La figura de Guillermo también debe situarse en el conflicto más amplio entre la autoridad episcopal y la monarquía capeta. Durante los siglos XII y XIII, los reyes de Francia ampliaron su control sobre el territorio, las rentas y la administración. Los obispos, por su parte, defendían los derechos temporales de sus iglesias y la libertad de la autoridad eclesiástica frente a las injerencias regias y nobiliarias.
En la práctica, la frontera entre los asuntos espirituales y temporales resultaba difícil de mantener. Las diócesis poseían tierras, rentas, jurisdicciones y privilegios. La corona consideraba esos recursos parte del equilibrio político del reino; los obispos entendían que constituían bienes de la Iglesia, destinados al culto, al sostenimiento del clero y a la ayuda a los pobres.
Durante el episcopado de Guillermo, algunos poderosos usurparon derechos pertenecientes a la Iglesia de Bourges. El arzobispo los defendió con firmeza, incluso frente al rey. La oposición regia llegó a incluir amenazas de confiscación de los bienes episcopales, pero Guillermo no abandonó la defensa de los derechos de su sede.
Su actitud no equivalía a una rebelión política. Guillermo no buscaba sustituir la autoridad del monarca ni convertir la diócesis en un poder independiente. Su posición respondía a la convicción medieval de que el rey debía respetar la libertad de la Iglesia y que el obispo tenía el deber de proteger los bienes y derechos confiados a su administración.
Este episodio explica por qué los obispos reformadores podían entrar en conflicto con la monarquía capeta. La reforma eclesial no afectaba solo a la moral del clero o a la observancia religiosa; también cuestionaba apropiaciones de bienes, nombramientos impuestos, abusos jurisdiccionales y la subordinación de la Iglesia a intereses políticos.