Rodrigo Jiménez de Rada vivió durante una etapa decisiva de la historia peninsular. La Iglesia latina impulsaba la consolidación de la reforma gregoriana, mientras los reinos cristianos intensificaban la lucha contra el poder almohade y ampliaban sus fronteras hacia el sur.
La reforma gregoriana había promovido la libertad de la Iglesia frente a las injerencias políticas, la disciplina del clero, la dignidad del ministerio episcopal y una relación más estrecha entre las Iglesias locales y la Santa Sede. En la Península, aquel movimiento tuvo consecuencias religiosas y políticas profundas: reforzó la autoridad pontificia, favoreció la reorganización eclesiástica de los territorios conquistados y estimuló la llegada de clérigos y corrientes reformadoras ultrapirenaicas.2
Toledo ocupaba una posición singular. La ciudad había sido reconquistada por Alfonso VI en 1085 y su sede episcopal inició entonces una etapa de crecimiento institucional, económico y cultural. El papa Urbano II confirmó en 1088 la dignidad primacial de Toledo sobre las Iglesias de España, aunque otras sedes continuaron disputando aquella precedencia.1
En este marco, Rodrigo recibió una archidiócesis con una tradición histórica excepcional y con amplias responsabilidades religiosas, políticas y territoriales.



