La Iglesia entiende la participación política como una dimensión de la responsabilidad de los ciudadanos. En una democracia, el voto permite contribuir a la elección de representantes y a las decisiones que afectan a la vida común, aunque no agota las formas posibles de intervención pública. Los católicos pueden participar también en asociaciones, partidos, iniciativas sociales y otras actividades encaminadas al bien común.1
La vida de una democracia no podría ser productiva sin la participación activa, responsable y generosa de todos, aunque mediante una diversidad y complementariedad de formas, niveles, tareas y responsabilidades.1
Por eso, la participación electoral no debe entenderse como una acción indiferente a sus consecuencias. La Iglesia vincula el compromiso cívico con la responsabilidad por la dignidad de cada persona, la justicia, la solidaridad, la paz y la protección de quienes están en situación de vulnerabilidad. También considera legítimo que los ciudadanos -católicos o no- contribuyan, mediante el voto y otras formas de participación, a las decisiones que juzguen beneficiosas para el bien común.1
La doctrina católica no sustituye la legislación de cada Estado ni determina quién reúne los requisitos civiles para ejercer el sufragio. La actividad política corresponde al orden temporal, cuya autonomía legítima la Iglesia reconoce; a la vez, la Iglesia ofrece principios morales para orientar la participación de los fieles.1,2


