La persecución anticristiana en Japón se intensificó a principios del siglo XVII bajo los shōgun Tokugawa, quienes veían en el cristianismo una amenaza a la unidad nacional y un pretexto para influencias extranjeras, especialmente españolas y portuguesas. Tras la crucifixión de los 26 mártires de Nagasaki en 1597 y la ejecución de otros 205 beatos entre 1617 y 1632, el edicto de 1633-1637 marcó un nuevo pico de violencia.1
En este contexto, misioneros dominicos de la Provincia del Santo Rosario, fundada en 1587, continuaron su labor evangelizadora en el archipiélago japonés. Procedentes de Filipinas, España, Francia, Italia y Japón mismo, estos religiosos y laicos fueron capturados y sometidos a torturas inhumanas para forzar su apostasía. Su martirio en la colina de Nishizaka, Nagasaki —lugar emblemático de ejecuciones previas—, simboliza la semilla de sangre que fructificó la Iglesia asiática.1,4

