Solicitación (pecado)

La tradición canónica denomina sollicitatio ad turpia-en latín, «solicitación a actos deshonestos»- al intento de un sacerdote de inducir a un penitente a un pecado contra el sexto mandamiento, en relación con la confesión. El sacerdote no tiene que ser el confesor habitual ni contar con facultad para confesar: la descripción del delito se refiere al sacerdote y al vínculo de su conducta con el sacramento.¹

La solicitación puede dirigirse a que el penitente peque con el sacerdote, con otra persona o, según el análisis canónico, de otra manera contra ese mandamiento. El delito no requiere que la persona acepte la propuesta ni que llegue a cometer el pecado: basta la incitación comprendida en la definición canónica.^1,3

La solicitación puede realizarse mediante palabras, gestos, señales, tocamientos o escritos. La normativa histórica también incluyó las conversaciones o interacciones indecorosas con un penitente cuando concurría el vínculo exigido con la confesión.⁴

Ese vínculo comprende la conducta realizada durante la confesión, antes o inmediatamente después, o con ocasión o bajo pretexto de ella. La descripción histórica también contemplaba actos en el confesonario u otros lugares destinados o elegidos para oír confesiones, incluso cuando no llegaba a celebrarse una confesión sacramental, si el sacerdote fingía que la escuchaba.^4,5

Por tanto, no toda conducta sexual inmoral de un sacerdote constituye técnicamente solicitación: para aplicar esta categoría canónica debe existir la conexión requerida con la confesión. Otras conductas pueden constituir pecados o delitos distintos, pero no quedan definidas por esta figura solo por involucrar a un clérigo.^1,6

La solicitación es un pecado grave por la conducta contra la castidad y por el abuso de la confianza propia del sacramento. El análisis canónico la caracteriza como una profanación particularmente grave de la penitencia: el sacramento destinado al perdón y a la paz no puede convertirse en ocasión de daño para el penitente.¹

Además de su dimensión moral, la solicitación constituye un delito canónico. La legislación actual descrita en los estudios canónicos contempla penas que varían según la gravedad del delito y sus circunstancias: pueden incluir la suspensión, otras prohibiciones o privaciones y, en los casos más graves, la expulsión del estado clerical.²

La Iglesia distingue la protección del sacramento y de quien denuncia de la protección del acusado frente a una imputación falsa. La instrucción histórica de 1962 contemplaba medidas de confidencialidad y procedimientos para examinar la credibilidad de la denuncia y preservar la reputación del sacerdote mientras se investigaban los hechos. Esas disposiciones describen un marco histórico y no deben confundirse con una exposición completa del procedimiento vigente.^6,4

La Iglesia legisló específicamente contra la solicitación desde la época moderna. Entre los documentos históricos principales figuran la constitución Universi Gregis, de Gregorio XV, y la constitución Sacramentum Poenitentiae, de Benedicto XIV. Más tarde, la instrucción Crimen sollicitationis de 1922 actualizó normas procesales a la luz del Código de Derecho Canónico de 1917; la instrucción de 1962 reguló de nuevo el modo de tramitar estas causas.^5,6,4

La disciplina antigua incluía reglas y consecuencias vinculadas a su propio régimen jurídico, entre ellas la obligación de denunciar en determinados términos. Esas reglas históricas no deben trasladarse sin más al derecho actual. La existencia del delito y la importancia de proteger el sacramento perduran, pero sus procedimientos han cambiado con la legislación canónica posterior.^7,2

La instrucción de 1962 abordaba de forma específica las causas de solicitación y describía un procedimiento particular. La Congregación para la Doctrina de la Fe explicó que aquella instrucción respondía a las dificultades propias de investigar hechos relacionados con la confesión, especialmente la obligación de proteger el secreto sacramental. También aclaró que Crimen sollicitationis no constituía una política general sobre todas las conductas sexuales impropias del clero.⁶