La persecución de Valeriano
Valeriano gobernó el Imperio romano entre los años 253 y 260. En el año 257 promulgó una disposición que prohibía a los cristianos celebrar reuniones y acceder a los lugares subterráneos de enterramiento, al tiempo que ordenaba el destierro del clero. Al año siguiente endureció la política imperial: los obispos, presbíteros y diáconos debían recibir la pena capital; los cristianos pertenecientes a los órdenes senatorial y ecuestre podían perder sus bienes y afrontar también la muerte si se negaban a ofrecer sacrificios a los dioses romanos.1
La persecución alcanzó especialmente a los dirigentes de las comunidades cristianas. Roma perdió a su obispo, mientras Cartago perdió poco después a san Cipriano. Las medidas imperiales pretendían desarticular la organización eclesial privando a las comunidades de sus pastores y confiscando sus bienes.1
El pontificado de Sixto II
Sixto II ocupó la sede romana durante un periodo breve, en los años inmediatamente anteriores a su martirio. Cipriano de Cartago lo describió como un hombre «bueno y pacífico», expresión que presenta a Sixto como un pastor conciliador en una época marcada por controversias internas y por la presión de las autoridades imperiales.2
Durante su pontificado continuaron las cuestiones relacionadas con la readmisión de los cristianos que habían cedido ante la persecución y con la validez del bautismo administrado por herejes. La tradición histórica posterior atribuyó a Sixto una actitud moderada en la controversia bautismal, en continuidad con la política de conciliación que también adoptaron sus sucesores.2




