El Papa Pío X, con gran aflicción, expresa su dolor por la situación de la Iglesia en Francia y condena la Ley de Separación como un acontecimiento de la mayor gravedad, desastroso tanto para la sociedad como para la religión.
La Falsedad de la Separación de la Iglesia y el Estado
La encíclica afirma que la tesis de que el Estado debe separarse de la Iglesia es absolutamente falsa y un error perniciosísimo. Se basa en el principio de que el Estado no debe reconocer ningún culto religioso, lo cual es, en primer lugar, una gran injusticia hacia Dios. El Papa argumenta que Dios es el Creador del hombre y el Fundador de las sociedades humanas, por lo que le debemos no solo un culto privado, sino también un culto público y social.
Además, esta tesis niega el orden sobrenatural, ya que limita la acción del Estado a la prosperidad terrenal, descuidando el fin último del hombre, que es la felicidad eterna. La encíclica subraya que el orden actual de las cosas es temporal y subordinado al bienestar supremo del hombre, por lo que el poder civil debe ayudar a alcanzarlo, no obstaculizarlo.
El Papa Pío X también destaca que la separación altera el orden providencialmente establecido por Dios, que exige una armonía entre las dos sociedades (civil y religiosa). Ambas sociedades, aunque distintas en su esfera, ejercen autoridad sobre las mismas personas en muchos aspectos, lo que hace necesarias las relaciones mutuas. La eliminación de este acuerdo genera disputas y confusión.
Finalmente, la separación inflige un gran daño a la sociedad misma, que no puede prosperar sin dejar el debido lugar a la religión, la cual es la regla suprema y la soberana maestra en todas las cuestiones de derechos y deberes humanos,. Los Romanos Pontífices, incluyendo a León XIII, siempre habían refutado esta doctrina, insistiendo en una unión entre la Iglesia y el Estado comparable a la del cuerpo y el alma.
Violación del Concordato y los Derechos de la Iglesia
La encíclica critica la ruptura unilateral del Concordato de 1801 por parte del gobierno francés,. Este Concordato era un contrato bilateral que obligaba a ambas partes, la Santa Sede y el gobierno francés, a mantenerlo inviolable. La abrogación de este tratado sin el consentimiento de la otra parte fue una violación de los principios del derecho de gentes.
La ley también es condenada por su injusticia hacia la Iglesia en sus propiedades. El Papa Pío X explica que la provisión de ingresos para el clero y el culto público, establecida en el Concordato, no era una concesión gratuita, sino una restitución parcial por los bienes de la Iglesia confiscados durante la primera Revolución Francesa. A cambio, el Pontífice se había comprometido a no perturbar a los poseedores de esos bienes. Al suprimir el presupuesto de cultos, el Estado violó un compromiso diplomático y cometió una gran injusticia.
Restricciones a la Libertad de la Iglesia
Pío X denuncia que, a pesar de pretender otorgar libertad a la Iglesia, la Ley de Separación la somete a la dominación del poder civil a través de numerosas disposiciones excepcionales y restrictivas. La ley impide a los pastores ejercer plenamente su autoridad, atribuye al Consejo de Estado jurisdicción suprema sobre las asociaciones de culto, y restringe el ejercicio del culto público. También despoja a la Iglesia de la regulación interna de las iglesias para investir al Estado con esta función, obstaculiza la predicación de la fe y la moral católica, y establece un código penal severo para los clérigos.
La encíclica también lamenta que la ley haya privado a la Iglesia de las Órdenes Religiosas, consideradas valiosos auxiliares en la misión sagrada de enseñanza, educación y obras de caridad, y de los recursos humanos y materiales necesarios para su existencia.
Consecuencias para la Sociedad Francesa
El Papa Pío X advierte que la nueva ley será desastrosa para Francia, ya que destruye la unión y la concordia, elementos esenciales para la prosperidad y la duración de cualquier nación. En un momento en que la armonía era crucial en Europa, el gobierno francés había encendido pasiones religiosas ya peligrosamente excitadas, lo que podría sumir al país en el desorden.
La encíclica también critica la interferencia del Estado en la formación del clero, obligando a los estudiantes eclesiásticos a realizar estudios científicos y literarios en liceos públicos donde su fe estaría en peligro. Además, el Estado se arrogaba el derecho de nombrar profesores, aprobar libros de texto y regular los estudios sagrados. La ley incluso asignaba pensiones a clérigos suspendidos por la autoridad episcopal y otorgaba beneficios a sacerdotes que contraían matrimonio, lo que el Papa consideraba una medida para depravar la moral del clero y provocar su abandono de sus superiores.