El contexto inquisitorial de la Contrarreforma
La actividad de Juan de Ribera tuvo lugar en una sociedad en la que la unidad religiosa formaba parte del orden político. La Inquisición española vigilaba la ortodoxia doctrinal, perseguía la herejía y examinaba prácticas religiosas consideradas incompatibles con el catolicismo. La Reforma protestante, la conversión forzosa de musulmanes y judíos en generaciones anteriores, y la persistencia de prácticas religiosas clandestinas crearon un clima de sospecha y control confesional.
La mentalidad de Ribera debe interpretarse dentro de ese marco. Su defensa de la doctrina católica, su preocupación por la instrucción religiosa y su apoyo a la reforma del clero respondían a la lógica de la Contrarreforma. Juan XXIII describió su actitud juvenil ante las doctrinas luteranas con un lenguaje propio de la apologética católica de 1960, presentándolo como un defensor firme de las verdades religiosas frente a la agitación doctrinal de su tiempo.
¿Fue inquisidor?
Los datos biográficos conservados no presentan a Juan de Ribera como inquisidor general ni como miembro ordinario de un tribunal inquisitorial. Su responsabilidad principal fue episcopal y, más tarde, virreinal. Por tanto, conviene evitar la atribución imprecisa de un cargo formal de inquisidor.
Sin embargo, un obispo de la España de Felipe II y Felipe III participaba en la vigilancia de la ortodoxia y en la aplicación de políticas de uniformidad religiosa. Ribera ejerció esa responsabilidad mediante la predicación, la formación doctrinal, la disciplina eclesiástica y su intervención en la llamada cuestión morisca. En este sentido, puede hablarse de una labor de control confesional vinculada al clima inquisitorial, pero no de un cargo inquisitorial específico acreditado por los datos biográficos aquí considerados.
Los moriscos y la uniformidad religiosa
La relación de Ribera con los moriscos constituye el aspecto más controvertido de su trayectoria. La población morisca estaba formada por descendientes de musulmanes bautizados, en muchos casos como resultado de conversiones forzosas o de fuertes presiones sociales y políticas. Las autoridades cristianas dudaban de la sinceridad de esas conversiones y temían que las comunidades moriscas mantuvieran prácticas islámicas en el ámbito familiar y comunitario.
Ribera contemplaba la cuestión desde una perspectiva de defensa de la fe católica y de preservación del orden político. Las fuentes biográficas lo presentan profundamente alarmado por las actividades que atribuía a moriscos y judíos, y vinculan su posición a los consejeros que impulsaron el edicto de 1609, mediante el cual la Corona ordenó la expulsión de los moriscos de Valencia.
El análisis histórico exige evitar dos simplificaciones:
- La defensa hagiográfica sin matices, que convertiría cualquier decisión de Ribera en una expresión directa de santidad.
- La condena retrospectiva sin contexto, que ignoraría la mentalidad confesional, las categorías políticas y los temores sociales propios de la época.
La participación de Ribera en la política morisca no puede desligarse de su visión de la unidad religiosa. Para él, la conversión cristiana debía abarcar la doctrina, el culto y las costumbres. La persistencia de prácticas islámicas le parecía una amenaza tanto para la ortodoxia como para la estabilidad del reino. Esa perspectiva explica su apoyo a medidas coercitivas, pero no elimina las consecuencias humanas de la expulsión ni las responsabilidades políticas asociadas a ella.
La expulsión de 1609
Felipe III ordenó en 1609 la expulsión de los moriscos. La medida provocó la salida de una parte muy significativa de la población valenciana, con graves efectos demográficos, económicos y sociales. La tradición biográfica reconoce la intervención de Ribera entre los consejeros que tuvieron una responsabilidad principal en la preparación de aquella política.
La expulsión no fue una operación exclusivamente religiosa. También respondió a razones de seguridad, control político, conflictos sociales y reordenación económica. El arzobispo apoyó la medida desde su concepción de la unidad católica, pero el decreto perteneció al poder monárquico y formó parte de una decisión de Estado.
La proximidad temporal entre la expulsión y la muerte de Ribera contribuyó a vincular su memoria con aquella tragedia. Murió en Valencia el 6 de enero de 1611, después de una larga enfermedad, en el Colegio de Corpus Christi que había fundado.