Regalismo

El término regalismo designa la pretensión de la Corona de ejercer derechos o prerrogativas sobre la organización y la actividad de la Iglesia. El alcance de esas pretensiones varió según la época y el país: podía abarcar la presentación de candidatos a cargos eclesiásticos, la gestión de bienes y rentas, la regulación de la jurisdicción de los tribunales eclesiásticos o el control de la publicación y aplicación de documentos pontificios.^1,2,3

La doctrina regalista no siempre negaba que la Iglesia recibiera su autoridad de Jesucristo. Su rasgo característico consistía en sostener que la Iglesia necesitaba el consentimiento del poder civil para ejercer sus facultades sociales y jurídicas. En su desarrollo más amplio, el regalismo defendió que el Estado podía impedir actos eclesiásticos considerados perjudiciales para la sociedad civil e incluso exigir la intervención de la Iglesia en favor de los intereses estatales.¹

Conviene distinguir el regalismo del patronato regio. El patronato era un conjunto de derechos concedidos por la Santa Sede a los monarcas, entre ellos la presentación de candidatos para ciertos cargos eclesiásticos. El regalismo, en cambio, podía partir de esos derechos legítimos y extender la intervención regia más allá de los límites de las concesiones pontificias. En la América española, el patronato proporcionó una base jurídica para la actuación de la Corona, pero los monarcas y sus ministros llegaron en ocasiones a ejercer atribuciones que restringían la libertad propia de la Iglesia.^4,3

Patronato y presentación de cargos

El patronato regio otorgó a los reyes españoles un papel destacado en la organización eclesiástica de los territorios americanos. La Santa Sede reconoció extensos privilegios a la Corona, y el Concordato de 1753 confirmó el derecho de presentación regia a beneficios eclesiásticos en las Indias. La existencia de estas concesiones, sin embargo, no autorizaba cualquier intervención del monarca en la jurisdicción de la Iglesia.³

En la práctica, las autoridades regias influyeron en los nombramientos episcopales y en la provisión de cargos eclesiásticos. Durante los reinados de Carlos III y Carlos IV, el consentimiento de la Corona también entró en cuestiones relacionadas con la provisión de obispados.³

Retención de bulas y control de las comunicaciones

Entre las prácticas regalistas figuraba la retención de bulas pontificias, es decir, la demora o el impedimento de su circulación hasta obtener la aprobación del poder civil. Esta intervención se vinculaba al regium placet o exequátur, mecanismos mediante los cuales el Estado reclamaba la facultad de autorizar la publicación o ejecución de disposiciones eclesiásticas.^5,2

Las autoridades regias también obstaculizaron en ocasiones la comunicación directa entre los obispos americanos y Roma. Entre las medidas descritas para las Indias figuran las restricciones a las visitas episcopales ad limina y al envío de memoriales, así como la exclusión del nuncio de Madrid de ciertos asuntos eclesiásticos americanos.²

Jurisdicción y recursos económicos

El regalismo afectó a la jurisdicción eclesiástica y a la inmunidad del clero. En el siglo XVIII, las medidas de la Corona limitaron competencias de los tribunales eclesiásticos y alcanzaron materias como la jurisdicción sobre capellanes y la inmunidad personal de los clérigos. Carlos IV continuó y amplió algunas de esas medidas, incluidas las exacciones económicas sobre el estamento eclesiástico.³

También hubo intentos de intervenir en los bienes eclesiásticos. En 1804, durante el reinado de Carlos IV, la Corona impulsó en las Indias la venta de bienes de obras pías. La medida formó parte de un proceso de creciente intervención estatal en recursos vinculados a instituciones religiosas.⁴

Antecedentes europeos

El regalismo se relacionó con corrientes que defendían una mayor autonomía de las iglesias nacionales frente a la autoridad central de Roma. La enciclopedia católica de comienzos del siglo XX lo vinculó al galicanismo, corriente que sostuvo que el Estado podía condicionar el ejercicio de la autoridad eclesiástica.¹

Una prerrogativa distinta, aunque relacionada con la intervención de los reyes en los asuntos eclesiásticos, fue el droit de régale. En su sentido más concreto, designaba la apropiación regia de las rentas de una diócesis vacante y, en ciertos casos, la provisión de beneficios durante la vacante. El alcance y el fundamento de ese derecho variaron históricamente.⁶

En Francia, Luis XIV extendió en 1673 y 1675 la pretensión de ejercer la régale a todos los obispados del reino. La controversia enfrentó a la Corona con obispos que rechazaron la medida y dio lugar a intervenciones pontificias en defensa de los prelados.⁷

El regalismo español

En España, muchas prácticas regalistas no comenzaron con los Borbones. Parte de ellas nació en el siglo XVI, se consolidó durante el siglo siguiente y quedó recogida en la Recopilación de Indias de 1680. Por eso, la historiografía distingue un regalismo de los Austrias, anterior a la nueva etapa borbónica, y una continuidad de fondo entre ambas dinastías.²

En los territorios americanos, los defensores de la intervención regia recurrieron a la teoría del vicariato regio. Esta doctrina presentaba al monarca como vicario o delegado del papa en asuntos eclesiásticos de las Indias y servía para justificar una amplia intervención de la Corona. Los juristas contribuyeron a desarrollar estas ideas, que ayudaron a mantener y ampliar el regalismo durante los siglos XVII y XVIII.⁴

La base pontificia del patronato indiano fue extensa, pero las atribuciones concedidas no eliminaron toda distinción entre la autoridad civil y la eclesiástica. En la práctica, la Corona fue más allá de los derechos reconocidos y restringió la libertad legítima de actuación de la Iglesia en América. Los estudios históricos distinguen esos abusos de jurisdicción de los problemas dogmáticos o de una ruptura formal de la comunión con la Santa Sede.^3,4

Los Borbones y el siglo XVIII

El cambio de dinastía no inauguró el regalismo español, pero los reinados de Carlos III y Carlos IV intensificaron algunas de sus manifestaciones. Durante el de Carlos III, las autoridades promovieron visitas y reformas de conventos y convocatorias de concilios provinciales en América. Las medidas tuvieron resultados limitados y no lograron una transformación profunda de la vida de las comunidades religiosas.³

En este periodo también avanzó la secularización del Estado, entendida aquí como el proceso por el que el poder civil amplió su intervención en ámbitos antes regulados por la Iglesia. La tendencia continuó durante el reinado de Carlos IV, que profundizó ciertas restricciones jurisdiccionales y económicas.^2,3

El regalismo español no tuvo siempre los mismos motivos ni produjo idénticos efectos. El patronato facilitó la organización de la Iglesia en los territorios americanos y acompañó la expansión de la actividad misionera; al mismo tiempo, la concentración de decisiones en la Corona podía limitar la comunicación con Roma y la libertad de los obispos y de otras autoridades eclesiásticas.^4,2

La doctrina católica reconoce la legítima competencia del poder civil en los asuntos temporales y la autoridad propia de la Iglesia en su misión espiritual. El regalismo resulta problemático cuando convierte el ejercicio de la jurisdicción eclesiástica en una facultad dependiente de la autorización estatal. La crítica católica al exequátur sostuvo que, si las leyes eclesiásticas solo obligaran tras recibir la aprobación del Estado, la potestad legislativa de la Iglesia quedaría subordinada al poder civil.^5,1

La objeción no exige negar que puedan existir conflictos entre las autoridades civil y eclesiástica. Rechaza que una de ellas obtenga, por principio, el poder de bloquear el ejercicio ordinario de la otra. Desde esta perspectiva, las disputas deben resolverse mediante acuerdos y procedimientos adecuados, no mediante la absorción de la jurisdicción eclesiástica por el Estado.⁵

La valoración histórica del patronato y del regalismo exige atender a sus dos dimensiones. La cooperación entre la Corona y la Iglesia favoreció la implantación del catolicismo en América y Filipinas; a la vez, ciertas aplicaciones del sistema restringieron la legítima libertad eclesial. La existencia de frutos evangelizadores no convierte automáticamente en legítima toda intervención regia, del mismo modo que la crítica de los abusos no borra la complejidad de las circunstancias históricas.^4,2