Uniones civiles

La expresión unión civil designa, en sentido amplio, una relación de convivencia reconocida por la autoridad pública mediante derechos y deberes específicos. Según la legislación de cada país, ese reconocimiento puede abarcar cuestiones patrimoniales, sucesorias, fiscales, asistenciales o relativas a la representación jurídica.

La categoría puede referirse a realidades distintas:

• Convivencias de hecho, sin inscripción formal ante la autoridad pública.
• Parejas registradas, reconocidas mediante una inscripción civil.
• Uniones civiles equiparadas al matrimonio en gran parte de sus efectos jurídicos.
• Reconocimiento de uniones entre personas del mismo sexo, con distintos grados de equivalencia respecto del matrimonio.

La Santa Sede ha distinguido entre la mera tolerancia jurídica de una situación, su reconocimiento legal específico y su equiparación con el matrimonio. Estas tres respuestas políticas no poseen el mismo significado moral ni jurídico.¹

Naturaleza del matrimonio

La doctrina católica considera el matrimonio una institución natural y sagrada, constituida por la unión estable entre un hombre y una mujer. Su estructura contiene dos dimensiones inseparables: la comunión de vida y amor entre los esposos y la apertura a la generación y educación de los hijos.

La diferencia sexual pertenece a la estructura misma del matrimonio. La unión conyugal posee una complementariedad física, biológica y psicológica que permite la transmisión de la vida y fundamenta la familia. El Magisterio católico sostiene que únicamente la unión entre personas de distinto sexo puede realizar plenamente esa complementariedad.²

La familia fundada en el matrimonio constituye, para la doctrina social católica, la unidad primordial de la sociedad. Por ello, las leyes deben reconocer, promover y proteger el matrimonio como fundamento de la familia y como institución de interés público.³

Diferencia entre matrimonio y convivencia

La Iglesia distingue entre el matrimonio y las convivencias que carecen de vínculo matrimonial. La estabilidad afectiva, la convivencia prolongada o la existencia de responsabilidades económicas no transforman por sí mismas una relación en matrimonio.

El Pontificio Consejo para la Familia sostiene que la equiparación jurídica de las uniones de hecho con la familia fundada en el matrimonio perjudica la comprensión social del amor conyugal, caracterizado por la unidad estable y la apertura a la vida.⁴

Juicio doctrinal

La Iglesia católica enseña que no existe fundamento para considerar las uniones entre personas del mismo sexo similares o análogas al matrimonio. La razón principal reside en la ausencia de complementariedad sexual conyugal y en la imposibilidad objetiva de que esa unión sea fecunda mediante la transmisión de la vida conforme a la estructura de la persona humana.^5,2

La Congregación para la Doctrina de la Fe afirma que el respeto debido a las personas homosexuales no puede convertirse en aprobación de las relaciones homosexuales ni en reconocimiento jurídico de tales uniones. La Iglesia rechaza, al mismo tiempo, toda discriminación injusta contra las personas homosexuales.^5,3

Este planteamiento distingue tres realidades que no deben confundirse:

1. La dignidad inherente a toda persona.
2. La valoración moral de los actos y relaciones sexuales.
3. La definición jurídica del matrimonio y de la familia.

La doctrina católica exige respeto, compasión y sensibilidad hacia las personas homosexuales, así como el rechazo de cualquier discriminación injusta. También enseña que todos los cristianos están llamados a vivir la castidad.⁵

Rechazo de la equiparación matrimonial

La Iglesia considera contraria al bien común la equiparación jurídica de las uniones entre personas del mismo sexo con el matrimonio. Tal equiparación modificaría el concepto jurídico y social del matrimonio y oscurecería sus elementos esenciales: la diferencia sexual, la complementariedad y la apertura a la generación.²

La oposición católica no depende únicamente de la terminología empleada por la ley. Aunque una legislación utilice la expresión unión civil en lugar de matrimonio, la cuestión decisiva consiste en determinar si dicha figura recibe los mismos derechos, deberes y reconocimiento público que el matrimonio. Cuando la unión civil se coloca en el mismo plano jurídico que el matrimonio, la diferencia nominal no altera su significado sustancial.^3,2

Tolerancia jurídica

La tolerancia jurídica consiste en no penalizar o no perseguir una determinada convivencia, sin otorgarle necesariamente una institución jurídica propia. La Congregación para la Doctrina de la Fe distingue esta situación del reconocimiento legal y advierte que tolerar una realidad no equivale a aprobarla moralmente.¹

La tolerancia tampoco permite justificar la discriminación injusta. La conciencia cristiana debe rechazar simultáneamente la aprobación de conductas consideradas moralmente desordenadas y cualquier trato injusto hacia las personas.¹

Reconocimiento de derechos concretos

La convivencia entre dos personas puede plantear problemas jurídicos concretos: administración de bienes, asistencia en caso de enfermedad, sucesión, vivienda o representación. La defensa de la dignidad humana exige examinar cada cuestión con justicia y prudencia.

La doctrina católica no identifica automáticamente toda regulación patrimonial o administrativa con la aprobación moral de una relación. Sin embargo, el reconocimiento de derechos concretos no debe convertirse en una equiparación global con el matrimonio ni en la afirmación de que ambas realidades poseen la misma naturaleza. La distinción entre derechos particulares y estatuto matrimonial resulta, por tanto, fundamental.^1,6

Equiparación con el matrimonio

La equiparación aparece cuando la legislación atribuye a una unión civil el mismo significado público y los mismos efectos esenciales que al matrimonio. Puede incluir derechos relativos a la adopción, la filiación, la educación de los hijos, la herencia, la fiscalidad o la seguridad social.

El Magisterio considera especialmente problemática la atribución a las uniones entre personas del mismo sexo de un estatuto equivalente al matrimonio y a la familia. Según la doctrina social católica, esa medida contradice la obligación del Estado de proteger la institución matrimonial y transforma radicalmente su concepto jurídico.²

La cuestión de la adopción ocupa un lugar central en el debate sobre las uniones civiles. La Iglesia sostiene que la adopción debe orientarse ante todo al bien del menor y a su derecho a recibir una educación dentro de un marco familiar adecuado.

La Congregación para la Doctrina de la Fe identifica como una consecuencia relevante de determinadas propuestas legislativas la posibilidad de adoptar niños por parte de parejas del mismo sexo.⁷

La doctrina católica relaciona la familia con la unión matrimonial entre un hombre y una mujer porque esa estructura integra la diferencia sexual, la generación y la educación de los hijos. Por ello, rechaza que la adopción por parejas del mismo sexo se presente como un derecho equivalente al derecho del niño a una familia fundada en el matrimonio. Esta conclusión deriva de la comprensión católica del matrimonio y de la familia expuesta por el Magisterio.^7,2

Protección de la familia

La Iglesia pide a las autoridades civiles proteger el matrimonio y la familia, promover políticas familiares y evitar normas que debiliten la unidad, la estabilidad o la apertura a la vida propias de la institución matrimonial.^4,8

El Estado no crea el matrimonio mediante la ley. Desde la perspectiva católica, la ley debe reconocer una realidad humana anterior al poder político y protegerla por su importancia para los cónyuges, los hijos y la sociedad.

Rechazo de la discriminación injusta

La oposición a la equiparación de las uniones civiles con el matrimonio no autoriza el desprecio, la violencia ni la discriminación injusta contra las personas homosexuales. La Iglesia exige tratar a toda persona con respeto y dignidad, incluso cuando rechaza moralmente determinadas conductas o propuestas legislativas.⁵

La distinción jurídica entre matrimonio y otras formas de convivencia no constituye, por sí misma, una injusticia. La Iglesia sostiene que la justicia permite diferenciar realidades objetivamente distintas, especialmente cuando el matrimonio posee características que otras convivencias no pueden realizar.⁶

Responsabilidad de los legisladores católicos

La Congregación para la Doctrina de la Fe dirige sus orientaciones también a los políticos católicos. Su responsabilidad consiste en proteger la dignidad del matrimonio, la familia y el bien común, evitando tanto la aprobación de conductas consideradas contrarias a la moral como la discriminación injusta.⁷

Cuando una legislación concede a las uniones del mismo sexo un estatuto equivalente al matrimonio, el documento de 2003 pide una oposición clara y afirma que nadie debe cooperar formalmente en la promulgación o aplicación de leyes gravemente injustas. También reconoce, en este ámbito, el derecho a la objeción de conciencia.¹

La doctrina católica no reduce la cuestión a un debate legislativo. Las personas que viven en uniones civiles afrontan con frecuencia dificultades afectivas, familiares, económicas y sociales. La acción pastoral debe atender a esas circunstancias con cercanía, diálogo paciente y ayuda concreta, especialmente cuando existen hijos.⁹

La comprensión de las circunstancias personales no equivale a justificar toda conducta o situación. La pastoral católica pretende unir la verdad moral con la caridad, evitando tanto el rechazo de las personas como la confusión entre acogida y aprobación.⁹

La comunidad cristiana está llamada a ofrecer acompañamiento, formación de la conciencia y caminos de conversión. Ese acompañamiento debe respetar la libertad personal y presentar la enseñanza católica sin desprecio ni dureza innecesaria.

La posición católica sobre las uniones civiles puede resumirse en varios principios:

• Toda persona posee una dignidad inviolable y merece respeto.
• Debe rechazarse toda discriminación injusta, también contra las personas homosexuales.
• El matrimonio no equivale a cualquier convivencia, porque incluye la diferencia sexual, la complementariedad, la unidad estable y la apertura a la vida.
• Las uniones civiles no deben equipararse al matrimonio ni recibir una definición jurídica que oscurezca la naturaleza de este.
• La protección de derechos concretos exige prudencia, sin convertir cada regulación patrimonial o asistencial en reconocimiento de un matrimonio alternativo.
• La legislación debe proteger a la familia fundada en el matrimonio como unidad básica de la sociedad.
• La atención pastoral debe combinar verdad, caridad, cercanía y respeto.

Desde la perspectiva católica, la cuestión de las uniones civiles no puede resolverse únicamente mediante la igualdad formal entre situaciones distintas. El criterio decisivo consiste en proteger simultáneamente la dignidad de cada persona, la verdad del matrimonio, los derechos de los hijos y el bien común de la sociedad.