La persecución contra la Iglesia católica en México hundía sus raíces en la inestabilidad política y social posterior a la Revolución mexicana. La Constitución de 1917 incorporó disposiciones de carácter anticlerical que restringían gravemente la libertad religiosa y la actividad pública de la Iglesia. El Gobierno limitó la enseñanza católica, clausuró obras e instituciones e impuso controles sobre los sacerdotes y el culto.3,2
La situación empeoró el 31 de julio de 1926, cuando quedó suspendido el culto público en las iglesias del país y comenzó una persecución más intensa contra el clero. Muchos sacerdotes tuvieron que ocultarse, trasladarse continuamente o ejercer su ministerio de forma clandestina. Las autoridades encarcelaron y ejecutaron a numerosos presbíteros por continuar administrando los sacramentos y atendiendo pastoralmente a los fieles.3,2
La persecución provocó la organización de movimientos católicos de defensa de la libertad religiosa. Una parte de los fieles terminó incorporándose al movimiento cristero, que dio lugar a una guerra civil entre 1926 y 1929. La mayoría de los sacerdotes mártires canonizados por la Iglesia no participó en la lucha armada y continuó ejerciendo su ministerio pastoral en medio del peligro.1,2




