró oposición ya en el siglo XVI. El médico protestante Johann Weyer cuestionó la credibilidad de muchas acusaciones y confesiones. Otros autores también criticaron los procesos. En el siglo XVII, el jesuita Friedrich von Spee combatió la persecución en su obra Cautio criminalis (1631) y denunció los abusos judiciales y el uso excesivo de la tortura.³

En 1623, el papa Gregorio XV recomendó un procedimiento más moderado, y una instrucción inquisitorial de 1657 censuró la crueldad empleada en las causas de brujería. Estas intervenciones muestran que también surgieron críticas desde ámbitos católicos, aunque no borran la participación anterior de autoridades eclesiásticas o civiles en la persecución.³

La quema de personas acusadas de brujería constituye un capítulo grave de la historia europea. La mentalidad de la época ayuda a comprender por qué muchas sociedades aceptaron la persecución, pero no convierte en justas las condenas injustas, la tortura ni la ejecución de inocentes. Una valoración histórica rigurosa debe reconocer el contexto sin usarlo como excusa.

El cardenal Georges Cottier, al tratar la historia de la Inquisición, reconoció la gravedad de las prácticas judiciales de épocas pasadas, entre ellas la tortura y la pena de muerte en la hoguera. También defendió una revisión crítica de la memoria eclesial a la luz del Evangelio, capaz de reconocer errores y pedir perdón.²

La explicación de estos hechos exige distinguir las creencias religiosas sobre la brujería de las decisiones judiciales y políticas que condujeron a las ejecuciones. También exige evitar tanto la defensa apologética de los abusos como las simplificaciones que atribuyen toda la persecución a una sola institución o confesión.