Regalismo

El regalismo parte de una cuestión central: qué competencias corresponden a la autoridad civil y cuáles pertenecen a la autoridad eclesiástica. En su formulación característica, reconocía que la Iglesia tenía derechos propios, pero subordinaba el ejercicio de sus poderes sociales y jurídicos a la aprobación del Estado. Llevada más lejos, esa lógica permitía al gobernante prohibir actuaciones eclesiásticas que juzgase perjudiciales para los intereses del reino o exigir a la Iglesia que emplease sus medios en favor de la política regia.¹

El término comprende tanto teorías sobre la relación entre la Iglesia y el Estado como medidas concretas de gobierno. Por ello, no designa un sistema idéntico en todos los países ni una política uniforme en todos los reinados. Sus manifestaciones dependieron de las leyes, los privilegios concedidos por la Santa Sede, las instituciones de cada monarquía y la interpretación que los gobernantes hicieran de sus atribuciones.

Conviene distinguir el regalismo de los derechos que un soberano ejercía legítimamente por concesión pontificia, como ciertas formas del patronato regio. La existencia de una concesión no autorizaba por sí misma a extenderla a otros ámbitos. En los territorios españoles de América, por ejemplo, el patronato tenía una base jurídica reconocida, pero la actuación de los monarcas y sus ministros llegó en ocasiones más allá de las facultades concedidas y restringió la libertad de gobierno de la Iglesia.²

El regalismo se relacionó doctrinalmente con el galicanismo, corriente que defendía determinadas libertades de las Iglesias nacionales frente a la autoridad pontificia. La teoría regalista podía reconocer a la Iglesia un origen y unos derechos propios, pero debilitaba su autonomía al hacer depender la eficacia de sus poderes jurídicos del poder civil.¹

Una manifestación concreta de la intervención regia fue el derecho de regalia-también llamado régale en Francia-, que no debe confundirse con el regalismo en su sentido general. En su origen, regalia designaba derechos propios del rey; con el tiempo, la palabra pasó a aplicarse especialmente a la pretensión de percibir las rentas de diócesis vacantes y disponer de determinados beneficios eclesiásticos durante la vacante. Los soberanos justificaron esas pretensiones de distintas maneras, entre ellas como derechos inherentes a la soberanía o como consecuencias de relaciones feudales.³

En Francia, Luis XIV extendió en 1673 y 1675 el derecho de régale a todos los obispados del reino. Dos obispos, Pavillon y Caulet, rechazaron esa extensión. El conflicto llegó a enfrentar al monarca con Inocencio XI, quien defendió a Caulet y cuestionó la actuación regia. El episodio muestra cómo una disputa aparentemente ligada a las rentas de las sedes vacantes podía afectar también a los nombramientos eclesiásticos y a la autoridad de los obispos.⁴

Patronato regio y gobierno de las Indias

La expansión española en América estuvo acompañada por amplias competencias de patronato concedidas a los monarcas. En las Indias, esas facultades proporcionaron a la Corona una función decisiva en el gobierno eclesiástico y en la organización de la actividad misionera. La Santa Sede confirmó privilegios regios de gran alcance; los concilios provinciales de Lima de 1583 y el III Concilio Mexicano de 1585 reconocieron el patronato universal de los reyes en las Indias, y el concordato de 1753 reconoció el derecho regio de presentación para beneficios indianos.²

El patronato, sin embargo, no equivale sin más al regalismo. El primero podía apoyarse en facultades concedidas por la Santa Sede; el segundo aparece cuando la Corona convierte esas facultades en una pretensión de control más general sobre la vida eclesiástica. En las Indias, los monarcas y sus ministros invocaron además teorías que justificaban su intervención en los asuntos de la Iglesia, entre ellas la del Regio Vicariato. Según esa doctrina, el rey actuaba como vicario o delegado del papa en asuntos eclesiásticos americanos. Los juristas contribuyeron a elaborar y difundir esa interpretación, que sirvió para sostener y ampliar las pretensiones regias.⁵

Entre las prácticas regalistas figuran la retención de bulas pontificias antes de permitir su publicación, los obstáculos a la comunicación directa de los obispos con la Santa Sede, la exclusión del nuncio de Madrid de ciertos asuntos eclesiásticos de Indias, las restricciones a la jurisdicción eclesiástica y las exacciones económicas sobre la Iglesia. Algunas de estas prácticas aparecieron ya en el siglo XVI y adquirieron continuidad durante el siglo XVII; la recopilación de leyes de Indias de 1680 reunió principios y disposiciones asociados al regalismo de los Austrias. Por ello, el regalismo español no nació exclusivamente con los Borbones.⁶

El siglo XVIII

Los Borbones impulsaron nuevas medidas regalistas, sobre todo durante los reinados de Carlos III y Carlos IV. Bajo Carlos III, el gobierno promovió iniciativas de reforma de las órdenes religiosas y convocó concilios provinciales en América. También intentó restringir ámbitos de la jurisdicción eclesiástica. Sin embargo, algunas de esas actuaciones no alcanzaron los objetivos previstos: las reformas de conventos y la celebración de concilios no produjeron los resultados esperados, y los textos conciliares ni siquiera llegaron a recibir la aprobación regia.²

Durante el reinado de Carlos IV continuó esa tendencia y avanzaron las restricciones relativas a la inmunidad personal de los clérigos y las exacciones económicas sobre el estamento eclesiástico. En 1804 tuvo lugar un intento de desamortización eclesiástica en las Indias, mediante la venta de obras pías de América y Filipinas. Estas medidas muestran que el regalismo no se limitaba a disputar la autoridad papal: también afectaba a la jurisdicción, los recursos y la organización de instituciones eclesiásticas.^5,2

La expansión de la intervención regia estuvo vinculada, además, a una transformación del Estado. El avance regalista de la segunda mitad del siglo XVIII contribuyó a un proceso de secularización política, entendido aquí como el aumento de la capacidad del poder estatal para regular ámbitos antes gobernados por autoridades eclesiásticas. Esta evolución no fue inmediata ni uniforme, y prolongó prácticas presentes en la Monarquía Hispánica desde los siglos anteriores.⁶

Uno de los instrumentos asociados al regalismo fue el exequátur, también llamado regio plácet. Consistía en exigir la autorización del Estado para que determinados documentos o disposiciones eclesiásticos pudieran publicarse o producir efectos en el territorio. La práctica se extendió por distintos países europeos y, en el caso español, formó parte de las medidas de control sobre la recepción de documentos pontificios.^7,6

Desde la perspectiva católica, la objeción de fondo no era que el Estado tuviera competencias propias en asuntos temporales, sino que pretendiera decidir sobre la validez o el ejercicio de la potestad eclesiástica. Si una ley de la Iglesia necesitaba la aprobación estatal para obligar a los fieles, la potestad legislativa de la Iglesia quedaba sometida a una autoridad distinta de aquella de la que procede. La tradición católica rechazó por ello la pretensión de que el poder civil posea, por naturaleza, un derecho general para impedir la actuación ordinaria de la autoridad eclesiástica.⁷

La crítica católica al regalismo defiende la legítima libertad de la Iglesia para ejercer su misión y su jurisdicción propias. Esta defensa no elimina la existencia de ámbitos de cooperación entre autoridades civiles y eclesiásticas ni convierte toda relación entre la Corona y la Iglesia en una usurpación. La distinción decisiva reside entre una competencia legítimamente concedida o acordada y la pretensión de que el Estado pueda someter a su aprobación general los actos de la Iglesia.^1,7

La valoración histórica del patronato español en América también exige reconocer sus efectos diversos. El sistema facilitó la organización de la evangelización y contribuyó a la consolidación del catolicismo en América y Filipinas; al mismo tiempo, la aplicación expansiva de las facultades regias limitó la libertad legítima de la Iglesia y produjo abusos de jurisdicción. No toda intervención regia tuvo el mismo alcance ni todas las controversias fueron dogmáticas: muchas afectaron a la autonomía institucional, al gobierno eclesiástico y a la relación directa de los obispos con Roma.^5,2

La Iglesia en América padeció «un paternalismo estatal que ahogaba la legítima libertad de actuación de la Iglesia», aunque ese sistema estuvo acompañado por «un sincero deseo evangelizador».⁵

Esta doble dimensión ayuda a comprender el regalismo sin reducirlo a una oposición simple entre monarquía e Iglesia. Las concesiones pontificias, la cooperación política y la labor evangelizadora coexistieron con prácticas que ampliaron el control estatal más allá de sus límites legítimos. El regalismo designa, por tanto, el conjunto de doctrinas y actuaciones mediante las cuales el poder civil procuró subordinar o dirigir la vida jurídica y administrativa de la Iglesia, con consecuencias que variaron según el país, la época y el grado de intervención de cada Corona.