Sínodo de Pistoya (1786)

El regalismo de la Toscana

El sínodo tuvo lugar durante el gobierno de Pedro Leopoldo de Habsburgo-Lorena, gran duque de Toscana desde 1765 y futuro emperador Leopoldo II. Leopoldo siguió una política eclesiástica semejante a la de su hermano José II en Austria: el poder civil pretendía regular numerosos aspectos de la vida interna de la Iglesia, desde la administración de las diócesis hasta la liturgia y la disciplina del clero.^1,2

En 1785, el gran duque envió a los obispos toscanos cincuenta y siete cuestiones relativas a materias doctrinales, disciplinares y litúrgicas. Su propósito consistía en promover sínodos diocesanos periódicos y preparar una reforma general de la Iglesia en el territorio. Leopoldo presentaba esta política como una recuperación de los derechos propios de los obispos frente a lo que consideraba una excesiva intervención de la Curia romana.^1,2

De los dieciocho obispos toscanos, solo tres convocaron sínodos en respuesta a la iniciativa ducal. Scipione de’ Ricci fue el único que apoyó plenamente el programa reformista de Leopoldo.¹

Jansenismo, galicanismo y febronianismo

El ambiente intelectual del sínodo reunía varias corrientes críticas con la centralización romana:

• El jansenismo defendía una visión rigorista de la gracia y de la moral, además de una fuerte oposición a la teología jesuítica y a diversas prácticas devocionales.
• El galicanismo atribuía a los obispos y a los concilios una autonomía considerable frente al papa.
• El regalismo concedía al soberano amplias competencias sobre asuntos eclesiásticos.
• El febronianismo, inspirado en las ideas de Febronio, buscaba reducir la autoridad efectiva del papa y aumentar la independencia de las Iglesias locales.

Las resoluciones de Pistoya combinaron especialmente el galicanismo y el jansenismo, dentro de un marco político regalista.^3,4

Scipione de’ Ricci nació en 1714 en una familia noble. El 19 de junio de 1780 recibió el nombramiento como obispo de Pistoya y Prato, una de las diócesis más pobladas de Toscana. Al comienzo de su episcopado emprendió diversas reformas pastorales con el estímulo de Pío VI, pero su programa adquirió progresivamente un carácter más radical.¹

De’ Ricci criticó la devoción al Sagrado Corazón, redujo la importancia concedida a las reliquias y a las imágenes, cuestionó determinadas indulgencias y promovió cambios litúrgicos. También fundó una imprenta destinada a difundir escritos de orientación jansenista.¹

El obispo convocó el sínodo el 31 de julio de 1786. Para preparar sus trabajos invitó a teólogos y canonistas de fuera de su diócesis, conocidos por sus tendencias galicanas y jansenistas. Aunque invocó el apoyo previo de Pío VI a los sínodos diocesanos como instrumentos ordinarios de reforma, orientó la asamblea hacia un programa mucho más amplio de transformación eclesiástica.^1,5

La asamblea comenzó el 18 de septiembre de 1786 en la iglesia de San Leopoldo de Pistoya y concluyó el 28 de septiembre, después de siete sesiones. De’ Ricci ejerció la presidencia. A su derecha se situó Giuseppe Paribeni, comisario ducal y profesor de la Universidad de Pisa, mientras que Pietro Tamburini, profesor de la Universidad de Pavía y simpatizante del jansenismo, actuó como promotor.¹

En la primera sesión participaron 234 miembros; en la quinta asistieron 246. Entre ellos había 180 párrocos, 13 canónigos, 12 capellanes, 28 sacerdotes seculares y 13 religiosos. De’ Ricci incorporó también a varios participantes ajenos a la diócesis, escogidos por su afinidad con el proyecto reformista. Algunos sacerdotes de Pistoya no recibieron invitación, mientras que el clero de Prato, mayoritariamente crítico con el obispo, quedó prácticamente excluido.¹

Las discusiones fueron intensas. Los partidarios del regalismo llevaron sus tesis hasta formulaciones que provocaron la protesta de los defensores de la autoridad pontificia. El procedimiento y la composición de la asamblea contribuyeron a que sus decisiones no representaran de manera equilibrada al conjunto del clero diocesano.¹

Autoridad del papa y de los obispos

El sínodo defendió una concepción restringida del primado pontificio. Entre las proposiciones posteriormente condenadas figuraba la idea de que toda autoridad eclesiástica procedía directamente de la comunidad de los fieles y que los pastores ejercían su autoridad como ministros de esa comunidad.

También sostuvo que el papa era solo cabeza ministerial de la Iglesia y que los obispos no dependían de él para gobernar sus diócesis. El sínodo otorgaba también a los párrocos una participación decisoria semejante a la del obispo en los sínodos diocesanos.²

Estas formulaciones superaban una legítima defensa de la responsabilidad pastoral de los obispos. En la interpretación de Pío VI, comprometían la constitución jerárquica de la Iglesia y debilitaban la autoridad propia del sucesor de Pedro. La bula Auctorem fidei consideró que las decisiones del sínodo reunían doctrinas anteriormente difundidas en escritos jansenistas y galicanos, además de reavivar errores ya condenados.⁵

Disciplina eclesiástica

El sínodo propuso abolir los casos reservados, es decir, determinados pecados cuya absolución quedaba atribuida a una autoridad superior. También afirmó que la excomunión poseía solo efectos externos.²

Otra proposición atribuía al poder civil la facultad de establecer impedimentos matrimoniales y dispensar de ellos. Esta doctrina subordinaba una materia de competencia eclesiástica a la autoridad del soberano.²

El sínodo cuestionó igualmente el juramento de obediencia que los obispos prestaban al papa antes de su consagración y propuso una uniformidad general para las órdenes religiosas, con una misma regla y un mismo hábito.²

Devociones, imágenes y reliquias

Las resoluciones rechazaron la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, promovida particularmente por los jesuitas. También criticaron el culto a santos cuyas reliquias carecieran, a juicio de los reformadores, de suficiente fundamento histórico.⁶

El sínodo sostuvo que constituía superstición conceder mayor devoción a una imagen sagrada que a otra. También desaconsejó las procesiones con reliquias o imágenes de la Virgen María y de los santos.^6,2

La crítica a los abusos devocionales podía relacionarse con una preocupación pastoral legítima, pero el programa de Pistoya tendía a rechazar prácticas aprobadas por la Iglesia en lugar de corregir sus posibles excesos. La condena pontificia recayó principalmente sobre los principios teológicos que sustentaban esa actitud.

Reformas litúrgicas

El sínodo buscó una vuelta a lo que consideraba la liturgia de la Iglesia antigua. Entre sus propuestas figuraban:

• Introducir la lengua vernácula en la liturgia.
• Favorecer la participación activa de los fieles.
• Dar prioridad a la celebración eucarística dominical y parroquial.
• Proclamar las oraciones con voz clara y audible.
• Evitar la celebración simultánea de varias misas en un mismo lugar.
• Distribuir a los fieles la comunión consagrada en la misma misa.
• Limitar cada iglesia a un solo altar.
• Preparar a padres y padrinos para el bautismo.
• Preferir la celebración del bautismo durante la Vigilia Pascual.
• Establecer una preparación específica para el matrimonio.^6,2

Algunas de estas preocupaciones -como la participación de los fieles, la catequesis sacramental y la centralidad de la misa parroquial- reaparecerían en la renovación litúrgica contemporánea. Sin embargo, la semejanza de ciertas propuestas prácticas no elimina la diferencia doctrinal entre el sínodo de 1786 y la reforma litúrgica posterior. Pistoya vinculó sus reformas a una concepción problemática de la autoridad eclesial y a tesis jansenistas que la Iglesia juzgó erróneas.⁶

Pío VI ordenó examinar cuidadosamente las actas del sínodo. Primero confió el estudio a cuatro obispos y a teólogos del clero secular; después sometió el conjunto a una comisión de cardenales y obispos. Los examinadores concluyeron que el sínodo debía rechazarse en general y que varias proposiciones merecían censuras doctrinales graves.⁵

El papa publicó el 28 de agosto de 1794 la bula Auctorem fidei. El documento extrajo y condenó ochenta y cinco proposiciones procedentes de las actas de Pistoya. Las censuras variaban según cada caso: algunas proposiciones recibieron la calificación de heréticas; otras fueron juzgadas falsas, temerarias, escandalosas, cismáticas, injuriosas, erróneas o próximas a la herejía.^5,6,7

La bula no condenó toda preocupación por la reforma pastoral ni toda defensa de la autoridad episcopal. Pío VI rechazó la transformación de esas preocupaciones en una doctrina que redujera el primado pontificio, sometiera la Iglesia al poder civil o presentara como supersticiosas prácticas devocionales legítimas.

La cuestión del limbo

Entre las proposiciones condenadas figuraba la afirmación jansenista de que el limbo de los niños constituía una doctrina vinculada a la herejía pelagiana. Pío VI juzgó falsa e injuriosa esa acusación contra los teólogos que defendían el limbo. La condena no definió como dogma la existencia del limbo ni impuso una solución única sobre el destino de los niños muertos sin bautismo; rechazó la acusación de herejía dirigida contra quienes sostenían aquella opinión teológica.⁸

Leopoldo convocó en Florencia un sínodo de carácter nacional en 1787, pero la mayoría de los obispos toscanos no aceptó el programa con la misma disposición que De’ Ricci. El proyecto de reforma episcopal y regalista perdió así buena parte de su base eclesiástica.^2,4

Después de la publicación de Auctorem fidei, De’ Ricci acabó sometiéndose a la autoridad pontificia. En 1805, durante la estancia de Pío VII en Florencia, pidió personalmente perdón y buscó la reconciliación con la Iglesia. Murió en 1810 en el convento dominico de San Marcos, en Florencia.²

El Sínodo de Pistoya constituye uno de los episodios más significativos de la crisis eclesiástica del siglo XVIII. Su programa combinó una voluntad de reforma pastoral con doctrinas que la Iglesia consideró incompatibles con la constitución jerárquica y sacramental del catolicismo.

Su importancia histórica procede de tres factores principales:

1. La intervención del poder civil en la vida de la Iglesia, realizada por el gran duque de Toscana.
2. La convergencia de jansenismo, galicanismo y regalismo, que proporcionó el marco ideológico de las resoluciones.
3. La respuesta doctrinal de Pío VI, que mediante Auctorem fidei precisó los límites de la legítima autonomía episcopal y rechazó la reducción del primado romano a una función meramente honorífica o ministerial.

El sínodo no representó una simple reforma litúrgica adelantada a su tiempo. Aunque algunas de sus propuestas pastorales coincidían parcialmente con inquietudes que reaparecerían en épocas posteriores, su proyecto global pretendía alterar la relación entre el papa, los obispos, el clero parroquial y el poder civil. Por esta razón, la Iglesia consideró que sus decisiones no podían aceptarse como una reforma legítima, sino que exigían una condena doctrinal y disciplinar.